Rionegro, la valorización más cara del país

Tras muchos debates y polémicas, hace un par de semanas en Bogotá el Concejo de la ciudad aprobó el cobro de 906.579 millones de pesos por valorización, que pagarán los propietarios de 380.489 predios. En Rionegro, el pueblo que se ha convertido en foco de expansión de Medellín y que alberga al aeropuerto José María Córdova, la alcaldía anunció que cobrará 450.000 millones de pesos entre 130.000 habitantes y predios. Probablemente el aporte per cápita más costoso que se haya cobrado en el país.

El dinero servirá para construir 29,5 kilómetros de carreteras en 12 proyectos viales, obras que costarían 645.000 millones de pesos, de los cuales el municipio financiará 100.000 millones con un crédito y 90.000 millones más con recursos propios de la alcaldía. Si bien para muchos rionegreros algunas vías ayudarán a mejorar la movilidad del municipio, que se infarta los fines de semana por la avalancha de visitantes de Medellín, el aporte para muchos resulta ruinoso.

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La polémica en torno a esta valorización ha crecido tanto, que el propio gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le pidió al alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón, revisar esta iniciativa y comparar los precios con los que han aplicado Bogotá y Medellín. En estas, el número de propietarios de estratos altos, empresas e industrias supera con creces los de este municipio.

Gonzalo Vásquez, empresario y vocero de quienes han empezado a protestar por los cobros, que comenzarán en enero, asegura que el precio del kilómetro de las obras es muy costoso. Según su propia investigación, en doble calzada cuesta entre 5.000 y 7.000 millones, mientras que en Rionegro costaría unos 20.000 millones de pesos. “Tenemos personas a las que les están cobrando hasta 16.000 millones de pesos por una valorización. Eso es una infamia. Nosotros no nos oponemos a la valorización, pero le pedimos a la Alcaldía que nos sentemos a revisar bien esos proyectos y los costos”, dice Vásquez. Además, asegura que muchas personas que pagarán unas cifras millonarias no se beneficiarán de las carreteras.

Ana María Mejía, secretaria de Desarrollo Territorial de la Alcaldía, reconoce la creciente inconformidad, pero asegura que “tenemos todo el soporte técnico de cómo se hizo la valorización por beneficio general y de acuerdo con la capacidad de la tierra del municipio de generar riqueza”. Y agrega que los cobros millonarios que les han llegado a algunos ciudadanos no son efectivos sobre personas naturales, sino sobre matrículas inmobiliarias y fiducias. Todo ello porque la zona rural del pueblo es conocida por sus grandes parcelaciones y fincas de recreo.

“Hicimos un estudio muy juicioso de la capacidad de los rionegreros para pagar. Incluso la capacidad económica de la tierra está en 645.000 millones y nosotros hicimos una distribución por 450.000 millones. Estos avalúos no los hicimos nosotros, los realizó la Lonja de Medellín”, dice Mejía.

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A su vez, el alcalde ha insistido en que los empresarios de la construcción que se están lucrando con los nuevos proyectos de altísimo valor en su municipio deben aportar para que el municipio crezca: “Es hora de que quienes han tenido la maravillosa oportunidad de comprar tierra a menos de 50.000 pesos el metro cuadrado y hoy la venden a 900.000 pesos nos ayuden a financiar las obras”.

Los rionegreros y los empresarios temen sobre todo que el valor de la valorización se le debe sumar al activo, lo que tendría efecto sobre la renta presuntiva y para el impuesto al patrimonio. “Esto haría, en muchos casos, imposible pagar los impuestos adicionales que esta valorización generaría. El daño tributario a los propietarios es de una magnitud que no hemos imaginado”, dice Vásquez.

Por el momento, el alcalde no quiere dar el brazo a torcer soportado en estudios técnicos y muchos ciudadanos se han organizado para protestar y están preparando decenas de demandas. Aseguran que si bien las obras son importantes, los montos a pagar atentan contra el patrimonio de las personas, muchos de ellos campesinos y trabajadores humildes, además de no ser prioritarias para el desarrollo municipal. Por ahora, la polémica en vez de terminar apenas comienza.