La Sociedad de Activos Especiales nuevamente genera polémica por entrega de bienes incautados. Congresistas pidieron a las autoridades investigar

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) siempre ha generado polémica en el país por cuenta del manejo que ha tenido en las últimas administraciones. En medio de este panorama, se conoció una nueva denuncia que pondría la lupa sobre esta entidad por una presunta entrega irregular de bienes incautados.

La denuncia la presentó ante la Contraloría General de la República el presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Red Ver, Henry Antonio Anaya Arango, quien en una alerta ciudadana, radicada en agosto, indicó que el vicepresidente de la SAE, Jairo Alonso Bautista, supuestamente estaría detrás de todas estas entregas.

Por esa razón, Anaya envío la información a varios congresistas para que conocieran el caso y respondieran algunas preguntas para obtener más información del caso. Algunos legisladores enviaron la información a la Contraloría, que es la encargada de investigar.

En la denuncia se asegura que Bautista habría entregado a dedo el manejo de varios hoteles a una sociedad que está en crisis financiera, lo que genera dudas sobre el manejo de los bienes. “Ha entregado bienes bajo la administración de la SAE que por mandato de la Ley y de los jueces de extinción de dominio y de la Fiscalía General de la Nación, desconociendo presuntamente principios de la administración pública como la selección objetiva, transparencia y economía, al entregar a dedo, sociedades y empresas a su cargo”.

Según el denunciante, la entrega “sin realizar concurso público, licitación o subasta entregó hoteles de la operadora Tryp en Medellín y El Campanaario en Villavicencio, muy importantes y estratégicos, a la Sociedad Tequendama, que ha tenido en los últimos años dificultades financieras y no le ha ido bien operando los hoteles a su cargo y con delicados informes financieros de la CGR , en contravía de invitar a participar a otras sociedades con mayor capacidad y experiencia y que le darían grandes frutos y rendimientos al fondo que maneja la SAE”.

Agregó: “El mayor accionista de la sociedad Tequendama es Cremil 94.93& de sus acciones, entidad que precisamente se encuentra en graves problemas financieros con la investigación que realizó la CGR sobre la inversión en un proyecto de las FF. AA. donde habría un detrimento patrimonial cercano al medio billón de pesos”.

En la denuncia que se radicó en la Contraloría se afirma que el vicepresidente de la SAE “también ha designado a dedo a un amigo suyo y compañero de cátedra en la Unal como depositario provisional de la sociedad intervenida y bajo su control a CIJ Gutiérrez una de las grandes comercializadoras de oro, al señor Darwing Camilo Díaz Urrea, también contador como él y con intereses en el negocio al tener experiencia en Bancas de Inversión y valoración de empresas”.

Sobre toda esta situación, la representante a la Cámara del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, fue informada por la Contraloría que se recibió la documentación enviada para que se investigara la denuncia. “Me permito informarle que esta petición se incluyó dentro de la Auditoría de Cumplimiento, que actualmente se adelanta a la Sociedad de Activos Especiales (SAE - SAS), cuyo énfasis es la administración de las sociedades a su cargo en los últimos cinco (5) años”, dice el documento.

El 23 de septiembre de 2023, el senador Humberto de la Calle le envío una respuesta por un derecho de petición al denunciante en el que le afirma que “remitiré la denuncia formulada por usted a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República, con el fin de que estas entidades puedan adelantar las actividades de investigación propias de su competencia”.

La senadora Berenice Bedoya envío un oficio al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia, Andrés Idárraga, para que revise la información que está haciendo el denunciante. “El cual denuncia supuestos hechos de corrupción en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), específicamente en la Vicepresidencia de Sociedades, con los cuales se estarían poniendo en riesgo los recursos públicos y el patrimonio estatal, para que se estudie la petición”.

De la misma manera, la representante Sandra Aristizábal envío la denuncia al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, con la finalidad de que se estudie.

La investigación que se inició determinará si hay irregularidades o no, pero no es la primera vez que se hacen señalamientos en contra de esta entidad del Estado.