La salida de Néstor Humberto Martínez

Néstor Humberto Martínez buscó la Fiscalía como la culminación de una gran carrera de jurista y como una posible plataforma para buscar la Presidencia de la República. La apuesta era lógica. Él era un peso pesado que había tenido una brillante trayectoria tanto en el sector público como en el privado. En el Estado había sido el hombre clave de prácticamente todos los presidentes desde hace un cuarto de siglo. Y en el ámbito privado, el abogado de casi todos los poderosos. Fue superintendente, ministro, embajador, superministro y fiscal. Ese palmarés, combinado con su actividad como uno de los abogados más destacados del país, le daba un conocimiento poco usual del Estado. La única distinción que le faltaba era ser el fiscal e inquilino de la Casa de Nariño.

Mirando hacia atrás, su estrategia tenía sentido. Martínez era consciente de que una vez superado el debate entre la guerra y la paz, la prioridad para los colombianos iba a ser la lucha contra la corrupción. ¿Y qué mejor tribuna para posicionarse como el gran gladiador contra ese flagelo que la Fiscalía General de la Nación? Ese cargo es el segundo más poderoso en Colombia. Tiene pantalla, presupuesto y, sobre todo, la capacidad de mostrar resultados para convertir a quien lo dirige en el adalid contra los corruptos.

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El fiscal persigue y acusa a los malos, y hay tantos en el país que eso debería dar más votos que ser representante, senador, alcalde o gobernador. Al posicionarse como el bueno, las circunstancias estaban dadas para que Néstor Humberto Martínez se convirtiera en un fenómeno político y, en consecuencia, terminara como el sucesor de su entonces gran amigo Germán Vargas, de quien se suponía sería el presidente en 2018.

Hoy, ni Germán Vargas es presidente ni es el gran amigo de Martínez, ni este se perfila como el sucesor de Duque. Sin embargo, la negativa a extraditar a Santrich le sirvió para darle un tinte digno y decoroso a su salida. Él la presentó como una renuncia por principios, lo cual en Colombia es poco usual. La controvertida decisión de la JEP sobre el excomandante de las Farc dejaba en manos de Martínez la papa caliente de tener que otorgarle la libertad. Era la oportunidad perfecta para negarse a hacerlo invocando la defensa del Estado de derecho y, de pasada, sintonizarse con la mayoría de la opinión pública. Con su salida, el fiscal encarnaba un símbolo para los enemigos de la JEP, que no son pocos. Era una jugada maestra de ajedrecista de ese zorro estratega que siempre ha sido Martínez Neira. 

No obstante, la inteligencia y oportunidad de la jugada no alcanzaron a tapar varios lunares que complicaron su gestión. Esencialmente, se trataba de conflictos de interés. Cuando su nombre apareció en la terna, el hecho de haber trabajado para tantos Gobiernos y poderosos tuvo una doble interpretación. Para algunos, era un campo minado por razones obvias. Para otros, evidenciaba un nivel de experiencia sobresaliente. Los primeros tuvieron la razón. En casi todos los casos emblemáticos que Martínez tuvo que enfrentar en los tres años de su gestión, él había tenido algo que ver. 

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Después de haber sido el principal abogado del Grupo Aval y el hombre que le hablaba al oído a Luis Carlos Sarmiento, le tocó investigar el escándalo de la Ruta del Sol II. De Carlos Mattos fue su abogado antes de que le cayera el caso judicial como fiscal. Fue también un hombre clave en la campaña de Juan Manuel Santos antes de tener que indagar sobre la financiación de esta.

Respecto a las ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, tuvo actuaciones en tres capacidades diferentes: como abogado emitió conceptos sobre la adición del tramo Ocaña-Gamarra; como superministro firmó la aprobación de ese proyecto al lado de ellas, y, posteriormente, su Fiscalía tuvo que investigarlas. Detrás de muchos de estos casos estaba el fantasma de Odebrecht con ramificaciones infinitas, incluyendo la de Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura. Este último lo recusó con el argumento de que aquello de lo que lo acusaban había sido previamente avalado por un concepto de Martínez cuando era abogado del Grupo Aval. 

