Las sorpresas que trae la recusación de Andrade contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez

Horas antes de que la Fiscalía comience un nuevo proceso en contra del exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade, los abogados del exfuncionario activaron una recusación en contra del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, su vicefiscal María Paulina Riveros y el equipo de delegados que lo invesigan.

Como era previsible, luego de que hiciera carrera la designación de fiscal ad hoc para que investigue los casos relacionados con Odebrecht en donde la cúpula de la Fiscalía estuviera impedida, Andrade es el primero de los implicados en el escándalo que le pide en 34 páginas a la Corte Suprema de Justicia que la aparte del caso por falta de garantías de "imparcialidad, desinterés, mesura, serenidad y objetividad".

Desde Estados Unidos, Andrade soporta esta petición principalmente en la vinculación que tuvo Martínez con el Grupo Aval antes de ser fiscal. También, en las grabaciones del testigo Jorge Enr¡que Pizano y en diversos pronunciamientos públicos que ha hecho Martínez y que llevan al ex director de la ANI a plantear que hay enemistad grave en su contra.

"La actuación de Néstor Humberto Martínez, como Fiscal General de la Nación, entorpece el debido proceso y vicia las ejecutorias que tienen relación con los procesos aquí referidos, engendrado por los compromisos profesionales, corporativos y personales que cruzó previamente con los socios del Consorcio Ruta del Sol 2, particularmente la relación personal con los ejecutivos de Odebrecht y con Luis Carlos Sarmiento y las empresas filiales del Grupo Aval; Episol y Corficolombiana", argumenta Andrade en el recurso radicado hoy en el Palacio de Justicia. 

A través de su abogado defensor, Jesús Albeiro Yepes, Andrade enfiló toda su artillería jurídica para pedirle a la Corte Suprema de Justicia que le designe a un fiscal ad hoc. Casi que en el orden cronológico (no respecto a la ocurrencia de los hechos sino a como el país los conoció) la recusación recoge los momentos más polémicos que tendrían un impacto en las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre la corrupción de Odebrecht.

El primer argumento se basa en la elaboración del estudio jurídico que hizo Martínez, como abogado particular, el 7 de septiembre del 2012, para el presidente de Ruta del Sol SAS, Eder Paolo Ferracutti. El exdirector de la ANI considera que el hoy fiscal comprometió su criterio jurídico de cara a la posibilidad de adicionar los polémicos otrosíes para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. Este documento asegura que la adición no era necesaria ya que la actividad descrita podría entenderse como parte del objeto del contrato principal para la construcción del tramo dos de la Ruta del Sol.

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Al respecto Martínez ha asegurado que su concepto dice totalmente lo contrario a lo que leyó Andrade y el equipo jurídico de la ANI cuando procedió –basado en en ese consejo profesional, además de otros dos conceptos– a ampliar el alcance del proyecto original. Andrade dice el concepto de Martinez dice Sí, mientras que este insiste en que lo que dijo fue "No". Para definir ese punto de cara a un juez Andrade solicitó que el fiscal general sea testigo declarante en su juicio.    

El segundo gran argumento que plantea la recusación formulada por Andrade ante la Corte Suprema es el trámite que Martínez como abogado le dio al contrato de estabilidad jurídica, por el que se habrían pagado coimas superiores a los 4.000 millones de pesos, según lo aseguró el jefe del ente investigador en una entrevista. Dicho contrato le garantizaba a la compañía inversionista –es decir: Odebrecht y su socio minoritario Episol, de propiedad del Grupo Aval– ciertas condiciones normativas y tributarias que dieran seguridad a su inversión. "Lo singular es que se logra horas antes de que perdiera vigencia en Colombia esa posibilidad jurídica; precisamente se suscribió a las cinco de la tarde del 31 de diciembre de 20122", subrayó Andrade.

El exdirector de la ANI también cuestiona la suscripción que Martínez Neira como superministro de la Presidencia hizo del Conpes que declaraba la importancia estratégica que tenía la construcción del proyecto vial autopista Ruta del Sol tramo 2 y su adición del tramo Ocaña - Gamarra (el otrosí número 6 del 14 de marzo de 2014). "Trámite gubernamental respecto del cual no manifestó su impedimento, no obstante haber sido asesor jurídico del concesionario interesado en el contrato de estabilidad jurídica y de la adición para lo cual entregó su concepto", dice la recusación.

