La verdad del general Maza

Con 77 años, el general retirado Miguel Maza Márquez juega su última carta para limpiar de su historia de cazanarcos el asesinato de Luis Carlos Galán. Luego de dirigir el DAS por seis años, el oficial terminó ante el sistema judicial, que lo encontró responsable en calidad de coautor del magnicidio más doloroso de finales de los ochenta. La Corte Suprema de Justicia condenó al general a 30 años de cárcel por el crimen, producto de una alianza de paramilitares y mafia con la cúpula del DAS.

Maza Márquez, al tiempo que purga su condena, lleva dos años tocando las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Asegura que los hechos por los que los juzgaron guardan estrecha relación con el conflicto (argumento que rechaza la familia Galán), y que por tanto el tribunal de paz debe revisar su sentencia.

Una primera instancia en la JEP rechazó el expediente del general. Pero este apeló e insiste en que su proceso debe tener una nueva oportunidad. Maza quiere mucho más: recalca su inocencia y aspira a recuperar la libertad. Su apelación está en manos del tribunal de cierre de la JEP, que decidirá esta semana.

Maza pretende entrar a la JEP con una confesión de tres capítulos. El primero es el más jugoso y relevante para la verdad histórica. El oficial asegura que altos oficiales del Ejército, que a su vez ocuparon altos cargos en el Estado, planearon el magnicidio, lo ejecutaron y encubrieron los autores materiales. Para convencer a los magistrados, Maza relaciona a seis oficiales vinculados a inteligencia militar, de quienes se ha acreditado una alianza con paramilitares de tiempo atrás. No obstante, los trae a colación a manera de contexto para que la JEP sepa que son pistas concretas y que la información que está dispuesto a aportar es veraz. 

En su ofrecimiento, Maza comienza a armar un rompecabezas en cuyas piezas centrales, por ahora, aparecen miembros de inteligencia militar que habrían entrenado paramilitares, conseguido armas y realizado alianzas macabras con el narcotráfico. Encabeza la lista el capitán Luis Javier Wanumen Camargo, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 50 meses de cárcel por los delitos de intercepción de correspondencia oficial y cohecho. En 1991, el oficial cayó en manos de las autoridades mientras portaba documentos que demostraban que los tentáculos del cartel de Medellín habían infiltrado las entrañas de los servicios de inteligencia militar. En los papeles estaban los detalles de un atentado con carro bomba contra el propio general Maza, ejecutado cinco días después.

Luis Carlos Galán era candidato presidencial cuando fue asesinado en la plaza principal de Soacha

El general también trae a colación el papel del teniente Luis Antonio Meneses Báez, conocido como Ariel Otero, quien tras una larga carrera en el Ejército, se unió a los paras en calidad de jefe y contribuyó para que mercenarios israelíes –como Yair Klein– entrenaran tropas en Colombia. “Asumió la comandancia de la estructura criminal y coordinó la recepción de material armamentístico venido de Israel, armas con las que se cegó la vida de Galán”, asegura el exdirector del DAS.

Además, subraya el papel del mayor Óscar Echandía Sánchez, exalcalde militar de Puerto Boyacá, que admitió ante la justicia haber participado en la formación de grupos paramilitares entrenados por mercenarios extranjeros. Echandía es un eslabón clave de la alianza de militares, autodefensas y carteles del narcotráfico. El general Maza también refiere al general Jorge Salcedo Victoria, de quien recuerda la confesión de su hijo. Este último aseguró haber contactado en Londres al mercenario David Tomkins para que impartiera cursos de formación paramilitar en el Magdalena Medio. De allí –dice– salieron los autores materiales del magnicidio.  

 Asimismo, en el documento que revisa la JEP aparece el nombre de Carlos Humberto Franco, quien se desempeñó como agente de control de Luis Eduardo Rueda Rocha (autor material del magnicidio), y entregó carnés del B2 a los gatilleros para facilitar su ingreso al lugar de los hechos y su posterior escape. Junto a ellos, Maza menciona al coronel Luis Bohórquez Montoya, excomandante del Batallón Bárbula. Esta es la cuna de varios protagonistas paramilitares como Alonso de Jesús Baquero, alias Negro Vladimir; Diego Viáfara Salina, y los autores materiales del homicidio de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial por la UP. 

