La verdadera revolución

Es mas definitivo que el referendo, más radical que el ajuste fiscal y va a dar tanto de qué hablar como la red de informantes. El proyecto del gobierno de Alvaro Uribe para nombrar por concurso a los directores regionales de Trabajo, del Sena, Bienestar Familiar, Seguro Social, Icetex y a los jefes que ejercen el control interno en las entidades públicas nacionales podría representar un cambio fundamental en el país.

El anuncio del presidente Uribe en su posesión, de que implantaría una meritocracia en los institutos descentralizados, era de por sí una suerte de declaratoria de guerra a la clase política. La razón es que el poder de senadores y representantes para repartir el empleo regional está en la médula del sistema político colombiano.

Un equipo liderado por el vicepresidente, Francisco Santos, y el secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, está sacando adelante, sin mucho bombo, este revolcón. Y, por lo visto, el gobierno va mucho más allá de sus declaraciones de intención. Ya se han definido los perfiles profesionales de los cargos por ocupar -unos 150 directores regionales de las entidades mencionadas arriba- y unos 230 funcionarios de control interno. Esta semana van a hacer la convocatoria pública para que se presenten los interesados.

"Estamos conformando un equipo en el que participen la Universidad Nacional y las firmas de cazatalentos, o 'head hunters', para definir cómo vamos a hacer la selección de ese personal", explicó a SEMANA el vicepresidente Santos. La idea es que los aspirantes presenten un examen diseñado para cada cargo, quienes saquen los puntajes más altos sean entrevistados y luego se escojan unos finalistas para que el director de la entidad decida con quién se queda. Pueden concursar quienes hoy ocupen estos cargos, en igualdad de condiciones con los aspirantes nuevos.

Según Velásquez se quiere llevar a cabo el proceso al menor costo posible. El gobierno incluso espera que los head hunters privados puedan aportar gran parte de su trabajo ad honorem en esta primera etapa.

"Vamos a tener que hacer una alianza con varias firmas cazatalentos por el tamaño de la búsqueda", dijo José Vicente Pombo, presidente de una de ellas, Korn Ferry International, y explicó que el gobierno ya les cursó las invitaciones para que participen.

La lógica detrás de la iniciativa es, por supuesto, mejorar el servicio al ciudadano de estas entidades con directores más idóneos y disminuir la corrupción al romper el matrimonio congresista-recomendado que ha probado ser tan dañino. Por último, el objetivo es acabar con el círculo vicioso del clientelismo, que consiste en que la entidad no presta un buen servicio porque es gerenciada por un recomendado no necesariamente idóneo; y como la gente no recibe buena atención acude al político regional que tiene palanca en la entidad para que le ayude. Así mantiene el congresista su clientela: mientras peor servicio preste la entidad local más tienen que recurrir los electores a su ayuda.

Desmontar este andamiaje de poder ni es fácil ni es la primera vez que se intenta. Desde 1938, bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se trató de nombrar algunos cargos públicos por mérito. La carrera administrativa se creó en 1957 y sólo 10 años después se puso en práctica, pero no funcionó. Treinta años más tarde, cuando Virgilio Barco era presidente, un equipo de expertos seleccionó a una verdadera meritocracia para que entrara a la dirección del gobierno. Pero de los 300 talentos seleccionados ninguno fue nombrado. Y apenas hace cuatro años el primer decreto del presidente Andrés Pastrana fue precisamente para nombrar en el Estado sólo a los más competentes. Sin embargo se aplicó sólo en tres entidades: Telecom, Ecopetrol y el Banco Agrario.

De los 817.000 empleados públicos que tiene el Estado a nivel nacional solamente 92.000 están en carrera administrativa, lo cual indica que las buenas intenciones no han tenido tanto éxito. Las normas de la meritocracia siempre han chocado con los intereses de sectores políticos acostumbrados al clientelismo y al pago de favores con cargos públicos. Y no sería extraño que al gobierno Uribe le pase lo mismo. "Se van a rebotar porque para los congresistas las cuotas regionales son muy importantes", dice un ex funcionario del gobierno Pastrana.

Esto no es teoría y los casos son muchos. Como lo documentó Votebien.com casi todos los congresistas tienen cuotas en las entidades descentralizadas en sus regiones. Así, por ejemplo, Efraín Cepeda tiene el ISS en el Atlántico, Piedad Zuccardi controla el Sena en Bolívar, Oscar Darío Pérez la regional antioqueña del Seguro Social y José María Imbet tiene cuota en el Icbf de Bolívar. Es de esperar que ellos y sus colegas defiendan a capa y espada su intermediación en la escogencia de personas para estos cargos.

Un antecedente interesante es el de la administración de Antanas Mockus en Bogotá, que llevó adelante su plan de nombrar por concurso contra viento y marea. En lugar de contratar cazatalentos, varias universidades desarrollaron cursos que servían para seleccionar a los mejores aspirantes. "Nos encontramos con gente que nos decía: 'ustedes nos devolvieron la dignidad", cuenta Alicia Eugenia Silva, secretaria privada del alcalde Mockus. Pero algunos concejales sintieron que les cambiaron las reglas del juego y, por supuesto, le han al hecho la vida imposible al alcalde a la hora de gobernar.

Los argumentos en favor de los nombramientos por concurso son aparentemente imbatibles, sobre todo en Colombia, donde el reinado de los políticos ha dado tan pobres resultados. No obstante hay argumentos que cuestionan este remezón burocrático. Primero, tener la capacidad no necesariamente implica tener la honestidad (de hecho, dos gerentes de Telecom nombrados por concurso salieron con orden de captura). Y segundo, muchos temen que por ese camino los políticos se queden sin funciones en la democracia. Según ese argumento, por ejemplo, si no se quiere que los parlamentarios intermedien en los nombramientos del Sena o del Icbf es importante que tengan entonces mayor juego en la distribución del presupuesto en sus regiones. Para los defensores de esa posición es cierto que se deben eliminar los vicios del clientelismo, pero una democracia no puede vivir sin los políticos quienes, al fin y al cabo, representan a los ciudadanos. Si se quedan sin funciones se vuelven prescindibles y la democracia peligra.

El gobierno tiene una misión difícil por delante. Por un lado, es bueno que los ciudadanos competentes e idóneos tengan oportunidades sin palancas para dirigir las entidades públicas y que éstas funcionen mejor. Pero, por el otro, debe conseguirlo sin que el Congreso bloquee su proyectos vitales y lo deje prematuramente con poca margen de gobernabilidad.