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En el orden cronológico aparece la grabación revelada por Noticias Uno, en donde el testigo Enrique Pizano (q.e.p.d.) sostiene una conversación con Martínez como abogado de Aval, informándole de las irregularidades que detectó en millonarios contratos pagados por el Consorcio Rutal del Sol. Los hallazgos de Pizano dejan en evidencia cómo el consorcio participaba en probables actos de corrupción, dado que se realizaban pagos multimillonarios sin objeto contractual, otros sobre objetos contractuales reiterados o repetidos, asentados en facturas alteradas y con destino a compañías sin aptitud para cumplir las supuestas tareas.

En destacado, Andrade cita apartes de la conversación en donde Martínez dimensiona la situación y asegura: "Jodido…Qué ha hecho…mire todos los delitos que se han cometido (…) Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por  apropiación”.

También califica como un "llamado para el silencio y un probable encubrimiento", la sugerencia que el entonces abogado Martínez le hace a Pizano de no escribir ni pedir vainas. "Cualquier cosa avise, ¿No? y entre los dos tranquilo que hay discreción", dice uno de los subrayados de la petición. 

La argumentación que Andrade presenta a la Corte Suprema continúa trayendo a colación el polémico contrato de transacción redactado por Martínez y que permitió dirimir las controversias entre los socios -Odebrecht y Episol-, por la existencia de contratos irregulares y sin soporte. El exdirector de la ANI cuestiona que Martínez haya participado en la elaboración de dicho contrato teniendo previo conocimiento de la existencia de delitos en los procedimientos del consorcio. Dicho contrato consiguió mutuas compensaciones contables, "obviando que fuera conocido por la justicia aquel contenido marginal al derecho", cuestiona Andrade.

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“Un entendimiento que no afecte el buen suceso de concesión… y asegure a futuro una gobernanza que prevenga controversias de esta naturaleza, precaviendo eventuales litigios”, dice un aparte del contrato de transacción que Andrade resalta. Para la defensa del exfuncionario, estos apartes dejan concluir que con ello consiguieron que ni jueces ni fiscales conocieran de la desviación corporativa sobre la cual hacian sus negocios los socios del Consorcio. 

A las quejas contra Martínez, se suman el hecho de que ha dicho públicamente que no estaba obligado a denunciar los delitos que conoció por Pizano, sin embargo, cuestionan que como pretendiente al cargo de Fiscal General y luego investido como tal, no tenía otra opción que hacer público el conficto de intereses y separarse de "todos y cada unos de los procesos y líneas de investigación" surgidas con ocasión del caso Odebrecht.

Un último argumento del exdirector de la ANI retoma el recordado debate de control político –aquel en el que salió el Petrovideo–, en el que Martínez señaló a Luis Alberto Moreno, Presidente del BID y primo de Andrade, y a la periodista María Jimena Duzán, como los artífices de un complot para “conspirar y enlodarlo”. En su intervención señaló a Andrade de construir una "trama de terror libreteada" e iniciar, con asesores pagados en los Estados Unidos el "proceso de depredación y persecución de la justicia colombiana". También señaló públicamente a la esposa de Andrade, la abogada Teresa Chevres, como protagonista en "los corrillos del Congreso de los Estados Unidos, con una actitud panfletaria, dañando la integridad del Fiscal General de la Nación…".

"Se hizo evidente que el doctor Martínez Neira, como Fiscal General, al referirse al doctor Andrade y a su esposa, contrajo su lenguaje a baldones (injurias) y sus modales a una despiadada intimidación; marcando lejanía con los propios de un funcionario judicial, cuya elegantia iuris, cuyo estándar de ética y estética se aprecian con la serenidad, mesura y templanza –al menos en los simulacros gestuales atribuidos a la imparcialidad". Subraya que el fiscal les atribuyó hechos y actuaciones en un contexto propio de un enemigo personal que ultraja, extrañando los roles de un operador judicial y haciendo suya la parcialidad, la disposición de ánimo con iniquidad y la intimidación que su poder desbordado anuncia. 

