La respuesta de Marta Lucía Ramírez a los señalamientos de Aida Merlano contra Duque

La vicepresidenta de República, Marta Lucía Ramírez, salió en defensa del presidente Iván Duque ante los señalamientos que hizo ante las autoridades judiciales de Venezuela la excongresista Aida Merlano, quien acusó al mandatario de querer asesinarla. Ramírez, por medio de su cuenta oficial de Twitter, rodeó al mandatario y afirmó que jamás estaría involucrado en la comisión de delitos.

La vicepresidenta le pidió a Merlano que presente las pruebas para sustentar las denuncias que lanzó en contra de la clase política del país. “Los que conocen a @IvanDuque saben que jamás estaría involucrado en delitos. Los que la conocen a ella, saben que esas acusaciones son propias de quien ha sido capaz de muchas cosas para lograr sus ambiciones. Si tiene pruebas contra clase política ojalá las presente a justicia”, dice el trino de Ramírez.

Merlano, en las explosivas declaraciones que fueron reveladas por Semana, afirmó: “soy perseguida por el presidente de mi país, Iván Duque, con la intención de asesinarme luego de la fuga”. No fue la única integrante del Gobierno en reaccionar. "El Gobierno de Colombia rechaza las acusaciones hechas por la señora Aida Merlano, prófuga de la justicia colombiana, en contra del presidente de la república Iván Duque. Estas declaraciones carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro que buscan atacar la honra del presidente de la República de Colombia e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas", dijo la ministra de Justicia, Margarita Cabello.

Merlano protagonizó una cinematográfica fuga en el norte de Bogotá en octubre de 2019, cuando utilizó una soga para salir de un consultorio odontológico y huir de la custodia del Inpec en una moto que llegó al lugar de los hechos. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia condenó a la exsenadora barranquillera a 15 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas, ligados a una red de compra de votos en las elecciones legislativas, en marzo de 2018.