El espinoso y duro camino de la verdad ante la JEP

La búsqueda de la verdad, tras el apaciguamiento de los fusiles, parece contener ahora un peligro: ¿será un instrumento que cicatrice las heridas que dejó en la sociedad tantos años de conflicto o se tornará, por el contrario, en una caja de Pandora de la que saldrán nuevos odios y guerras?

Esa gran encrucijada surgió entre los colombianos esta semana, cuando vieron desfilar ante el Tribunal para la Paz al primer general y a parte de la cúpula de las Farc para hablar, respectivamente, sobre falsos positivos y los secuestros. También, cuando la Comisión de la Verdad pidió que se le entregaran los archivos que guardan los secretos sobre cómo el Estado ejecutó la guerra.

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Aunque desde hace un año se viene montando la arquitectura de la justicia transicional que se diseñó en La Habana, apenas ahora el país empezó a ver su engranaje. El primer movimiento ocurrió el lunes, cuando el general retirado Henry Torres Escalante se sentó frente a los seis magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, donde ratificó su voluntad de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al tiempo que se declaró inocente.

El general, excomandante de la XVI Brigada del Ejército, está acusado de ejecuciones extrajudiciales. El proceso más avanzado en su contra tiene que ver con el crimen de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años respectivamente, acribillados en marzo de 2007 por militares bajo su mando, quienes los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Las pesquisas que adelantó la justicia ordinaria apuntan a que los hombres fueron asesinados antes de que declararan sobre otros casos de falsos positivos cometidos en la región del Casanare.

Los voluminosos expedientes por ejecuciones extrajudiciales rondan las 6.000 víctimas, en las que estarían involucrados cerca de 3.500 miembros de la fuerza pública. Sin embargo, más del 80 por ciento de los implicados son soldados y suboficiales. Frente a esto, las organizaciones de derechos humanos, las víctimas y la propia Corte Penal Internacional han cuestionado la ausencia de responsabilidad de los altos mandos. Hace poco más de dos años, la Fiscalía reaccionó asegurando que tenía a 16 generales bajo la lupa. Torres Escalante es uno de ellos.

El general retirado Henry Torres Escalante (derecha) con su abogado Jaime Granados al momento de suscribir el acta de sometimiento a la JEP. El exoficial se declaró inocente e hizo un ‘mea culpa‘ por los actos criminales cometidos por sus soldados. Foto JEP. 

En medio de ese espinoso contexto se dio la comparecencia del general ante la JEP. Y por ello su intervención fue polémica. El exoficial aseguró (tal como ha sido su postura ante la justicia ordinaria) no haber cometido delitos, pero a título de comandante hizo un mea culpa por los actos de sus subordinados: “Quiero pedir perdón a las víctimas por el daño causado, con la esperanza de que esto nunca vuelva a suceder”, aseguró.

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La postura del general profundiza el abismo que hay respecto a lo que es verdad. De un lado están quienes comprenden que se trata de aceptación de responsabilidad frente a las víctimas, a cambio de superar el conflicto y recibir beneficios judiciales como penas blandas. Del otro lado están personas como el general Torres, que dijo: “La verdad no es aquella que incluye una aceptación de responsabilidad”. El exoficial espera hacerse con los beneficios de la justicia transicional –ya solicitó libertad condicional– sin variar su postura. En palabras de su abogado, Jaime Granados, el compromiso con la verdad “no implica reconocer responsabilidad de lo que no es culpable”. El debate está servido.

Y mientras el general se defendía, el requerimiento de la Comisión de la Verdad al Ministerio de Defensa agitó aún más la discusión. En una carta de 40 puntos solicitó un mar de información reservada desde 1953 hasta hoy: informes de inteligencia, contrainteligencia y manuales operativos; órdenes de batalla y los procesos penales contra miembros de las Fuerzas Armadas; documentos de operaciones en fronteras y países vecinos; y hasta las hojas de vida de quienes han sido agentes secretos.

El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux,  se reunieron para discutir una fórmula que permita el acceso a la información secreta de la guerra. Foto: Comisión de la Verdad

La carta produjo una polvareda. En varios sectores el requerimiento se leyó como un despropósito, a pesar de que la solicitud se ampara en el Decreto 588 que dio vida a la Comisión de la Verdad y que ya fue avalado por la Corte Constitucional. El propio presidente de la comisión, Francisco de Roux, tuvo que salir a apaciguar los ánimos. El jesuita admitió que la información específica sobre individuos era un yerro: “No nos interesa. No la necesitamos”. Y explicó que aunque la lista era amplia y densa, no significa que vaya a agotarse de comienzo a fin, sino que son ejes sobre los que trabajarán a lo largo de los tres años que dura su misión.