El abogado de Andrade retoma la decisión judicial en la que Corte Suprema de Justicia nombró a un fiscal ad hoc que asuma los casos de Odebrecht en los que exista impedimento del fiscal general. Además argumenta que aunque la norma establece que en esos casos la encargada será la Vicefiscal María Paulina Riveros, ella aseguró que prefiere ser relevada de estas investigaciones. 

"Irrumpe como evidente que la Vicefiscal, primero negó su impedimento, pero en posterior misiva se declaró cautiva de interés personal y sesgos de razonamiento que afectaban su imparcialidad y garantía procesal, con ocasión de las grabaciones reveladas", dice la recusación en referencia al testamento de audios que dejó Pizano, y que fueron revelados por Noticias Uno. Para el ex director de la ANI, resulta entendible que la vicefiscal, una persona muy cercana y de plena confianza del fiscal general, "se sienta incapaz de actuar sin sesgos, y por eso prefiera ser relevada de estas investigaciones". Andrade y su defensa estiman que su proceso debe quedar en manos de un fiscal ad hoc, tal como ocurrió con tres expedientes en los que la Corte Suprema aceptó el impedimento de la cúpula de la actual fiscalía.

Relevo de fiscales delegados

La diferencia del estudio que le plantea Andrade a la Corte Suprema de Justicia está en que el exdirector de la ANI pretende que sea relevado también el equipo de fiscales que lleva su caso. Para conseguirlo, le argumenta a los magistrados que el fiscal general tiene la capacidad de fijar los “privilegios funcionales” asignando y desplazando libremente a los servidores para asumir su delegación. "Esto revela una supremacía administrativa y funcional, pero además la prerrogativa de imponer su criterio y la posición que la institución asumirá en un caso concreto".

Además, dice que lejos de demostrar distanciamiento o que son "ruedas sueltas" en las investigaciones, Martínez se refiere a ellos como "mis fiscales" públicamente. Advierte que se puede inferir que los delegados fiscales en el caso Odebrecht están en plena consonancia con los criterios y la posición de su jefe, pues en "ningún momento se ha conocido la existencia de discrepancias o divergencias suyas en la perspectiva de la acusación". 

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"No conocemos, por lo menos públicamente, que estos Fiscales delegados se hayan conmovido con las vicisitudes de las grabaciones del señor Pizano Callejas y la forma sistemática con la cual el fiscal ha hecho malabares verbales para minimizar el asunto". Señala, incluso, que las censuras del fiscal general pueden ser extensibles a los fiscales que ahora en consonancia replican las acusaciones contra el doctor Luis Fernando Andrade. 

Así las cosas, Andrade asegura que los fiscales delegados, Amparo Cerón, Juan Alberto Delgado y Elena Zarabanda "han obrado con autonomía, pero para abrazar satisfechos los criterios y posiciones del Fiscal General respecto del caso Odebrecht".

El documento que le entrega Andrade a la corte promete marcar un nuevo capítulo dentro del futuro de las investigaciones de Odebrecht en Colombia, en específico, en lo que corresponde al papel de Néstor Humberto Martínez. Al menos dos razones asoman al respecto.  

Primero, porque Andrade demarca en su recurso cada uno de los acontecimientos en donde considera que Martínez no ha sido claro con el país y con la corte. Una discusión en este sentido dieron algunos magistrados de la Sala Penal al debatir, a puerta cerrada, la decisión que llevó a la designación del fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, en noviembre pasado. En esa discusión se llegó incluso a mencionar que Martínez le mintió a la corte. De modo que insistir expresamente en esos argumentos podría llevar a una discusión más profunda, y a un pronunciamiento oficial en este sentido.

Y segundo, porque la recusación impone a los magistrados el desafio de establecer si con el argumento natural de la sujeción a un superior, Andrade o cualquier otro implicado, puede conseguir el relevo del fiscal delegado que lleva por meses sacando el caso adelante. Hasta ahora la corte ha abierto dos posibilidades: al designar a Espinosa la corte impartió reglas como que deberá contar con la colaboración y apoyo del equipo de fiscales delegados y cuerpo técnico que ha venido trabajando en las diversas líneas de investigación que conforman el caso Odebrecht. Pero el fiscal ad hoc, según el mismo auto de la corte, también tiene la posibilidad de integrar un equipo propio e inédito.