La Universidad en la mira

El 13 de octubre no fue un día feliz en la Universidad del Valle. En una ceremonia solemne, con casi 5.000 espectadores que entre proclamas y flores reclamaban el derecho a la vida, la institución confirió grados póstumos a algunos de sus estudiantes.

Uno de ellos era Julián Andrés Hurtado. Julián, de 30 años, estudiante de ciencias políticas pero aspirante al grado por una tecnología en atención prehospitalaria, había fallecido ocho días antes por una bala que dos desconocidos plantaron en su cabeza.

Seis días después de la ceremonia, la Universidad del Cauca también se vistió de luto. Milton Troyano, un estudiante de biología de 32 años, fue encontrado en el Parque Mosquera, al noroccidente de Popayán, con un tiro en su mejilla derecha.

Aunque Julián y Milton nunca cruzaron palabra, tenían algo en común: ambos eran reconocidos líderes estudiantiles. La comunidad universitaria protestó por el miedo que estos asesinatos les infunden, y porque suponen que no son casos aislados.

El 9 de octubre, estos mismos estudiantes pidieron una cita con el ministro del Interior, Carlos Holguín, a quien no vieron, pero le dejaron un documento en el que resumían los hechos en los que basan su preocupación: panfletos en las universidades del Cauca, Nariño, Valle y Amazonía, todos firmados por presuntos bloques paramilitares que ya se han desmovilizado, como el Calima y Libertadores del Sur.

"Con el asesinato del líder estudiantil Julián Andrés Hurtado, se confirma que los grupos paramilitares quieren perturbar la tranquilidad y la independencia de la Universidad del Valle", dijo a los medios el gobernador del Valle, Angelino Garzón, un día después del fallecimiento de Hurtado.

Un mes después, el primero de noviembre, Numa Andrés Paredes, estudiante de filosofía y representante ante el Consejo Académico de Univalle, dejó Cali por una serie de llamadas intimidantes recibidas en el Consejo. "Entiendo que haya gente a la que le molesten ciertos discursos de los universitarios. El problema es cuando el otro no tiene más argumentos que las balas", expresa Numa. Hoy dos compañeros suyos del Consejo preparan maletas para partir por un tiempo, pues también están amenazados. "No sé cuál sea el nivel de riesgo real, pero este ha sido el año que más he conocido compañeros de universidades públicas desplazados".

Hace una semana y media, el vicerrector de la Universidad Nacional, Fernando Montenegro, denunció que seis profesores de esa institución habían recibido amenazas y aseguró que no era la primera vez que docentes o estudiantes se veían amedrentados.

Una fuente de la Universidad que prefirió omitir su nombre manifestó que esta, por ser la más importante y la más grande entre las estatales, suele ser objeto de conflicto, lo que no justifica que sea blanco de los actores armados. Cuando Montenegro denunció las amenazas, expresó que las alma máter deben ser centro de debate académico, pero ajenas a la problemática que vive el país.

Juan Carlos Giraldo, de la Universidad de la Amazonía, y Andrés Vidal, de la Universidad del Cauca, también tuvieron que abandonar Florencia y Popayán por la misma razón. Juan Carlos, de 22 años, estudiante de contaduría pública y presidente del Consejo Estudiantil, fue víctima de un atentado el 28 de noviembre, cuando dos sicarios en moto llegaron a su casa a disparar. Juan Carlos salió ileso y salió de la ciudad, sin graduarse y con un futuro en el limbo.

Por su parte, Andrés, amenazado por primera vez el 14 de junio, representante de la Facultad de Educación, recibió en su casa el 4 de octubre un aviso que le decía: "Ya es hora de que entienda la seriedad de nuestras advertencias, señor", y estaba firmado por el Bloque Calima.

Ese mismo día, horas antes de su asesinato, Julián Hurtado también recibió amenazas. Sin embargo, recién ocurrido su homicidio, el Movimiento Nacional de Autodefensas Desmovilizadas publicó un comunicado en el que negaba responsabilidad alguna por el hecho, argumentando que el Bloque Calima se desmovilizó por completo desde 2004 y que su única disposición era la de "acatar el ordenamiento jurídico establecido por el Estado colombiano".

En el norte del país la situación no varía. Guillermo Baquero, estudiante de ingeniería ambiental de la Universidad de La Guajira y ex representante estudiantil ante el Consejo Superior, se marchó de Riochacha en julio, después de 11 meses de llamadas atemorizantes. "Empezaron a seguirme, extraños iban a mi casa a preguntarme y tuve que mudarme. El Ministerio del Interior me metió en un programa de protección por el que me dieron un celular y dinero, pero mi esperanza es empezar a trabajar en mi área", afirma Baquero.

Hace unos días el turno fue para la Universidad de Cartagena. En una carta dirigida a sus voceros estudiantiles, en la que se nombraba específicamente a dos de ellos, supuestos miembros del Bloque Norte de las AUC les aconsejaban "dejar la huevonada... del comunismo disfrazado". Y el jueves pasado, a la Universidad del Atlántico llegó un comunicado de las 'Águilas Negras', también amenazando a líderes universitarios, entre otros.

"Vemos una cosa bien preocupante, que es como una segunda generación de grupos paramilitares, o que dicen serlo para intimidar", expresó a SEMANA Arnulfo Bayona, integrante de la Dirección Nacional del Polo Democrático Alternativo, partido que ha seguido de cerca estas denuncias.

El 25 de mayo, Amnistía Internacional reseñó un par de casos: las amenazas recibidas por estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia, por un grupo que se hace llamar Autodefensas de la Universidad de Antioquia, y el agravio por escrito que llegó a la puerta de la casa de un activista estudiantil de la Universidad Industrial de Santander, firmada por el Grupo Anticomunista Universitario.

El vicerrector general de la Universidad de Antioquia, Martiniano Jaime Contreras, concluye: "Las amenazas no pasaron a mayores. La Fiscalía investigó, pero nunca se pudo determinar el origen de los correos intimidantes".

Desde antes de las elecciones presidenciales, el jefe de la Misión de la OEA para la verificación del proceso de paz con las autodefensas, Sergio Caramagna, advirtió la reagrupación de desmovilizados en regiones como Norte de Santander, Nariño, Antioquia y algunas zonas de la Costa Atlántica. Sin embargo, para las autoridades colombianas, la relación entre esos nuevos grupos y las amenazas en las universidades no es muy clara.

Los investigadores de la Policía se inclinan más por la teoría de bandas delincuenciales que aprovechan la estela de las acciones paramilitares para actuar de modo similar. Pero mientras las averiguaciones continúan, es un hecho que el conflicto del país sigue latente en el escenario universitario.

Jorge Giraldo, director de Ciencias Políticas de la Universidad Eafit, quien además ha sido docente por más de 10 años en universidades públicas, considera que estas situaciones hay que tomarlas con pinzas: "Creo que hay una actitud muy ingenua, que se asume por naturaleza que el estudiante es inocente. Las universidades son un reflejo de lo que sucede en el país, y el grave problema de la penetración de grupos ilegales es algo que la sociedad tiene que abordar de una manera menos insensata".