La reiterada silla vacía de Miguel Maza Márquez dejó otra vez plantadas a las víctimas en la JEP

La falta del compromiso con las víctimas del exdirector del DAS, el general (r) Miguel Maza Márquez, sigue haciéndose evidente. Nuevamente, por quinta vez, las dejó esperando escuchar su verdad ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el marco de lo que el tribunal ha denominado como el macrocaso 06 de victimización de miembros de la Unión Patriótica. En esta ocasión fue mediante una acción de tutela que Maza Márquez eludió la responsabilidad de ir ante la JEP.

La tutela radicada por Maza Márquez obligó al magistrado Gustavo Salazar, quien ya había advertido al exdirector del DAS de la posibilidad de abrir un incidente de incumplimiento por sus reiteradas inasistencias con excusas de último momento, a aplazar la diligencia.

Lo que llama la atención de esta acción de tutela es que fue justamente en contra de la medida que había tomado el magistrado Salazar el martes, cuando, nuevamente, Miguel Maza había fallado a una cita ante la JEP con la excusa de que tenía compromisos ineludibles. El magistrado Salazar, visiblemente molesto, pidió el traslado obligatorio por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Policía Nacional y a la Escuela de Posgrados de la Policía (ESPOL), lugar donde se encuentra recluido para que se llevará a cabo la diligencia.

La tutela de Maza Márquez es contra esa decisión que venía con una clara advertencia de apertura de un incidente de incumplimiento. No obstante, nuevamente la diligencia deberá ser reprogramada.

Señala la decisión de aplazamiento que “en atención a lo ordenado en el numeral quinto de la parte resolutiva del auto de 24 de noviembre de 2021, proferido por el despacho de la magistrada Claudia López Díaz, de la Subsección Quinta de Tutelas de la Sección de Revisión el Tribunal para la Paz, en el que avocó conocimiento de la acción de tutela presentada por el señor Miguel Alfredo Maza Márquez contra el auto AT 103 de 22 de noviembre del año en curso, mediante el cual se ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Policía Nacional y a la Escuela de Posgrados de la Policía (ESPOL) , lugar donde se encuentra recluido el señor Maza Márquez, realizar todas las acciones necesarias para garantizar su traslado a las instalaciones de la JEP, para llevar a cabo la diligencia judicial mencionada”.

Ya el martes el exdirector del DAS había dejado la silla vacía en la JEP. La molestia del magistrado Salazar fue evidente y reclamó que fuera trasladado ante la JEP. El intento fue infructuoso y horas después el mismo magistrado tuvo que narrarles a las víctimas que efectivamente el Inpec fue enviado a la Escuela de Posgrados de la Policía (Espol), donde las autoridades, pese al aviso previo de la JEP, no los dejaron ingresar y el exdirector del DAS tampoco puso la cara.

Posteriormente se comunicaron con la abogada de Maza Márquez, Victoria Grillo, quien dijo que no iría a la cita de hoy (23 de noviembre) ni a la del jueves. Les pidió entonces a los miembros de la guardia del Inpec que esperaran un oficio con las explicaciones. De este modo, escurrió la responsabilidad que tiene con las víctimas.

En ese momento el magistrado Salazar señaló que “el general retirado Miguel Maza adquirió de manera libre, consciente y voluntaria obligaciones al firmar el acta de compromiso de comparecencia. La suscripción de tal compromiso de comparecencia ante la JEP activa un régimen de condicionalidad que se extiende tanto al acceso como al mantenimiento de todos los elementos del régimen penal especial, de modo que las contribuciones a la verdad, reparación integral a las víctimas y garantías de no repetición son necesarias para tener un tratamiento penal diferencial y para permanecer en el sistema”.

Pese a esa advertencia y reclamo, el general presentó la tutela que obligó al quinto aplazamiento de la asistencia de Maza ante las víctimas del exterminio de la JEP. ¿Habrá medidas de fondo?