La Segunda Marquetalia tenía a su principal proveedor de armas en la ciudad de Bogotá. Así funcionaba la red criminal

Sandro Albertino Torres Cabrera, Fredy Antonio Marulanda León, Ernesto Castellanos Garavito, Álvaro Orduña Guerrero y José Arbey Aragón Espinosa, fueron capturados por integrar, según la Fiscalía, una red criminal al servicio de la Segunda Marquetalia, las disidencias de las Farc que le declararon, otra vez, la guerra a la paz y los colombianos.

Los capturados, según la Fiscalía, se encargaban de ubicar partes y armas para dejarlas al servicio de los grupos criminales como las disidencias, en especial, los delincuentes de las disidencia de las Farc. Las armas, de acuerdo con la investigación, las conseguían de los batallones e incluso de la Industria Militar de Indumil.

“Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos. Los cargos no fueron aceptados”, advirtió la Fiscalía.

Los ahora imputados tenían, según la fiscal del caso, contacto con funcionarios de los batallones y la Industria Militar, para obtener de manera ilegal las partes o armas que posteriormente comercializaban con las organizaciones criminales como la Segunda Marquetalia. Los pagos los repartían con los uniformados y así completaban la cadena criminal.

“Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante un juez de control de garantías a Sandro Albertino Torres Cabrera, Fredy Antonio Marulanda León, Ernesto Castellanos Garavito, Álvaro Orduña Guerrero y José Arbey Aragón Espinosa, presuntos integrantes de una red de tráfico de armas al servicio de la ‘Segunda Marquetalia’ de las disidencias de las Farc”, advirtió el ente acusador.

Los capturados fueron presentados ante un juez para imputar cargos y solicitar su reclusión en una cárcel por considerar que sus actuaciones, las mismas que motivaron su captura, deben ser sancionadas con la privación de la libertad, además de que representan un riesgo para la sociedad.

“Los elementos de prueba indican que serían las encargadas de mantener contactos en Indumil y batallones ubicados en Bogotá, y en municipios de Cundinamarca y Boyacá, que se encargaban de extraer piezas de armas de fuego y explosivos. Por esta actividad presuntamente pagaban diversas sumas de dinero, a través de transferencias a billeteras virtuales”, explicó la Fiscalía tras las audiencias preliminares.

Ninguno aceptó su responsabilidad y así las cosas el ente acusador tendrá que presentarlos en juicio, con el material probatorio para demostrar su presunta responsabilidad en los hechos que ahora advierten un entramado de corrupción que incluye a militares y funcionarios públicos, en el suministro de armas que apuntan contra sus propios compañeros, todo a cambio de dinero.

“Al parecer, cuando obtenían el material, lo trasladaban a un inmueble del sur de Bogotá, donde lo ensamblaban. Con los fusiles, revólveres, pistolas y otros elementos terminados, los ponían a disposición de enviados de la ‘Segunda Marquetalia’, dijo el ente acusador luego de la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento.

En la captura y luego de los operativos, la Fiscalía se incautó de tres revólveres calibre 38 mm, tres pistolas calibre 9 mm, cartuchos de diferentes calibres, ocho cargadores para armas y ocho celulares.