La silenciosa guerra entre poderosas estructuras criminales colombianas y brasileñas que consume el Amazonas

El conflicto no es nuevo, incluso algunos pobladores dicen que llevan meses sumidos en la zozobra de las balas pasajeras que salen de la selva. La frontera entre Colombia y Brasil, en pleno corazón del Amazonas, es hoy un escenario de disputa entre poderosas estructuras criminales de ambos países por las rutas del narcotráfico trasnacional y la minería ilegal.

La realidad más cruda se presenta en toda la ribera del río Caquetá, cerca de las poblaciones de Tarapacá, La Pedrera, Mitú, Taraira, Yavaraté, Pana Pana y La Guadalupe. Los primeros en alertar de la situación fueron los indígenas de la zona, cuidadores de la fauna y flora, que empezaron a caer asesinados por alzar la voz.

A un par de cuidadores los mataron por denunciar la minería ilegal y a otro lo degollaron cuando dijo que ni él ni su comunidad eran correos humanos para transportar drogas por pasos porosos entre ambos países. La situación no es nueva, viene de meses atrás. Regularmente, esa zona la venían controlando las disidencias de las Farc, pero han llegado bandas brasileñas con gran músculo económico a disputar ese terreno fructífero para el escenario criminal.

Básicamente, el Amazonas es la joya de la corona: es un paso boscoso sin muchos controles de las autoridades, une vía terrestre a Colombia con el sur del continente, Brasil, Chile y Argentina, mercados crecientes en el consumo de cocaína. Algo que han aprovechado los narcotraficantes para reemplazar el déficit del comercio ilegal, que se ha venido a pique en Estados Unidos y Europa.

“La situación es muy complicada porque esta gente (los violentos) llegan a los caseríos e intimidan a la población pidiendo explicaciones o información sobre los bandos contrarios. Los grupos colombianos llegan y dicen que estamos trabajando para ellos (Brasil) y así desde el otro lado. A veces en las noches hay combates y la población queda en medio de las balas, varios han abandonado sus hogares”, le comentó a SEMANA un líder social de Leticia, quien ha documentado los casos de violencia y ha hecho un acompañamiento a las víctimas.

Muchos de los desplazados por esta guerra silenciosa viven en un campamento llamado ‘Gustavo Petro’ en Leticia. Según la Defensoría, son 220 familias, “conformadas por aproximadamente 600 personas, que no cuentan con servicios públicos y, además de esto, no tienen garantizado el derecho a la educación, a la salud, al trabajo ni a la vivienda. Precisamente, la entidad nacional de derechos humanos indagará a las autoridades por planes de acción para que se les garantice el derecho a la vivienda digna”, señaló la Defensoría en un comunicado.

La minería, el otro problema

Un gran inconveniente adicional para las comunidades indígenas de la Amazonía corre por cuenta de la minería ilegal y el oro que brota de las montañas y ríos de esa zona. Ese es el otro caballito de batalla de las estructuras violentas.

Apropiarse de un terreno significa desplegar todo un operativo de deforestación, llegada de maquinaria pesada, apertura de nuevos caminos y un riego de mercurio para separar el oro de la tierra. Todo eso genera un daño irreparable al medioambiente y unas riquezas considerables para continuar desplegando poderíos armados en otros puntos de la región y el país. Según Global Forest Watch, solo en 2022 fueron deforestadas aproximadamente 19 hectáreas de bosque en la Amazonía colombiana. Así las cosas, esta región del país es el escenario de un violento conflicto que no solo amenaza vidas humanas, sino con continuar la destrucción de todo un ecosistema. Ahora la violencia traspasa fronteras.