VÍCTIMAS
La reparación colectiva para la etnia indígena más grande de Colombia
Las víctimas wayúu de las AUC en La Guajira fueron objeto de este reconocimiento, tras padecer actos atroces como la masacre de Bahía Portete.
21 de agosto de 2018
A principios de esta década, la Alta Guajira fue escenario de terribles crímenes entre masacres, asesinatos, torturas y desapariciones, la gran mayoría en cabeza del Frente Contrainsurgencia Wayúu, parte del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que estaba comandado por el extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido también como ‘Jorge 40’.
Por ello, en un hecho sin precedentes, la Unidad de Víctimas entregó el 27 de julio una resolución de reparación colectiva a esta etnia indígena -la más numerosa del país- en un acto dentro del territorio donde ocurrieron los hechos que enlutaron al territorio ancestral de los clanes Pausayu (de Isijou), Ipuana (de Puerto Estrella), Epieyu (de Santa Ana), y Uriana (de Tawaira).
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Con este sencillo evento, muy a la usanza wayuu de dar valor más a la palabra que en lo escrito y con la presencia de los tradicionales palabreros, en su papel de mediadores, el Estado asume la responsabilidad sobre estos hechos, que jamás deben volver a repetirse, y adquiere la obligación de repararlos integralmente en los componentes social, político y económico.
También da luz a históricos reclamos de esta comunidad, que representa la mitad de la población guajira, para que puedan asumir cargos institucionales que tengan que ver con las políticas que les conciernen.
El Frente Contrainsurgencia Wayúu no era más que una fachada de los paramilitares para hacerse con las facilidades del territorio guajiro para transportar, por vía aérea y marítima, enormes cargamentos de droga al exterior. Terminaron por asediar precisamente a esa comunidad, que no descansó con su supuesta desmovilización en 2006. Por el contrario, continuó delinquiendo y llegó a ser responsable de un tercio de la cocaína producida en Colombia.
Aquí es clave Arnulfo Sánchez, llamado también ‘Pablo’, quien asumió desde 2002 la jefatura de la estructura que operó con cerca de 400 hombres en pleno desierto wayúu y que fue responsable de crímenes como la masacre de Bahía Portete, cometida entre el 18 y el 20 de abril del 2004, ademas de apoderarse del presupuesto de los municipios en su radio de acción, entre ellos Uribia -el más grande del Caribe colombiano-.
La masacre
Este terrible crimen, muy particular, fue perpetrado por al menos 40 hombres de las AUC contra la institución mas sagrada para los wayúu: sus mujeres. Sus normativas indican que a ellas no se les toca, no van a la guerra, no se violan y no se les expulsa de la tierra.
Los hombres armados llegaron temprano en la mañana de ese domingo buscando a los hombres de familias como las Fince Uriana, Fince Epinayú, Cuadrado Fince y Ballesteros Epinayú, según un documento del Grupo de Memoria Histórica.
Al no encontrarlos, pues la mayoría estaban en actividades de pesca y pastoreo, la emprendieron contra mujeres y niños, a quienes aterrorizaron. Fueron torturados y asesinados en esos días Margoth Fince Epinayú, a Rosa Cecilia Fince Uriana y al joven Rubén Epinayu, Diana Fince Uriana, la menor Reina Fince Pushaina y una persona sin identificar de quien solo se halló su brazo calcinado. En total fueron 12 las víctimas mortales y 30 las desaparecidas.
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“Los paramilitares cortaron las cabezas de las matronas wayúu, sin importar su edad y el respeto que tenían en su comunidad, y las clavaron en estacas a las puertas de los ranchos”, señala el portal Verdad Abierta.
El otro drama fue el desplazamiento, que la Fiscalía estableció en 350 personas, mientras que la Defensoría del Pueblo identificó 888, que su gran mayoría huyeron hacia Venezuela, mientras que otros llegaron a los cascos urbanos de Uribia y Maicao.
“La masacre de Bahía Portete, constituyó un evento límite de la violencia y agresión contra el pueblo wayúu, que ocasionó, por primera vez en la historia de este pueblo guerrero, que ha resistido desde tiempos coloniales la ocupación de su territorio, el destierro masivo de toda la comunidad”, señala el Grupo de Memoria Histórica.
Connivencia
En otro capitulo, que da muestra de la connivencia entre las AUC y las autoridades locales en la Alta Guajira, tiene que ver con el homicidio de Manuel Afanador, ultimado de múltiples disparos en la terraza de su casa, el 8 de agosto de 2004 en horas de la noche, al ser confundido con su hermano, el entonces cabildante y exaspirante a la Alcaldía de Uribia Enrique Afanador, ambos pertenecientes al clan wayúu Pausayu.
“El asesinato ocurrido en Uribia y las constantes amenazas y hostigamientos contra familias wayuú de Uribia se explican por la pretensión de los paramilitares de amedrentar y silenciar a los líderes wayúu que se han atrevido a denunciar las atrocidades que vienen cometiendo contra la etnia en la Media y Alta Guajira”, documentó la revista Noche y niebla, del Cinep.
En contexto: El vasto universo de la reparación colectiva
Señala el portal Verdad Abierta que el hecho fue confesado por el exparamilitar Carlos Guerra Jiménez, quien en su versión libre señaló como responsable del homicidio de Afanador al alcalde de ese entonces, Marcelino de Jesús Gómez, quien ejerció el cargo entre 2004 y 2008. Otros funcionarios de la época fueron señalados, pero ninguno ha sido detenido por el crimen.
Estos hechos (tanto la masacre como la trama para asesinar a Afanador) han sido confesados también por ‘Pablo’ en audiencias que ha rendido luego de su captura en Bogotá el 13 noviembre de 2010 y desde Estados Unidos, a donde fue extraditado por cargos relacionados con narcotráfico en 2012.
El exconcejal Afanador señala que aún esta bajo amenazas y ha sido objeto de atentados. El último, fue un intento de secuestro ocurrido en su casa de Puerto Colombia (Atlántico) en junio del 2016 donde habrían participado supuestos miembros de la Policía y de la Fiscalía. Pese a que habrían sido identificados, tampoco hay detenidos.
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