El general Maza, quien hizo su carrera en la Policía, considera infortunado que los investigadores sigan sin explorar la participación de altos oficiales del Ejército en el magnicidio. “No es de poca relevancia la información que puedo suministrar por la acción u omisión de altos mandos militares en los hechos atribuidos a los grupos paramilitares”, señaló. Enfatiza que esta relación sirvió de plataforma no solo para el magnicidio, sino para auténticos crímenes de lesa humanidad como el genocidio de la Unión Patriótica (UP).

Maza dirigió el hoy extinto DAS entre mayo de 1985 y septiembre de 1991. En ese periodo murieron asesinados algunos dirigentes de la UP como Pardo Leal, José Antequera, Teófilo Forero, Bernardo Jaramillo Ossa, y otras figuras de la izquierda como Carlos Pizarro. En todos estos casos, las víctimas habían solicitado la protección del DAS.

El general tendrá el reto de controvertir una condena histórica en su contra basada en las declaraciones de algunos jefes paramilitares, con Ernesto Báez a la cabeza. El excomandante del bloque Magdalena Medio de las AUC murió hace un mes, después de confesar los detalles de la alianza de Maza Márquez con el paramilitar Henry de Jesús Pérez, fundador de los grupos paras en el Magdalena Medio. Según Báez, Pérez obtuvo unas grabaciones que dejaban mal parado a comandantes del Ejército y al general Maza, y estas le habrían servido de mecanismo de presión para sellar el apoyo del Estado en múltiples crímenes. Báez señaló que el líder de las AUC se comprometió a colaborar con el DAS en la persecución de Pablo Escobar a cambio de que esa entidad ayudara en la fuga de la cárcel La Picota al asesino de Galán, Jaime Eduardo Rueda Rocha, quien efectivamente se fugó. Esta versión pesó en la condena que finalmente expidió la Corte Suprema de Justicia contra Maza.

¿Corrupción judicial?

Maza Márquez se compromete a referirse a un segundo capítulo relacionado con su proceso penal ante la Corte Suprema. El general asegura que funcionarios judiciales que conocieron del caso “le exigieron altas sumas de dinero a cambio de proferir una decisión favorable”. Maza apunta a que por cuenta de la corrupción, el Estado colombiano incumplió su deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los reales autores y partícipes de graves violaciones a los derechos humanos.

Maza no confesará su participación en el crimen de Galán, pero sí asevera que organizaciones criminales penetraron el organismo de seguridad que dirigió. De modo que en el tercer capítulo de su confesión hará un mea culpa por las deficiencias estructurales del DAS, lo que permitió a los criminales infiltrarse en algunos niveles.   

 El tribunal de cierre de la JEP se pronunciará esta semana y agotará en su decisión diversos problemas legales. ¿Maza puede ser considerado combatiente por el fuero que tuvo como policía, o como un agente de Estado al haber dirigido una entidad de inteligencia civil? ¿El magnicidio de Galán es un crimen enmarcado en el conflicto y por tanto de competencia de la JEP? ¿Quién debe conocer la información que Maza entregará sobre la alianza DAS, paramilitares y mafia para cometer crímenes como el exterminio de la Unión Patriótica? ¿La JEP o la Corte Suprema de Justicia?

En los próximos días, el general conocerá las respuestas a esos dilemas y el país sabrá si el caso de Galán aterriza en la justicia transicional. O si se mantiene en la ordinaria, donde, al cabo de 30 años, registra pocos resultados. Si la JEP lo acepta, Maza avanzará hacia su segundo propósito: que su contribución a la verdad le alcance para conseguir la boleta de libertad y para limpiar su nombre. Todo eso está por verse.