La respuesta de los habitantes de Bocas de Manso, en Tierralta, sobre supuesto vínculo con el Clan del Golfo

Los habitantes de la vereda Bocas del Manso, en el municipio de Tierralta (Córdoba), emitieron un comunicado en el que niegan que ellos hicieran parte de un montaje para hacer creer que militares del Ejército Nacional, disfrazados de disidentes de las Farc, los intimidaron.

“Vemos con preocupación la estigmatización y revictimización que reciben las comunidades campesinas e indígenas del alto Sinú, las cuales fueron víctimas de la infracción del derecho internacional humanitario por parte del Ejército Nacional, el 11 de septiembre 2023, en la vereda Bocas del Manso y que hoy se encuentran en desplazamiento masivo en el parque Santiago Canabal municipio de Tierralta”, dicen en el corto comunicado.

Inicialmente, altos mandos del Ejército aseguraron que quienes intimidaron con armas de fuego a los habitantes de Bocas del Manso habían sido militares, quienes fueron aparrados del cargo. Sin embargo, semanas después, SEMANA conoció varios audios en los que se refleja la forma en que los habitantes de la zona se estarían poniendo de acuerdo para realizar un montaje.

Un líder de la zona, quien está siendo identificado, da instrucciones precisas a un grupo de pobladores para unificar versiones, atacar al Ejército Nacional y denigrar las acciones que estaban realizando en la zona. El objetivo era exagerar lo ocurrido para acusar a los militares de amedrentar a la comunidad y abusar de la fuerza.

“El 11 de septiembre en la vereda Bocas del Manso hubo unas infracciones al Derecho Internacional Humanitario donde un grupo del Ejército Nacional se disfrazó de un grupo armado ilegal. Mejor, se presentó siendo el quinto frente de las Farc, en este caso hablaríamos de la disidencia, donde sabíamos que eran hombres del Ejército, ¿verdad?”, aclaró. “¿La tenemos clara?”, se escucha a uno de los líderes comunitarios.

Estos audios, según pudo establecer SEMANA, ya son analizados por inteligencia militar y las comisiones de la Fiscalía y la Procuraduría General.

¿Qué pasó el 11 de septiembre?

El pasado 11 de septiembre el país fue testigo de una escena terrorífica que vivieron en la comunidad de la vereda Bocas del Manso, luego de que 10 personas fuertemente armadas y vestidas de camuflado intimidaron a los habitantes, entre ellos mujeres embarazadas y con niños en brazos.

La situación fue denunciada por la misma comunidad a través de videos en los que discuten con los armados. Las autoridades nacionales inmediatamente comenzaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Las investigaciones determinaron que se trataba de un grupo de soldados. Ante ellos, la Procuraduría profundizó en las indagaciones y recopiló los conmovedores testimonios de las familias afectadas por el incidente. Como resultado, el Ejército decidió retirar del servicio a 18 militares involucrados en el incidente. Entre los uniformados retirados, se encuentran tres coroneles que ocupaban cargos de mando y que serán sometidos a una calificación de servicios.

La Procuraduría también tomó medidas por los gravísimos hechos que habrían protagonizado militares en Tierralta. El ente de control abrió investigación disciplinaria y suspendió de manera provisional a un Teniente, un Sargento Viceprimero, un Cabo Segundo y ocho soldados profesionales, pertenecientes al Batallón No. 33 “Junín” del Ejército, por su presunta responsabilidad en los hechos.

Según señalaron desde el ente de control, “con las pruebas recaudadas en el sitio, la comisión especial enviada por la Procuradora Margarita Cabello Blanco, que fue atacada a bala cuando intentaba llegar al lugar en helicóptero, logró establecer puntualmente la identidad de los militares que habrían incurrido en estas graves violaciones del derecho internacional humanitario al amenazar, intimidar y maltratar a la población civil (campesinos e indígenas de la etnia Emberá), de manera física y verbal, incluso en presencia de niños, niñas, adolescentes y una madre con su bebé en brazos, sin identificarse como pertenecientes a la institución y sin utilizar el uniforme reglamentario”.