La sombra de los políticos en el escándalo de Centros Poblados

La presunta adjudicación irregular de un millonario contrato de más de un billón de pesos, para llevar internet a zonas alejadas del país a la Unión Temporal Centros Poblados sigue dando de qué hablar. A las dudas que hay frente a la posible complicidad de funcionarios del MinTIC, la entrega de documentación falsa por parte de la Unión Temporal, la estela de corrupción encarnada en personas que ya habían sido condenadas en el “Carrusel de la Contratación de Bogotá” como el contratista condenado Emilio Tapia, se suma lo que suele ocurrir con estos contratos: la participación de políticos, en especial congresistas, que se convierten en intermediarios.

Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones y ya legalizó la captura de el excontratista Emilio Tapia, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque; y el vicepresidente de la corredora de seguros Rave, Juan José Laverde; se abren otros frentes de investigación que podría llegar a políticos.

SEMANA pudo confirmar que hacia allá apuntan las investigaciones. Los implicados en la investigación ya han planteado la posibilidad de dar información a cambio de beneficios judiciales lo que podría abrir la caja de pandora. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del empresario Emilio Tapia, este sería un camino difícil, pues él ya fue condenado en el escándalo de Bogotá, y al comprobarse su participación en este nuevo hecho, no solo podría perder los beneficios que ya tiene, sino que le sería complejo lograr una nueva negociación.

Una alta fuente confirmó que “algunos de los implicados están prestando colaboración. Hablan de políticos de la Costa Caribe que habrían hecho lobby para que este contrato fuera asignado a Centros Poblados. Así como también se vio cómo participaron en el debate de moción de censura contra la exministra TIC, Karen Abudinen, en la plenaria de la Cámara de Representantes”.

No se conoce aún claramente hasta dónde llegarán las implicaciones de lo que digan los involucrados, lo que es claro es que el escándalo de Centros Poblados sigue creciendo como la espuma y habrá nuevos implicados.

En cuanto al proceso que se adelanta, y por el cual ya hay personas detenidas, en la audiencia de legalización de capturas, la Fiscalía enumeró las pruebas que tendría en contra de los ahora capturados y allí se incluyen declaraciones de quien se convirtió en testigo del ente acusador, un representante legal de la empresa que conformaba la unión temporal y que también tenía participación en la compañía que supuestamente iba a suministrar los equipos para el cumplimiento del contrato.

Dijo la Fiscalía que todos sabían lo que estaban haciendo, que los documentos que entregaron en el proceso de licitación del MinTIC eran falsos. Además, que actuaron de manera articulada y en coparticipación criminal en los delitos de falsedad documento privado y fraude procesal.

Hubo una división de trabajo, explicó la fiscal del caso, con el único objetivo de llevar a un error a funcionarios del Ministerio de las TIC y engañar a los responsables de vigilar la documentación que presentaron para participar en la licitación. Mientras Emilio Tapia contactó a un empresario, para integrar la unión temporal, al mismo tiempo ubicó a un corredor de seguros, Juan José Laverde, quien se encargó de encontrar a los intermediarios: Jorge Molina y Jorge Enrique López, y así obtener las supuestas garantías bancarias.

Finalmente, los implicados están tras la rejas, pues se acogió el argumento de la Fiscal que señaló: “Al estar estas personas privadas de la libertad el Estado garantiza la protección de los derechos ciudadanos y se considera igualmente necesaria porque así lo establece en el ordenamiento jurídico, pues sería la medida procedente de acuerdo con los delitos que fueron imputados”.

Pero este no es el único frente de la investigación, la Procuraduría también avanza y llama a juicio disciplinario a varios funcionarios MinTIC y al representante legal de Unión Temporal.

Según el llamado a juicio, las personas que serán citadas por la Procuraduría son Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general MinTIC; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC; Carlos Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC; Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020 y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, quien ejerce la interventoría del contrato en mención.