La SAE se abstiene de ceder la participación accionaria que tiene en Triple A hasta tanto se pronuncie la Contraloría

Daniel Rojas, Presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, fue enfático en afirmar que por ahora y hasta que no se pronuncie la Contraloría General de la Nación, esa entidad no cederá la participación accionaria que tiene en la empresa Triple A de Barranquilla.

“Le informamos a la opinión pública que nuestra decisión es la de abstenernos de ceder la participación accionaria hasta tanto no haya una declaración en firme de los órganos de control”, sostuvo Rojas.

Ese organismo de control es la Contraloría General de la Nación que citó a los funcionarios de la SAE a una reunión el próximo 14 de enero para definir el futuro de la Triple A.

Daniel Rojas expresó que es su deber como servidor público evitar que se perfeccione un presunto dolo al patrimonio del FRISCO que es el fondo que administra la SAE .

Por su parte el Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, reveló que la SAE le pidió hacer una valoración de la Triple A y que allí encontró unas presuntas vulneraciones al ordenamiento jurídico.

“Hemos visto que este proceso se hizo utilizando el mecanismo de la venta temprana cuando la ley establece este mecanismo como un mecanismo excepcional y por eso consideramos que puede encerrar un desconocimiento del principio de transparencia”, señalo Quiroga.

El Superservicios dijo que no fue transparente el negocio que se hizo con la Triple A y que por eso le recomendó a las SAE suspender o abstenerse de vender sus acciones en la empresa.

Dagoberto Quiroga enfatizó que con esta decisión adoptada el día de hoy la prestación del servicio que presta la Triple A en la capital del Atlántico no tendrá ninguna afectación.

La composición accionaria con la que se mantiene la empresa continúa con su operación y el servicio debe seguir presentándose sin ninguna alteración , dijo Daniel Rojas.

Rojas recordó que la Sociedad de Activos Especiales administra en la Triple A un 82.16 % de las acciones y que ese paquete accionario está valorado en 1.9 billones de pesos.

Otro de los puntos controversiales está en la valoración de la empresa pues la firma Deloitte fue de 800 mil millones de pesos y la que hizo la Superservicios fue de 2.4 billones de pesos.

“Osea que hay un presunto detrimento cercano a los 1.4 billones de pesos que deja de percibir el estado”, afirmó Rojas.

El próximo 14 de enero se realizará una mesa con la Contraloría para estudiar el tema y tomar decisiones.

Hace pocos días la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República alertó sobre posibles irregularidades en la venta de acciones de la Triple A, en Barranquilla, encargada del suministro del servicio de agua, acueducto y alcantarillado de la capital del Atlántico y el departamento en general.

Según Andrés Idárraga, Barranquilla perdió una gran cantidad de dinero con la venta del 82.16 % las acciones de la empresa, avaluadas en $565 mil millones de pesos, cuando paso a ser nuevamente en mayor porcentaje del distrito, en el mes de diciembre del año 2021 mientras aún fungía como presidente Iván Duque.

De acuerdo con las declaraciones de Idárraga, la ciudad perdió por lo menos 400.000 millones de pesos, puesto que en la ficha de enajenación se calculó más de 800.000 millones de pesos.

n el momento que se hizo la negociación con presencia del entonces mandatario en la ciudad de Barranquilla, el distrito pasó de tener el 14.5 % de la empresa a ser el accionista mayoritario con el 65 %, y se mantuvo, adicionalmente, el 30 % de regalías sobre el flujo de caja libre.

Lo anterior para el secretario hace parte de una irregularidad pues “ese contrato no debió haberse vendido de manera directa porque eso establece una presunta ilegalidad”.

Adicionalmente, el secretario mencionó que, hubo omisiones en el comité técnico y que a través de “un mico” en la modificación del código de extinción de dominio, se legalizó que un tercero privado se involucrara en la negociación, por lo que pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía hacer una investigación por “un posible peculado por apropiación a favor de terceros”.