Lo anterior fue objeto de controversia, pero el punto de inflexión llegó con la muerte de Jorge Enrique Pizano. Las grabaciones que este dejó a Noticias Uno para que hiciera públicas en caso de su muerte le dieron un golpe devastador al fiscal. Aunque este no tuvo nada que ver con esa tragedia ni con la posterior muerte de Alejandro Pizano, los múltiples elementos y las improbables coincidencias de ese episodio se convirtieron en una tormenta perfecta en su contra. Las grabaciones de Pizano en realidad no revelaban ningún delito, pero sí dejaban el sinsabor de que el fiscal sabía cosas del caso Odebrecht que debió haber revelado cuando aceptó el cargo.

Néstor Humberto nunca se repuso de ese golpe, y la credibilidad de la Fiscalía quedó minada. A partir de ese momento, cualquier decisión del ente acusador iba a ser puesta en tela de juicio por los adversarios de Martínez, que nunca le dieron tregua. 

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El problema de los conflictos de interés es que se pierde con cara y se pierde con sello. Si le va bien a un antiguo cliente del fiscal, surgen inmediatamente las acusaciones de favorecimiento por amistad. Pero si le va mal, interpretan que se excedió para que no quedaran dudas sobre su independencia. 

Sorprendió que a las pocas horas de su renuncia apareció en los noticieros de televisión un video que alborotó el avispero. En este salen Santrich y otras personas, y aunque no mencionan abiertamente la palabra cocaína, hablan de calidad del producto y precio de la mercancía. Queda claro que no están conversando sobre un cargamento de televisores. El diálogo ahí registrado constituye más prueba de la culpabilidad de Santrich que cualquiera de las evidencias hechas públicas hasta ahora. La JEP está molesta de no haberla conocido sino después de haber tomado la trascendental decisión que indignó a medio país. Es seguro que ese video va a ser utilizado para la apelación sobre el caso, con el fin de presentarlo como un nuevo hecho sobreviniente. Pero ya se habla de que no puede servir como prueba porque lo grabaron ilegalmente.

Todos estos enredos hicieron que a Martínez no lo juzgaran por el grueso de los resultados de su gestión, que fueron muchos, sino por los casos objeto de controversia. En esta Fiscalía implementó con éxito el programa bandera Bolsillos de Cristal, que consistía en poner en marcha una serie de mecanismos técnicos para acabar con las redes de corrupción organizadas. Bajo su dirección llevaron ante la justicia a 188 magistrados y fiscales, 208 alcaldes, 26 gobernadores y 26 congresistas, entre otros. Casos tan importantes como el de Reficar, el escándalo de la alimentación escolar, el carrusel de la contratación, el desfalco de las pensiones y los contratos de Hidroituango vieron importantes resultados en la era Martínez.

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En todo caso, los enemigos del fiscal no creen en las razones de principios de su renuncia, y aseguran que la verdadera razón fue Odebrecht. En otras palabras, que ese fantasma ha rondado tanto su gestión que lo tenía contra las cuerdas. Se ha rumorado que la Corte Suprema estaba a punto de tomar una decisión que hubiera podido marginarlo de lo que tuviera que ver con la firma brasileña.

La decisión de la JEP de no extraditar a Santrich le permitió evitar un final difícil con una salida perfecta. Con esto, Martínez habría convertido una derrota en una oportunidad política. Esta interpretación es bastante discutible. Ni el fiscal estaba tan arrinconado ni su salida lo pone en fila para la presidencia. En una lectura más pragmática, Martínez dejó su exitosa y cómoda vida como uno de los abogados más importantes del país para hacer una Fiscalía histórica que lo volviera presidenciable. Ahora que esa posibilidad se ve lejana, puede estar cansado de aguantar tanto palo sin mucho reconocimiento ni recompensa a la vista. Eso lo puede haber llevado a volver a ser lo que él era: el amigo apreciado por todos sus amigos y el gran abogado que le habla al oído a la crema y nata de Colombia.