La reforma política perdió su esencia y revive los auxilios parlamentarios.

Colombia está acostumbrada a hablar de reformas políticas. Siempre que comienza un nuevo periodo presidencial, salta a la agenda la idea de hacer cambios a las normas que regulan el ejercicio del poder. En una concepción profundamente legalista, hasta los propios políticos asumen que si cambian las reglas de juego, cambiarán sus costumbres.

En consecuencia con esa idea, el gobierno de Iván Duque prometió sacar adelante una reforma política para hacerle contrapeso a la corrupción electoral. A diferencia de propuestas anteriores, que contemplaban cambios estructurales en el sistema, Duque decidió concentrarse en promover la autonomía del Consejo Nacional Electoral, la financiación totalmente estatal de las campañas, la paridad de género, las listas cerradas y una democratización interna de los partidos.

Ante esa propuesta, analistas y expertos consideraron que los cambios propuestos no eran estructurales, pero el gobierno se defendió con el argumento de que “menos es más”. “Si logramos sacar adelante la eliminación del voto preferente y la democratización interna de los partidos, así como controlar los topes a la financiación de las campañas políticas y lograr mayor participación de las mujeres en política, daremos un paso enorme”, dijo la ministra Nancy Patricia Gutiérrez a SEMANA en noviembre.

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Pero esa reforma mínima tampoco salió adelante. Primero se cayó la autonomía del CNE. Y si bien el Senado votó a favor de la lista cerrada y de la paridad de género, en la Cámara esos temas se enredaron. Además, en la conciliación que tuvo lugar en ambas instancias, tampoco pasaron. Al texto, al que aún le quedan cuatro debates, le colgaron arandelas que terminaron por convertirlo en una contrarreforma o, al menos, en una reforma inocua en términos de su objetivo de hacer más transparente la política.

De cara al quinto debate, ambas cámaras decidieron que la financiación de las campañas debe ser preponderantemente estatal (no completamente); que el Senado debe tener un componente regional; que los parlamentarios solo puedan estar, como máximo, tres periodos en una corporación; que los congresistas pueden ser ministros, y que el Congreso maneje el 20 por ciento del presupuesto nacional.

En últimas, se trata de una sumatoria de iniciativas desarticuladas, destinadas a darle contentillo a varios sectores a cambio de sus votos. La idea de un Senado regional, defendida por Roy Barreras, tenía sentido para convencer a los congresistas que tienen concentrados sus votos en determinadas regiones de que seguirían teniendo juego político, aun con la lista cerrada. Con la permanencia del voto preferente, la idea del Senado regional deja de tener sentido.

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Las posibilidades de que los congresistas puedan ser ministros y que los parlamentarios definan una quinta parte del presupuesto, tampoco tienen que ver con el propósito de depurar la política. De hecho, algunos han interpretado la segunda como una manera de revivir los auxilios parlamentarios. Ni siquiera Cambio Radical, que inicialmente tuvo encuentros con el uribismo para acordar un proyecto de reforma política, terminó apoyándola.

El consejero para la Política, Jaime Amín, confía en que en la reunión de partidos propuesta para finales de enero, surjan acuerdos para enriquecer la reforma.

Más allá de los contenidos que pasan al quinto debate de la reforma, su trámite evidenció varias realidades de la política. La primera, la poca sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si bien la política antimermelada del gobierno ha causado parte de estos desen-

cuentros, este no ha reemplazado la mermelada con un liderazgo adecuado. En el caso puntual de esta reforma, el presidente ha insistido en que acabar el voto preferente es crucial en la lucha anticorrupción que propone. Sin embargo, su gabinete no logró sacar esa idea adelante, y sin la obligatoriedad de las listas cerradas la reforma perderá su esencia. Si bien no es la única razón del deterioro de la política, desde que existe la opción del voto preferente han aumentado los costos de las campañas y, en consecuencia, los escándalos de políticos que favorecen contratistas. Finalmente, la dificultad del Congreso para autorreformarse y el débil liderazgo del gobierno también quedaron en evidencia con el hundimiento de la paridad en las listas entre hombres y mujeres.

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Así haya salido coja y sin alma, el gobierno presentó como un logro que la reforma política haya pasado a quinto debate. La ministra Gutiérrez y el consejero Jaime Amín dicen estar confiados en que puedan volver a incluir los temas clave del proyecto en el próximo semestre. Si eso ocurre, tendrán que sortear un profundo debate jurídico, pues no es claro que en la segunda vuelta por el Senado y la Cámara puedan revivir artículos que se hundieron en la primera. Si el gobierno lograra la difícil tarea de sacarla adelante, como la propuso inicialmente, la Corte Constitucional tendría la última palabra.