Salud
La salud de 34 millones de colombianos ya está en manos del Gobierno Petro, tras el desplome de las EPS. ¿Qué pasará con el servicio?
La salud de 34 millones de colombianos depende de esa entidad. Las prestadoras intervenidas y las que pidieron salir del mercado reúnen al 72 por ciento de los pacientes del país.
Las EPS están cayendo como en un efecto dominó. Entre las intervenciones de la Superintendencia de Salud y las solicitudes de dos de esas entidades para retirarse del sistema porque las cuentas no les dan, hay 34 millones de pacientes esperando decisiones de ese despacho para saber qué pasará con su atención en salud. Un derecho humano golpeado por una grave crisis y la incertidumbre.
Las cuentas son claras: las siete EPS intervenidas (Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud y el Servicio Occidental de Salud) totalizan un poco más de 25,2 millones de afiliados, y las dos que presentaron su solicitud voluntaria de retirarse del sistema (Compensar y Sura) tienen a casi 7,5 millones. Esta última es la tercera más grande del país, lleva tres décadas en el mercado y esta semana presentó a la Supersalud un plan de retiro.
El problema no se detiene en esa simple estadística. Los agentes interventores tienen un año para determinar si las EPS que están bajo administración de la Superintendencia, que dirige Luis Carlos Leal, tienen cómo recuperar sus finanzas o si deben ser liquidadas. Si ese escenario llega a darse, el Gobierno debería determinar a qué EPS se trasladarían esos pacientes.
Para los casos de Sura y Compensar, en un plazo máximo de dos meses se conocería si el despacho de Leal acoge sus planes de retirarse del sistema, lo que significaría que el Gobierno tendría que buscar qué entidad acoge a esos afiliados.
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Pero Leal niega que su despacho esté administrando las entidades prestadoras del servicio de salud. “Una medida como la intervención forzosa administrativa no significa que la superintendencia administre la EPS”, dijo el funcionario, puntualizando que “está prohibida la coadministración”.
Los representantes de las EPS no adelantan si alguna más tendrá que pedir su retiro del sistema, pues aseguran que esa determinación depende de la decisión autónoma de cada compañía según sus estados financieros. Pero saben que ese momento terminará llegando, porque la UPC es insuficiente para cubrir la atención de los pacientes.
Ese, de hecho, fue uno de los argumentos de la presidenta de Suramericana, Juana Francisca Llanos, al anunciar el retiro de esa entidad como actora del sistema de salud. El Gobierno Petro está convencido de que este no es un problema de suficiencia económica, sino de eficiencia en la administración del dinero. “Me preguntan si es suficiente la UPC. Yo devuelvo la pregunta: ¿es eficiente la UPC?”, afirmó el superintendente Leal esta semana ante la Comisión Séptima del Senado.
Lo cierto es que no hay recursos en las entidades para que la atención a los usuarios sea sostenible y lo que queda del sistema se alista para un éxodo masivo de colombianos que serían trasladados si uno de esos procesos en trámite deriva en una liquidación.
En ese posible escenario, la Supersalud tiene que evaluar a dónde se trasladarían los afiliados, con una realidad que tiene hoy el sistema: jurídicamente, las EPS intervenidas no pueden recibir nuevos usuarios de las EPS en proceso de liquidación. Casi la mitad de actores del sistema no pueden tener más afiliados.
La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, advierte: “El rol de agencia que cumplen las EPS en el sistema es muy importante y ha sido subestimado por el Gobierno a un punto tal que en las primeras propuestas que hizo para el sistema de salud las eliminaba.
Para ellos, el rol de la EPS está subestimado, y el caso del Fondo del Magisterio (Fomag) ha demostrado que un sistema requiere un articulador”.
Con menos EPS privadas y una reforma a la salud a punto de aterrizar nuevamente en el Congreso, el sistema sanitario está dando pasos firmes hacia una estatización, un punto de llegada que tiene en alerta a los colombianos.
