¿La última oportunidad de la Autónoma del Caribe?

En su época cumbre, la Universidad Autónoma del Caribe alcanzó a tener 13.000 alumnos matriculados. En los últimos semestres la cifra llega a un promedio de 6.400. Para tratar de salvarla de la dura crisis financiera y académica que traviesa, llegó a la rectoría a finales de abril el abogado Rodolfo Pérez. Pero, con un discurso sincero y claro, a las pocas horas de su posesión, declaró que “no tienen para comprar ni un borrador”.

La situación económica es tan delicada que, en palabras del mismo Pérez, podría ser la última oportunidad administrativa para salvar a la que en su momento llegó a ser uno de los referentes de la educación superior en Barranquilla y la región Caribe. Panorama nada alentador para varios cientos de empleados directos, sin contar a los profesores catedráticos.

Los desfalcos de los que fue víctima y las deudas con los bancos y otros acreedores tienen a la Autónoma del Caribe reducida a sus mínimas funciones. A cuánto ascienden estos compromisos es el interrogante que aún no ha sido precisado con exactitud por la nueva administración. Sin embargo, al hacer una proyección con base en las cifras presentadas por el Ministerio de Educación en 2018, cuando anunció su intervención, estas podrían rondar los 100.000 millones de pesos. 

Su infraestructura ha sido una de las más golpeadas. Por ejemplo, los edificios del parqueadero principal, el de la sede de posgrados y el conocido como multipropósitos están a nombres de los bancos. Y cuatro casas del complejo de la calle 88 de Barranquilla que fueron transferidas a una empresa privada mediante un contrato con pacto de retro venta, no han podido ser recuperadas porque no hay plata para pagarlas.

La crisis golpeó hasta al polideportivo de la universidad, en la autopista al mar, reconocido porque ha sido muchas veces sede de prácticas de la Selección Colombia de fútbol. El lote donde funciona debió ser divido en tres partes. Uno de ellos ya fue entregado a una empresa que hizo uso de sus derechos.

Rodolfo Pérez, nuevo rector de la Universidad Autónoma del Caribe.

El triste momento no toma a nadie por sorpresa porque en los últimos años el protagonismo de la universidad, debido a las malas actuaciones de sus directivos, ha estado más en las páginas judiciales que en cualquier otras. La caída en picada empezó con la llegada a la rectoría de Silvia Gette, viuda del fundador Mario Ceballos Araújo, y se complicó con su líos legales y judiciales.

Ella, que en un momento fue considerada una súper poderosa de la región, incluso con pretensiones políticas a la Gobernación del Atlántico, fue acusada la semana pasada por la Fiscalía como presunta responsable del crimen del arquitecto y ganadero Fernando Cepeda Vargas, esposo de su hijastra María Paulina Ceballos. Antes ya había sido condenada en el miso caso por el soborno a testigos y por la realización de un auto préstamo de un millón de dólares con plata del centro de estudios.

Con la salida de Gette y la llegada de Ramsés Vargas Lamadrid a la rectoría la situación empeoró, contrario a lo que se esperaba. Conocido coloquialmente como el Faraón, por su particular comportamiento y lujosos gustos, Vargas es señalado por la Fiscalía de desfalcar a la Uniautónoma en por lo menos 16.000 millones de pesos, provenientes de matrículas y pagos de estudiantes, que habrían sido sacados de la universidad en unas bien custodiadas bolsas negras.

Pero sus perlas administrativas no acaban ahí, muchos lo acusan de haber sacado redito de la venta de activos de la institución, incluyendo la ficha deportiva del equipo de fútbol Uniautónoma FC, pases de sus jugadores y las hipotecas de los predios y edificios que la universidad ahora no puede recuperar.

En marzo de 2018, en medio de esos escándalos, Vargas renunció con un mensaje enviado desde su lujosa casa en La Florida, Estados Unidos. Esos días el Ministerio de Educación ordenó la adopción temporal de institutos de salvamento para la Autónoma, con el fin de garantizar que los recursos que ingresaran fueran utilizados en los pagos necesarios para que se restableciera el servicio en condiciones de calidad e implicó la suspensión de los procesos ejecutivos contra la institución. Vargas fue capturado en un motel de Cartagena en noviembre de ese año, pero hace unos días, por orden de un juez de Barraquilla quedó en libertad.

Desde ese momento hasta la fecha hubo dos rectoras encargadas, que contrario a lo que ahora destapa Pérez siempre hablaron de mejorías financieras. Con el número de matrículas cayendo, las obligaciones de nómina, los acuerdos prestacionales con los sindicatos y los bancos respirándole en la nuca, el rector Pérez tiene el duro reto de salvar a la Autónoma del Caribe. Y, además, extirpar de los cargos directivos algunos tentáculos de las antiguas redes corruptas de la universidad que aún tienen sillas en las juntas, según un par de profesores consultados.  

Un flotador efectivo, dice, podría ser que el gobierno nacional meta su mano a través de Bancoldex para que este recoja las deudas de la universidad y le pueda lanzar un flotador de dinero que le permita tener algo de liquidez. Pero al naufragio de este barco le cayó la tormenta del coronavirus encima. “La única salvación es que todos empujemos”, señaló con sinceridad, hace un par de días el rector, quien a pesar de todo no pierde la esperanza.