En rigor, la comisión tiene la potestad para acceder a la información más sensible sobre la guerra; de ahí que el presidente Santos haya ordenado atender el requerimiento. Pero una cosa es tener el mandato y otra empezar a ejercerlo. Una de las voces más críticas fue la de los miembros de la reserva activa que divulgaron la carta, resaltando que acatarla conllevaba un peligro de Estado. El expresidente Uribe hizo coro. A través de su cuenta de Twitter manifestó que “entregar información de inteligencia militar a enemigos internos o externos es tradición a la Patria. Es muy clara la intención. Ley de Inteligencia protege esa información”.

De otro lado, está el mandato constitucional que tiene la comisión, de naturaleza extrajudicial y cuya misión es comprender a profundidad las raíces del conflicto, identificar patrones y proponer medidas para evitar que este se replique en adelante. En síntesis, se trata de explorar a fondo hasta identificar las responsabilidades en las que incurrieron los protagonistas de la guerra y sentar las bases de la no repetición.

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El Ministerio de Defensa no ha sido la única institución involucrada en el proceso. El Centro Nacional de Memoria Histórica, las Unidades de Víctimas y Restitución de Tierras también están revolcando archivos. Además, la comisión deberá escuchar a las víctimas, particulares y a quienes conformaron las Farc. De hecho la exguerrilla igualmente recibió hace unas semanas un documento espejo al de las Fuerzas Armadas. El problema es que, por la complejidad de la guerra y la naturaleza clandestina de la subversión, difícilmente las Farc conserven archivos documentales. En esa medida, sus relatos orales serán claves. Y eso, precisamente, es lo que arrancó esta semana cuando los jefes exguerrilleros fueron citados por la JEP para empezar a reconstruir la verdad sobre la barbarie del secuestro.

Sin embargo, el país se quedó sin la foto de la cúpula de las Farc sentada en frente de los magistrados de la JEP. Apenas cuatro excomandantes cumplieron la diligencia que estaba programada para el viernes. Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo y, desde prisión, Jesús Santrich. Los otros 27 citados enviaron abogados.

Apenas tres excomandantes de las Farc (y Jesús Santrich por teleconferencia desde la cárcel) acudieron a la primera cita con la >JEP para hablar del crimen del secuestro. Foto: JEP

Con la diligencia se abrió formalmente el caso 001 de la justicia de paz que versará exclusivamente sobre el delito del secuestro. Es inmenso el dolor que causaron las Farc a través de este crimen. En el informe que la Fiscalía le entregó a la JEP, insumo base del caso, el secuestro se cataloga como un delito transversal a la historia de las Farc, pues “el grupo promulgó lineamientos expresos sobre su comisión y lo reivindicó abiertamente como un mecanismo de financiación, presión política y control social”.

El informe, y sus miles de anexos, relaciona 6.162 investigaciones atribuibles a las Farc, agrupa 8.163 víctimas y 4.314 procesados. El 82 por ciento de los secuestros se concentran entre los años 1994 y 2005; los años 2001 y 2002 son los de mayor afectación con 1.517 (25 por ciento) investigaciones. La denuncia más antigua data de 1977.

Es sobre ese universo de secuestros que las Farc deben responder, tratándose apenas del primer fenómeno criminal en trámite ante la JEP. El panorama es tanto o más lúgubre que el que ofrece el fenómeno de los falsos positivos, por el que serán emplazados muchos de los 2.159 miembros de la fuerza pública que se han presentado ante el Tribunal para la Paz. A su vez, son esas solo dos expresiones de barbarie –secuestro y falsos positivos– dentro de las muchas que debe analizar a profundidad la Comisión de la Verdad.

Así las cosas, el país comienza agitar una discusión en la que muchos sienten que hay responsabilidades que apuntan en su contra. La búsqueda de la verdad tiene una dimensión de riesgo y otra de necesidad. Al arranque del espinoso debate conviene recordar que la esencia del proceso de paz consiste en obtener las respuestas que vienen buscando las víctimas por décadas. Y para que a estas alturas la búsqueda de la verdad (judicial como histórica) no se convierta en una pala que cave nuevas trincheras de sangre, son cruciales la seriedad y la serenidad.