La U pidió apoyar paridad de género en reforma al Código Electoral

En momentos en que el Senado se dispone a votar el proyecto de reforma al Código Electoral, el partido de La U pidió apoyar la paridad de género en las listas que elaboren las diferentes colectividades para los cargos de elección popular como Congreso de la República, concejos municipales, asambleas departamentales y juntas administradoras locales.

Aunque se había acordado por diferentes bancadas que la participación de mujeres en esas listas fuera del 50 %, algunos congresistas radicaron una proposición en la que plantean que esta sea del 30 %.

La presidenta del partido de La U, Dilian Francisca Toro, invitó a la bancada de la colectividad a apoyar la propuesta de elevar la participación de las mujeres en la conformación de las listas de los partidos políticos para las elecciones populares en el país, incluida en la reforma al Código Electoral que discute el Congreso de la República.

El artículo 84 del proyecto de ley estatutaria contempla que en las listas para las corporaciones públicas de más de 5 curules, la conformación debe ser 50 % de mujeres.

“Como presidenta del Senado entre 2006 y 2007, con la bancada de mujeres lideramos el proceso por el cual se dio el 30 % a esa participación de las mujeres en las corporaciones de elección popular. Hoy veo como un avance alcanzar la paridad”, expresó.

Agregó que “las mujeres somos el 52 % de la población y, sin embargo, solo el 12 % ocupan cargos de elección popular. Quiero invitar a los representantes a la Cámara del partido de La U a que apoyemos esta propuesta”.

En el Congreso, de las 279 curules las mujeres solo tienen 55 asientos (21 %): en la Cámara son 32 de los 171 representantes (18,7%) y en el Senado son 23 de los 108 de los 108 (21,3 %).

Entre tanto, en las elecciones regionales de 2019 solo dos mujeres obtuvieron el cargo de gobernadoras y 132 mujeres fueron elegidas como alcaldesas, menos del 15 % del total de las alcaldías del país. Esta tendencia es similar en asambleas, concejos y juntas administradoras locales.

La iniciativa establece un nuevo concepto de “violencia política contra la mujer”, el cual contempla que se protegerán los derechos de las mujeres para que puedan gozar de los derechos políticos y electorales. Con esto se busca darles mayor garantía a las mujeres en el ejercicio de sus campañas y proceso de elección para prevenir hechos de violencia psicológica, simbólica y física, entre otros.