La reducción de las tarifas del Soat no aumentó el número de asegurados y, en cambio, puso en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema: Contraloría

La Contraloría general reveló que, tal y como lo advirtieron desde el lado de las aseguradoras, el descuento en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, que se hizo el año pasado, no resolvió los problemas de siniestralidad ni de evasión y fraude y, en cambio, agudizó la crisis financiera.

De acuerdo con el órgano de control, la reducción del 50% del valor de la póliza Soat a los propietarios de vehículos ciclomotores; motos de 100 c.c. y de entre 100 y 200 c.c.; motocarro, tricimoto y cuatriciclo; autos de negocio; buses y busetas urbanos; y servicio público intermunicipal, produjo efectos negativos, pese a que el objetivo era aumentar el número de asegurados y contribuir a subsanar así el déficit por cuenta de la evasión.

“La aplicación de rangos diferenciales en las tarifas sí tuvieron la potencialidad de impactar de manera negativa los recursos destinados para la atención de víctimas de siniestros viales y la medida no tuvo la capacidad para promover la adquisición del Soat y, por lo tanto, reducir la evasión”, advierte la Contraloría.

“Al no lograr el aumento de asegurados con la póliza Soat y con la reducción de la tarifa, se vienen disminuyendo las contribuciones y transferencias de ley para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, así como los recursos que administra la Adres, del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -Fonsat- destinados al pago de siniestros ocasionados por vehículos no identificados o no asegurados y otros recursos de la contribución destinados para la cofinanciación del Régimen Subsidiado; monto que se estima supera los $300.000 millones, para 2023, con base en información suministrada por la Adres”, agregó la Contraloría.

Cabe recordar que la reducción en las tarifas del Soat condujo a que se hicieran ajustes a los montos establecidos para los pagos de la cobertura de los servicios de salud, prestados a las víctimas de siniestros viales, que va hasta los 300 SMDLV con cargo a las empresas aseguradoras y entre 300 y 800 SMDLV con cargo a la entidad administradora de los recursos de la salud -Adres, para las categorías de vehículos que hacen parte del rango diferencial por riesgo.

Lo anterior, según la Contraloría, “implica un esfuerzo fiscal con cargo al Presupuesto General de la Nación, que para la vigencia 2023, se proyecta en un déficit de $810.000 millones; de acuerdo con la información disponible en la Superintendencia Financiera de Colombia”.

El estudio sobre el impacto de la siniestralidad vial en el sistema de salud, adelantado por la Contraloría y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - Diari, también revela que la falta de coordinación entre las entidades responsables como el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Adres podría afectar la capacidad del sistema para cubrir los gastos en salud y la atención integral a las víctimas.

“Falta de claridad en los procedimientos y alistamiento institucional oportuno para implementar el Decreto 2497 de 2022, lo que ha ocasionado represamiento en los trámites de reclamaciones y pagos que, con corte a octubre de 2023, y según estimaciones, podrían sumar más de $650.000 millones, para alrededor de 58.000 reclamaciones, por concepto de los servicios prestados por las IPS, acrecentando las dificultades financieras de los prestadores”, dice la entidad.

La Contraloría también pone en evidencia que hubo falta de análisis de impacto que tendría la reducción de las tarifas, “de escenarios económicos que proyectaran el costo o ahorro de la implementación de la norma, que consideraran, entre otros, un comportamiento negativo por parte de los beneficiarios de la reducción tarifaria y la correspondiente disponibilidad presupuestal”.

Frente al incremento en la siniestralidad vial, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con corte a septiembre de 2023, se registraron 6.151 víctimas fatales, un 2,72% mayor frente al año anterior, y especialmente en el caso del usuario de motocicleta, en donde se aumentaron las víctimas fatales en 288 personas, con un 8,15% superior respecto al mismo periodo. Para la Contraloría, esta situación debe ser de la mayor relevancia, y ser priorizada en la agenda de las intervenciones en salud pública, así como fortalecer la política de prevención de la siniestralidad vial.