La última de los Castaño

La historia de la fugitiva Sor Teresa Gómez Álvarez está manchada de sangre y tierra. Sangre, como la de Yolanda Izquierdo, asesinada en 2007, crimen por el que la semana pasada Gómez Álvarez fue condenada a 40 años de prisión. Y tierra, como los cientos de hectáreas que han pasado por sus manos como la más leal de los testaferros de los hermanos Castaño Gil: Fidel, Carlos y Vicente, los padres de la barbarie paramilitar.

Por ser esposa de Manuel Gil, hermano medio de los Castaño, y, como ellos, ser oriunda de Amalfi, Antioquia, Sor Teresa se ganó desde joven la confianza de Fidel, el mayor de ese clan familiar. Su particular nombre obedece a la devoción religiosa de sus padres. De baja estatura, aspecto y trato humilde y piel quemada por el sol, comenzó a hacerse visible a finales de los años ochenta, cuando llegó a Córdoba, en una época en que los Castaño ya lideraban el grupo criminal Los Pepes, famoso por su enfrentamiento con Pablo Escobar.

Enfundada en sus botas de caucho, ropa de trabajo y con un poncho al hombro, Sor Teresa fue la cara 'social' de la sangrienta lucha de Fidel. Estuvo al frente de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcord), una organización que se hizo cargo de una simulada entrega de tierras que Castaño hizo en 1990, con la que facilitaba la desmovilización de los guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL) y de sus propios hombres. Esta singular reforma agraria beneficiaba a 2.500 familias, que recibían unas 12.000 hectáreas de varias de las haciendas con las que los Castaño comenzaron a construir su señorío al margen izquierdo del río Sinú, entre Montería y el municipio de Valencia.

La región fue testigo de las singulares campañas que hacía Sor Teresa por el civismo y la protección de animales en vías de extinción. "Protege este árbol; si no lo haces, recibirás tu castigo", decían unos avisos que mandó instalar en la zona de Villa Libertad, un poblado que conserva hasta hoy una placa de agradecimiento a Fidel Castaño por la construcción de su colegio. El mismo que tenía que asear quien no cumpliera con la ordenanza de Sor Teresa.

Fue su época de oro. Era la encargada de recoger plata entre los ganaderos para comprar combustible y contratar maquinaria para reparar las vías. La trataban con deferencia en la Montería de entonces, en donde era frecuente verla tomando café al frente de la estación de Policía, donde funcionaban las oficinas de Funpazcord. Pero esto cambió de golpe. Una tarde de octubre de 1996, un carrito de helados cargado de dinamita, abandonado en la puerta de la Fundación, le recordó a Sor Teresa que ella en realidad era una fachada de una organización criminal en guerra.

De hecho, un par de años después, en un famoso allanamiento en Medellín contra las nacientes Autodefensas, encontraron en un parqueadero cientos de documentos que darían cuenta de cómo la Fundación era un engranaje clave para el lavado de dinero de los Castaño. Aun así, nunca hubo una acción de la justicia en su contra.

Tras la muerte de Fidel, a mediados de los años noventa, quedó Carlos, quien no solo heredó su espíritu guerrero, sino el voto de confianza que había en Sor Teresa. En 2002, presagiando lo peor, escribió un documento que se conocería como su testamento, en el que decía cómo repartir algunos de sus bienes. Sor Teresa fue una de las garantes de la última voluntad de Carlos Castaño, que se haría efectiva en 2003, cuando fue asesinado por sus compañeros. Paradójicamente, Jesús Ignacio Roldán, alias 'Monoleche', yerno de Sor Teresa, reconoció ser quien lo mató.

Suegra y yerno quedaron bajo la égida de Vicente, el último de los hermanos Castaño, quien también confiaba en ella. Sor Teresa reapareció esta vez en Urabá, donde Vicente desarrollaba su ambicioso proyecto de siembra de palma despojando y asesinando a los nativos y colonos legítimos propietarios de esas tierras. En 2003, a través de otra asociación (Asoprobeba), participaron en negocios que luego serían denunciados como irregulares en el emblemático caso de tierras colectivas de Curvaradó y Jiguamiandó. El nivel de confianza que despertaba Sor Teresa entre los paramilitares fue tal que aparece en inmuebles que el Estado ha incautado a otros jefes de las Autodefensas.

De nada había servido que desde 2004 fue incluida por el gobierno de Estados Unidos en la Lista Clinton, que representaba a sus asociaciones abiertamente y que escrituras y registros mercantiles estaban a su nombre. Los negocios seguían, al parecer, con fondos ganaderos locales. La justicia no la tocó. Se desmovilizó en abril de 2006 como parte del Bloque Élmer Cárdenas, y nada pasó.

Pero fue precisamente por las primeras tierras que le administró a Fidel Castaño que se selló su suerte. Tras la desmovilización paramilitar, varios líderes campesinos retomaron confianza en el Estado, rompieron su silencio de años y salieron a denunciar y a reclamar lo que era de ellos y que les fue arrebatado por los paramilitares. Una de estas líderes era Yolanda Izquierdo.

Reclamaban que la famosa reforma agraria que en su momento hizo tan populares a los Castaño fue una farsa. Que en algunos casos, o no entregaron los predios o lo hicieron con condiciones que limitaban el pleno dominio sobre las tierras, mientras dejaban el poder real para disponer de ellas en manos de Funpazcord. Fue así como esta asociación se hizo a créditos que nunca pagaron y por los que los campesinos tenían que responder. En otros casos, los campesinos fueron obligados a abandonar las tierras o se les recompraron por menos del valor real.

Los reclamos de Yolanda Izquierdo fueron silenciados a comienzos de 2007. Un sicario la asesinó en el antejardín de su casa, donde estaba con su esposo, quien quedó herido. Rápidamente, las miradas se volcaron hacia Sor Teresa, al punto que en abril de ese año se dictó orden de captura en su contra, sindicada de ser la autora intelectual del crimen. Desde entonces, está prófuga.

Quienes la conocieron aseguran que el mundo de Sor Teresa transcurre en el triángulo que se forma entre la región de Urabá, Montería y su natal Amalfi. Allí es donde presuntamente se mueve mientras la buscan las autoridades. En tres años, un tiempo corto para los ritmos de la justicia colombiana, el juez primero de Cundinamarca confirmó la sentencia condenatoria a 40 años de prisión en su contra. A los 55 años, que está próxima a cumplir, esto se traduce en una cadena perpetua.

Así como su asesinato convirtió a Yolanda Izquierdo en un símbolo de la lucha de cientos de miles de colombianos por la restitución de sus tierras, la captura y reclusión de quien habría ordenado su muerte enviaría un mensaje contundente. Después de Izquierdo, al menos una decena de líderes de las víctimas que reclaman por sus tierras han sido asesinados, muchos en Urabá, y esos crímenes están impunes. Aunque en este caso la justicia ha conseguido señalar a un responsable, no deja de ser elocuente que, con todo y condena, Sor Teresa Gómez, última integrante de un clan que tiñó de sangre el país, siga en libertad.