“La tributaria tiene que ser este año”, dice Petro; ¿cuándo se comenzarían a pagar los nuevos impuestos?

A una semana del triunfo de Gustavo Petro, el tema principal de la conversación nacional es la reforma tributaria. Millones de colombianos ven con expectativa -e incluso con temor- la posible llegada de nuevos impuestos en medio de una economía en los hogares que apenas se sobrepone de la pandemia, pero que sigue sufriendo con la inflación de elementos básicos como los alimentos y con el impacto del precio del dólar.

En su entrevista con El País de España, Petro confirmó que avanza a ritmos agigantados con esa propuesta y que además tiene mucha urgencia en tramitarla. “La tributaria tiene que ser este año”, aseguró el presidente electo. Y remató con una frase de esas verdades de la política: “Las reformas se hacen el primer año de gobierno o no se hacen”.

A Petro no parece preocuparle el impacto de la tributaria en los colombianos -justamente fue lo que al presidente Duque le generó una de las revueltas sociales más duras de su mandato-, pues según él “esta reforma no recaerá sobre el bolsillo del pueblo, sino sobre las capas privilegiadas”.

En sus planes, Petro se ve confiado. La primera razón es el llamado “gran acuerdo nacional”. El mandatario asegura que “nosotros vamos a reformar la ley tributaria y los hemos invitado a discutir el tema. El sistema tributario colombiano es relativamente progresivo hasta la clase media alta, que paga más impuestos que la clase media, que paga más impuestos que la clase popular”.

En ese contexto, son muchos los interrogantes que surgen: ¿puede Petro aprobar la tributaria tan pronto? Si eso sucede, ¿cuándo se comenzarían a pagar esos impuestos? ¿Cuáles serían?

La verdad es que tiene razones para ese optimismo. Petro arrancó con la coalición Centro Esperanza, el Partido Comunes y las curules indígenas, lo que le da en total 40 votos en el Senado, de 108 congresistas en esta corporación. A esta coalición se sumarían los 14 senadores del Partido Liberal, cuyo director, el expresidente César Gaviria, dio a conocer un pronunciamiento en el que le expresaron a Petro que no le harán oposición.

Un grupo de conservadores, por su parte, ya anunció que no harán oposición. Dijeron que respaldarán el plan de gobierno siempre y cuando “la agenda legislativa que se proponga” se apegue a la Constitución Política redactada en 1991 “y teniendo como premisa el respeto por la propiedad privada y las libertades individuales”.

El Partido de la U, por su parte, sí se sumó con toda. Así lo dio a conocer la directora única de esa colectividad, Dilian Francisca Toro, que dijo en un comunicado de prensa que hará coalición para elección de las mesas directivas de las diferentes comisiones de Senado y Cámara de Representantes. La dirigente política señaló que la decisión se tomó “en aras de trabajar por la construcción de acuerdos y consensos en la búsqueda de iniciativas que contribuyan al bienestar de los colombianos, el desarrollo y construcción de país”.

Aprobar una tributaria en apenas unos meses del primer año de un gobierno sería un hito, pero con esas cifras no parece imposible. El decano de economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda, expresa que “seguramente la aplicación iniciaría para el 2023-2024, asumiendo que se aprobaría luego de unos meses de iniciado el nuevo gobierno”.

Si la reforma es aprobada en diciembre, como planea Petro, lo más seguro es que comience a regir el primero de enero. Así, para 2023, los colombianos tendrían ya que pagar los primeros tributos correspondientes al año 2022.

En ese camino, decenas de personas seguramente demandarán ante la Corte Constitucional que se demorará entre seis meses y un año en analizar la reforma. Aunque algunos elementos se podrían caer allí, la historia demuestra que esto suele darse después de que ya lleva meses en marcha.

¿Quiénes serán los clavados?

Gustavo Petro responde ese interrogante en la entrevista de El País. “Más arriba de la clase media alta se encuentra la injusticia. Un banquero paga menos impuestos proporcionalmente que la secretaria de su oficina. Y eso no puede ser así. Se trata de que haya progresividad hasta el final. Eso disminuiría el déficit fiscal, mejoraría las condiciones macroeconómicas y permitiría financiar el avance en los derechos de la población colombiana. Eso es lo que yo considero el pacto social. Pasa por la voluntad del gran capital de pagar sus impuestos”, asegura.

Ricardo Bonilla, quien fuera asesor económico del presidente electo en la etapa previa a la llegada a la Casa de Nariño, también ha dado puntadas nuevas sobre lo que será el rompecabezas tributario. Conseguir recursos y equilibrar las cargas de los ciudadanos y las empresas con los impuestos parecen ser los ejes transversales de la primera reforma tributaria en esta administración, filosofía que siempre acompaña los paquetes impositivos de los gobiernos nuevos, pero que pocas veces se materializa.

“Luego de las aclaraciones de voceros del presidente electo, se entienden tres cosas. 1) No aumentaría la base de impuesto de renta de personas naturales. 2) Se ampliaría (bajaría el umbral) del impuesto al patrimonio 3) Se enfocaría en eliminar exenciones al impuesto de renta a empresas”, explica el decano Sepúlveda.

En este caso, la expectativa con el aumento del recaudo es más que ambiciosa, y si se honran las propuestas de campaña, estaría centrada en los más ricos y en poner a pagar impuestos a los que, teniendo ingresos suficientes, se hacen los de la vista gorda.

Durante la campaña electoral se habló de la necesidad de obtener 5,5 % del PIB como monto mínimo adicional, lo que implica conseguir más de 55 billones de pesos (en los últimos días se habla de más: 75 billones de pesos), mientras que el máximo de ingresos obtenidos con tributarias en Colombia es de 15 billones.

Las cartas están echadas. La eliminación de exenciones tributarias será la médula de la reforma. Implica “suprimir beneficios tributarios que actualmente existen en el ordenamiento tributario y que permiten que el sistema no sea progresivo. También se eliminarán tratamientos diferenciales que puedan estar beneficiando un sector de contribuyentes que probablemente ya no necesiten apoyos.

En general, se eliminará cualquier tipo de concesión en materia de impuesto de renta de personas naturales”, según análisis de Jeisson Ramírez, director de la firma de contadores Touché Asesores.

En el caso de los beneficios que sí ve necesarios el asesor económico de Petro, se ha hablado de favorecer sectores industriales como metalmecánico, textil, farmacéutico y petroquímico.

Es mucha la letra menuda que falta por exponer, pero con lo destapado hasta ahora, se sabe que serán las personas naturales de altos ingresos las que verán subir su impuesto de renta, mientras las empresas, que son las que generan empleo, tendrán disminuciones en la carga.

Si no habrá incremento en la base de contribuyentes de renta como persona natural, como lo ha dicho Bonilla, implica que los que no están aportando, porque su nivel de ingresos no les da, seguirán igual. Pero esas 40.000 personas más ricas (los más ricos del grupo de los ricos) que se han mencionado, van a ser de gran relevancia en materia de recaudo.

Desde la perspectiva de Bonilla, esas personas hoy tienen parte de sus activos e ingresos a nombre de empresas (de las que ellos son dueños), por lo cual no pagan el impuesto que deberían. Con la propuesta tributaria del nuevo gobierno, se pretende identificar con mayor certeza qué activos e ingresos son realmente de las personas naturales y cuáles de sus empresas.