La última batalla del San José

Casi 300 años después de que una explosión en su santabárbara lo hundiera en 1708, junto con su tesoro de oro y piedras preciosas avaluado hoy en día entre 1.000 y 7.000 millones de dólares, el galeón San José libra su última batalla.

Esta vez, el combate no es en el mar Caribe, frente a Cartagena, sino en los estrados colombianos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de abrir un nuevo capítulo en la larga discusión sobre quién es el dueño del tesoro que yace en el fondo. Una propiedad que por ahora está repartida por mitades entre el gobierno colombiano y la compañía estadounidense Sea Search Armada, de la que hacen parte importantes congresistas, actores y hombres de negocios de Estados Unidos.

El ambiguo fallo del Tribunal decidió que esta compañía (antes Glocca Morra Company), que en 1982 denunció ante la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar) el hallazgo del San José, no tenía derecho a la mitad, ya que este es un patrimonio cultural de la Nación. Esto no es nuevo ni sorprendente, ya que así lo catalogaba la ley cuando le fueron otorgados los títulos a esta compañía a comienzos de los 80. Lo que sí es nuevo son los otros hechos planteados en la acción popular, que cambian sustancialmente la situación.

El autor de la acción popular es Antonio José Rengifo, un abogado con maestría en geografía de la Universidad de París y doctorado en derecho internacional del mar del London School of Economics. Rengifo le pidió en 2002 al Tribunal determinar si la Dimar había caído en inmoralidad administrativa al haber aceptado la denuncia del hallazgo del San José con coordenadas secretas, por no haber verificado su existencia, por no haberlo anunciado ni publicado y por haberlo definido como tesoro y no patrimonio cultural, tal y como lo ordenaba la legislación del momento, un cambio de categoría que podría valer miles de millones de dólares. Por todos esos argumentos pidió declarar ilegales los títulos conferidos a la compañía norteamericana.

Pero en el fallo, y a pesar de las pruebas contundentes que fueron apoyadas por la Procuraduría, el Tribunal se limitó a admitir que el galeón no es un tesoro, cuya denuncia da derecho al 50 por ciento de lo recuperado, sino un patrimonio cultural de la Nación, caso en el cual la recompensa es sólo de 5 por ciento. Una controversia que deberá decidir el Consejo de Estado. En todo caso, el Tribunal admitió, según Rengifo, que "el San José es patrimonio cultural de Colombia, que está sometido a una protección especial por la legislación nacional e internacional y que se encuentra en aguas territoriales del país".

El Consejo de Estado tiene un enorme desafío pues deberá fallar si la Dimar actuó irregularmente al otorgarle a la Sea Search unas áreas y zonas aledañas a las concedidas en 1980, y si violó normas de transparencia en la gestión pública, al haberse abstenido de dar traslado de la noticia del hallazgo al Consejo de Monumentos Nacionales como se lo ordenaba la ley.

Mientras para la Sea Search Armada el fallo es un disparate y deja intacta su propiedad sobre el galeón, Rengifo apelará la decisión del Tribunal en cuanto el fallo es parcial y no pone fin al pleito. Ojalá el Consejo de Estado actúe en derecho y el gobierno resista las posibles presiones de Washington, como ya ha ocurrido con este pleito, más aún cuando están próximas las negociaciones del Alca.

A pesar de esta decisión, aún la guerra por el tesoro no ha terminado. Colombia debe prepararse para enfrentar eventuales reclamaciones de España, que es el país de pabellón del barco, lo mismo que las de la Sea Search Armada en tribunales internacionales. En juego no sólo está el San José, con sus tesoros, sino decenas de embarcaciones que yacen bajo aguas colombianas.