La verdad: ¡de frente!

Llegó la hora de desenterrar la verdad y recuperar a la primera víctima de la violencia. El próximo 28 de noviembre, cuando la Comisión de la Verdad abra sus puertas, comienza la catarsis colectiva que durante tres años le permitirá al país comenzar a cicatrizar las heridas. La semana pasada se hizo pública la hoja de ruta que seguirán los 11 comisionados encargados de construir un relato común en torno al conflicto armado. No se trata de un código de procedimiento ni de directrices de una investigación académica, sino del proceso social y político que seguirá el país en la construcción de un relato común.

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La tarea no es fácil. El conflicto colombiano es excepcionalmente largo y permeó todo el territorio con una multiplicidad de actores. Como resulta imposible escucharlos a todos, la labor se concentrará en los lugares donde hubo más sufrimiento, se impuso a rajatabla el silencio y hay riesgo de que reviva la violencia. Esto, sin embargo, no quiere decir que los comisionados pierdan de vista las demás regiones, sino que trabajarán bajo el esquema de 11 subzonas apadrinadas y delimitadas bajo la misma lógica por donde dejó su huella el conflicto. Es decir, no todo Córdoba, por ejemplo, pertenece a la región Caribe: una parte se incluye allí, pero el resto está con Antioquia.

Aunque los comisionados coordinarán todo el sistema desde Bogotá, en cada uno de los territorios desplegarán Casas de la Verdad con profesionales y líderes sociales que jalonarán el trabajo en territorio. Desde ellas articularán los equipos móviles que estarán escuchando a la gente, documentando casos y organizando actividades de reconocimiento. Con ellas buscan quitarle ritmo a la violencia y materializar la integralidad del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Los militantes del partido de la Farc tienen el mayor número de cartas en cola. Entre las misivas aparecen los nombres de Rodrigo Londoño y Tanja Nijmeijer. Sin embargo, antes de escucharlos, la comisión trabaja en construir una ruta que no limite su participación a una única vez, sino a un proceso de retroalimentación continua que se extenderá por lo menos tres años. Solo así, contrastando fuentes, entenderán los elementos comunes que rodean las masacres, los secuestros, el despojo de tierras, las ejecuciones extrajudiciales que fomentan la impunidad, la estigmatización y la censura.

“No hay intención de ocultar lo inocultable. Cometimos errores, vamos a comparecer y fortalecer el trabajo de la comisión. El 28, por ejemplo, tenemos el compromiso de entregar un borrador del asesinato de los concejales de Rivera (Huila)”, le contó a SEMANA el senador Julián Gallo Cubillos. Y es que la Farc viene reconstruyendo la visión que tiene “de la participación de la guerrilla en el conflicto”. De hecho, delegaron a Mauricio Jaramillo y Benkos Biohó para coordinar la elaboración del documento. En el caso de los militares, pasa igual y están perfilando su vinculación al proceso. Este fin de semana, por ejemplo, 20 oficiales sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz se reunirán en Santa Marta con algunos comisionados. A pesar de que la comparecencia es voluntaria, los rodea un hilo invisible de condicionalidad por tratarse de un sistema integral. Aunque sus aportes no pasarán a la justicia para la paz, su participación en la Comisión de la Verdad sí se medirá en el corte de cuentas. Deben ofrecer verdad plena. Por eso, rinden testimonio en dos dimensiones: ¿a usted cómo le fue en el conflicto? y ¿usted qué hizo?

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Su compromiso, sin embargo, no terminará allí. Como parte de las actividades contempladas, tendrán que tener disposición para participar de las audiencias públicas de reconocimiento. En un formato similar a los actos de perdón que protagonizaron las Farc frente a las víctimas de Bojayá y La Chinita, deben participar de las acciones reparadoras que impulse la comisión en los territorios. Ahora bien, falta ver qué tanto se ve menguada la asistencia por falta de un posconflicto más tranquilo.

Para explicar el origen y la persistencia del conflicto los comisionados priorizaron 13 puntos: 1) Las más graves violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 2) Las responsabilidades colectivas del Estado, las Farc y paramilitares. 3) El impacto humano, social y de los territorios del conflicto. 4) En la democracia y en los partidos. 5) Entre los combatientes, sus familias y entornos. 6) El contexto histórico, causas y sus orígenes. 7) Los factores que facilitaron la persistencia y la prolongación. 8) La actuación del Estado, las guerrillas, los paramilitares. 9) El fenómeno del paramilitarismo en todas sus dimensiones. 10) El desplazamiento y el despojo de tierras. 11) La relación del narcotráfico, en todos sus eslabones. 12) Las experiencias, resistencia y resiliencia. 13) La transformación positiva de las instituciones y organizaciones a lo largo del conflicto armado.

El año 1958 es el punto de partida. En su trabajo de alistamiento, los comisionados tumbaron la tesis clásica de comenzar a partir de la fecha en que nació la insurgencia y escucharon el consejo de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares que presentó sus argumentos sobre el inicio de la guerra. Pero otro ingrediente se sumó a la hora de tomar la decisión: en el Frente Nacional se empieza a explicar por qué es tan difícil construir la paz. En efecto, la ‘Comisión de Rehabilitación’ creada tras la Violencia terminó en letra muerta.

La Comisión promoverá un ejercicio profundo de participación y pedagogía de los diferentes sectores de la sociedad para así poder lograr los cambios. “Nosotros no pensamos en la no repetición como una lista de recomendaciones. Lo que buscamos es cómo incidir en los actores que hacen que la violencia se repita. Por eso es muy importante ver la convivencia como una oportunidad para construir, disminuir la polarización y aprovechar las intervenciones de reconocimiento para contribuir a la generación de climas más propios para poder hacer la tarea”, le explicó a SEMANA la comisionada Martha Ruiz.

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Llegó la hora de la verdad. A pesar de que la comisión no tomará caso por caso, apenas unos cuantos, los más representativos, servirán para explicar patrones y no solo situaciones. Cuesta arriba arranca la búsqueda del origen de la guerra y su posterior degradación. Si bien el mayor desafío, desde su nacimiento, ha sido ganar legitimidad en un contexto polarizado, ahora los comisionados se enfrentan a la limitación que implica un recorte de recursos –apenas recibirán 83.676 millones de los 130.000 que solicitaron para funcionar– y la incertidumbre de un posconflicto cada vez más violento.