ANÁLISIS
La turbulencia por la reforma política: congresistas de la coalición de Gobierno tienen reparos frente al proyecto
El Gobierno espera que la iniciativa sea aprobada en tercer debate esta semana, pero el texto no termina por agradar ni siquiera a los congresistas de la coalición.
Esta semana será agitada y definitiva para las reformas del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. El martes se estudiará en tercer debate la reforma política en la Comisión Primera de la Cámara; el miércoles se debatirá por primera vez el Código Electoral; el jueves se dará inicio al trámite legislativo para crear el Ministerio de la Igualdad, y el viernes, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sorteará una moción de censura.
La agenda está apretada y en el cronograma del presidente del Senado, Roy Barreras, es evidente la preocupación por la reforma política. Como tiene carácter constitucional debe surtir ocho debates, de los cuales cuatro deberán aprobarse en el 2022 y el resto en el año siguiente.
Así mismo, deberá contar con el control de legalidad en la Corte Constitucional. Para evitar que se hunda, tendrá que aprobarse esta semana en tercer debate en la Comisión Primera y, ocho días después, tener las mayorías de la plenaria. De lo contrario, una de las reformas de mayor interés para el Pacto Histórico quedaría en nada.
El problema para el Gobierno es serio, pues no ha logrado ni siquiera un consenso entre los congresistas que conforman la coalición. “El Gobierno no tiene la aplanadora lista en el Congreso”, le resumió a SEMANA un congresista que pidió la reserva de su identidad.
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En la Alianza Verde hay divisiones entre senadores y representantes. Los primeros ven con buenos ojos el contenido de la reforma, pero varios de los segundos, quienes tienen en sus manos la decisión esta semana, se oponen.
La representante a la Cámara Catherine Juvinao publicó un comunicado junto con ocho colegas de la Alianza Verde, entre ellos Katherine Miranda, Jennifer Pedraza y Daniel Carvalho, donde advirtieron sus líneas rojas. Este jueves, cuando conocieron la ponencia para el tercer debate, quedó claro que el Gobierno insistirá en uno de los puntos de controversia: las listas cerradas.
Mientras el presidente del Senado defiende la iniciativa e insiste en que es la forma de acabar el clientelismo y las maquinarias, el grueso de los congresistas verdes, quienes llegaron al Congreso a través de una lista abierta, tienen sus propios temores, entre ellos, que se imponga la dictadura del bolígrafo por parte de los directivos de los partidos y se sacrifiquen liderazgos
El representante Julio César Triana dijo que se opondrá porque la lista cerrada beneficia a los actuales congresistas. “Es legislar en causa propia”, afirmó.Mientras esta propuesta promete generar controversia, un nuevo artículo, que le quita dientes jurídicos a la Procuraduría, promete abrir otro debate.
“Las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial”, se lee en la ponencia. Ese punto podría convertirse en otra papa caliente. Lo mismo que el cambio de partido por una sola vez, un tema que podría interpretarse como transfuguismo. O la posibilidad de que los congresistas puedan ser candidatos en las elecciones locales y regionales del próximo año, o queden habilitados para ser ministros.
El Gobierno le apuesta a que se aprueben listas cerradas; financiación estatal exclusiva de las campañas; paridad y alternancia de género; y autoridad electoral independiente. Aunque la reforma política puede pasar su tercer debate, a comienzos de 2023 tendrá que culminar los ocho debates y allí el escenario será otro porque las elecciones regionales estarán a la vuelta de la esquina. Para ese momento, nadie sabe cómo estará la coalición del Gobierno con los partidos políticos tradicionales en el Congreso.
