La radiografía de los 137 presuntos casos de falsos positivos que llegaron a la JEP

La JEP recibió este viernes un amplio informe de casos de ejecuciones extrajudiciales que han pasado más de una década en la impunidad. Lo presentó la Asociación Minga, y en este hay detalles de 137 casos de falsos positivos ocurridos en Putumayo. La intención del documento, según la organización social que lo realizó, es que el ente de justicia transicional llame a su jurisdicción a los comandantes de las unidades militares involucrados en estos casos.

No es el primer informe que organizaciones civiles allegan a la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales. En lo que va del año, la jurisdicción ha recibido varios que describen la brutalidad de este penoso capítulo de la historia reciente en zonas muy afectadas por los crímenes de agentes del Estado, como los Llanos orientales, el Catatumbo y ahora el suroccidente del país.

Este informe presenta un análisis de circunstancias comunes en los casos de falsos positivos, que dan cuenta de cómo se extendió la práctica. Por ejemplo, en los informes militares, en donde mostraban a los muertos como bajas guerrilleras, reportaban que los supuestos delincuentes atacaban sorpresivamente a las unidades del Ejército, y que estas respondían al fuego y causaban las muertes. Pero en ninguno de los casos, pese a haber sido un asalto sorpresa, había soldados heridos o muertos.

Otro asunto sospechoso es que a los muertos supuestamente les incautaban armas cortas, cuando resulta bastante ilógico que un grupo de guerrilleros ataque con armas menores a escuadrones militares con fusiles. Así mismo, en la totalidad de los casos los levantamientos de los cadáveres no ocurrieron en el lugar de los hechos, y tampoco se recolectaron fotos del lugar. Por otro lado, las víctimas no tenían antecedentes penales y en la mayoría de casos, los soldados que participaron recibieron felicitaciones a sus hojas de vida.

El informe también da cuenta de la magnitud brutal de los falsos positivos en Putumayo. En los peores momentos, entre 2004 y 2007, las presuntas ejecuciones extrajudiciales llegaron a representar el 40 por ciento de las muerte violentas en el departamento. Lo que resulta alarmante si se tiene en cuenta la guerra que se libraba allí, con participación de paramilitares y guerrillas.

Otro dato revelador de la barbarie es que solo en uno de los trece municipios de Putumayo (Colón) no hubo reportes de falsos positivos, al menos de los recopilados por Minga a partir de archivos de organizaciones e instancias judiciales. Los más afectados fueron Puerto Asís (51 casos), Puerto Guzmán (46) y Mocoa (29).

Otro aporte importante de este documento es la lista de unidades militares que podrían tener más responsabilidades por estos actos. “El mayor número de ejecuciones extrajudiciales ocurrieron donde tenían jurisdicción las siguientes unidades militares: Batallón Plan Especial Energético y Vial nro. 11, Capitán Oscar Giraldo Restrepo, 51 ejecuciones extrajudiciales; Batallón de Infantería nro. 25, General Domingo Rico Díaz, 85 ejecuciones extrajudiciales”, dice el informe.

Por último, el informe recoge las historias de las víctimas de estos crímenes. Es el caso, por ejemplo, de Ramón García, un indígena del pueblo awá, de 22 años, que fue arrebatado a la fuerza de su casa por soldados. Él vivía en Puerto Asís con su esposa, su padre y su hijo, que tenía apenas nueve meses de nacido. Después de la detención, algunos pobladores dijeron haber visto que los militares lo amarraron.

Los exámenes periciales indicaron que la trayectoria de las balas en su cuerpo no correspondían con la escena del combate presentada por el Ejército. La Fiscalía, sobre este caso, dijo: “al analizarlo en conjunto con el resto de material probatorio nos indica que se trataba de un plan preconcebido para legalizar la muerte de una persona haciéndola aparecer como muerta en combate”.

Ahora la JEP tendrá que decidir si recibe o prioriza de alguna manera las investigaciones de casos de falsos positivos, como el de Ramón García, en Putumayo.