La “radiografía judicial” de los crímenes contra defensores y líderes sociales

Los crímenes contra defensores de Derechos Humanos y líderes sociales se convirtieron, según algunos sectores políticos, en la otra pandemia que tiene que afrontar el país y que deja como responsable justamente a las instituciones encargadas de la protección de estas personas y la investigación luego de ocurridos los hechos criminales. El fiscal Francisco Barbosa entregó un balance sobre el esclarecimiento de hechos que dejaron como víctimas a estas personas de especial protección. Según el jefe del ente acusador, se trata de cifras históricas en materia de respuesta a hechos criminales que afectaron la seguridad e incluso la vida de los líderes sociales.

“A través de la estrategia institucional de investigación y judicialización por graves afectaciones a defensores de derechos humanos, la Fiscalía General de la Nación registra una histórica tasa de avance en esclarecimiento de homicidios contra esta población de especial protección. Con importantes resultados en 277 casos, se alcanzó un índice del 66,59 %”, señaló el fiscal Francisco Barbosa.

Junto a la vicefiscal Marta Mancera, el fiscal general aseguró que fue gracias a la articulación de dos unidades en la Fiscalía que se alcanzaron estos importantes logros en materia de esclarecimiento de hechos criminales que dejaron como víctimas a los líderes y defensores de Derechos Humanos. “La Unidad Especial de Investigación y la delegada para la Seguridad Ciudadana desarrollan un trabajo diferencial en las calles y en los territorios con grupos itinerantes de fiscales e investigadores”.

Esa articulación –según Francisco Barbosa– permitió que en tan solo 14 meses la Fiscalía lograra aumentar hasta en 14 puntos el índice de esclarecimiento de estos crímenes que en febrero de 2020 apenas estaba en el 52 %. “De los 277 procesos referidos con avances investigativos, 70 tienen sentencia condenatoria, 111 están en juicio, 26 en investigación con imputación y 52 en indagación con orden de captura”, advirtió Barbosa.

En un censo de la misma Fiscalía, el 67,37 % de los homicidios perpetrados entre 2016-2020 y que fueron reivindicados por la Oficina de Naciones Unidas (ONU), ocurrieron en zona rural, y el 32,61 % restante en área urbana, este estudio le permitió al ente acusador evidenciar la necesidad de continuar con un “enfoque geográfico a partir del conocimiento probatorio y en contexto de los territorios para afrontar estos fenómenos delictivos”.

Adicionalmente, el estudio adelantado por la Fiscalía demostró que del total de víctimas y hechos criminales que fueron esclarecidos, 135 eran líderes comunales, 79 líderes comunitarios, 57 líderes indígenas, 35 campesinos, 11 líderes sindicalistas, 11 líderes de víctimas, 11 líderes juveniles, 10 líderes afrodescendientes, 8 líderes ambientales y 7 líderes de población LGBTI.

Las cifras presentadas por la Fiscalía revelan que los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo y Nariño son los que presentan mayor incidencia de crímenes contra defensores. “Por otra parte, en 9 seccionales de la Fiscalía General de la Nación, entre ellas La Guajira, Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Sucre, Santander, Boyacá y Quindío se ha logrado el 100 % de avance en esclarecimiento de los homicidios”, explicó el fiscal general.

En los informes que entrega la Fiscalía se detalla el grado de responsabilidad que tendrían las organizaciones criminales en los asesinatos y amenazas a líderes y defensores de Derechos Humanos. El estudio de casos refleja que el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional y Los Caparrós serían los principales responsables de estos crímenes.