La zozobra se apodera de Cali por llegada de minga indígena: ¿qué hay detrás de esta sorpresiva movilización?

Las huellas del estallido social producto del paro del 28 de abril en Cali aún son visibles. Y no solo por los locales comerciales vandalizados, que hoy solo son fachadas de escombros –así como las estaciones del Masivo Integrado de Occidente (MIO) quemadas y destruidas–, sino por la agitación comunitaria que actualmente hace de la capital del Valle una ciudad polarizada. Una urbe repleta de miedos, divisiones y zozobra. Las secuelas de las feroces manifestaciones del primer semestre del año todavía son palpables en algunos sectores.

Prueba de ello es el anuncio de la llegada de la minga del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) el próximo 10 de diciembre a la ciudad para adelantar una protesta contra el Gobierno nacional. Desde el aviso mismo de la movilización, en Cali el rumor corrió como si se tratara de la preparación para una nueva guerra civil.

Sectores más radicales, representados por la congresista María Fernanda Cabal dejaron saber que la minga no será bienvenida de nuevo en Cali. ¿Qué marcó esa división tan profunda en la capital del Valle?

Durante las protestas y bloqueos que mantuvieron a Cali secuestrada por al menos dos meses, la minga indígena hizo presencia en la ciudad: sirvieron como protectores humanos para impedir el libre tránsito de personas y vehículos al interior de la ciudad, capturaron a supuestos policías infiltrados en las movilizaciones y aplicaron sus leyes en una ciudad donde la autoridad brilló por su ausencia en aquellos días.

Sin embargo, el episodio que rebosó la copa y creó el panorama de división actual fue el enfrentamiento entre la minga y ciudadanos de la Comuna 22, específicamente el barrio Ciudad Jardín.

Indígenas vandalizaron vehículos, entraron a conjuntos residenciales, dañaron viviendas, y algunas personas de ese barrio salieron armadas con ganas de hacer justicia por mano propia. El saldo: ocho comuneros nativos heridos con arma de fuego, daños por doquier y una huella imborrable –aún– de dolor, división y odios.

El paro finalizó, pero los rencores todavía están vivos. Por eso, cuando la minga anunció su regreso a Cali, la zozobra se apoderó de hasta el más optimista. María Fernanda Cabal fue la primera en lanzar pullas: “Pues no se lo vamos a permitir y todos los caleños tienen que salir a protestar porque si él quiere su minga, pues que se la lleve a su casa”.

Y aunque el mensaje parece ser de título personal, sí ha calado en muchas personas, especialmente de la Comuna 22, que no ven con buenos ojos una posible retoma de la ciudad y un nuevo periodo de protestas.

Hermes Pete, consejero del CRIC, respondió a Cabal con un tono más subido y desafiante: “(...) A eso vamos a Cali y también les decimos que si nos buscan, nos van a encontrar. Nosotros no vamos en son de pelea, vamos pacíficamente, pero vamos preparados porque si nos atacan tendremos que defendernos, nosotros no vamos a generar desmanes (...) Saldremos el 8 de diciembre y seguramente, si el Gobierno no avanza con las garantías, seguramente tampoco habrá Navidad”.

Esa última frase amenazante es la que hoy abre un panorama preocupante de qué pueda ocurrir en Cali a partir del 10 de diciembre.

Para el experto en seguridad, Gustavo Orozco, no hay duda de que la situación se pueda salir de control y termine en un nuevo estallido social en plena época decembrina, con la reactivación económica a cuestas y al menos dos megaeventos culturales (Festival Petronio Álvarez y Feria de Cali) financiados y a punto de realizarse.

“Ellos vienen bajo el manto de protesta, pero realmente el mensaje que están mandando es el de provocación. Dicen por un lado que se movilizan pacíficamente, pero por el otro que la Navidad está amenazada y que aquí la gente tiene que aguantar lo que ellos quieran hacer”, señala Orozco.

Dice también que de parte de la administración de Jorge Iván Ospina hay una total complacencia para que los indígenas lleguen a Cali y se instalen por los días que ellos consideren necesarios.

“Yo no tengo ninguna duda que esto se pueda salir de control, porque Ospina les abre las puertas, pero no les está exigiendo nada a cambio”, agrega.

Los pronunciamientos del alcalde Ospina frente a esta nueva movilización indígena han sido en favor de la minga: “Con respeto siempre y constituyendo un protocolo de llegada, la minga, como colombianos, puede transitar por cualquier parte del territorio”.

Lo único cierto hasta el momento es que no hay certeza de cuál será el papel de la minga en Cali, ni por qué protestan en esta ocasión. No se sabe cuánto tiempo, ni dónde se quedarán en la ciudad.

Para el analista político y social, Santiago Londoño, la llegada per se de la minga indígena no representa ningún peligro para la ciudad; sin embargo, su presencia en Cali sí podría envalentonar a sectores más radicales que participaron de las diferentes primeras líneas durante las protestas. Aquellos que aún no están conformes y quieren revivir el caos.

“No es de descartar que en el marco de la llegada de la minga, otras agrupaciones como los que pertenecieron a la primera línea y hoy no están conformes, reactiven las protestas. Hay secuelas del desorden que se vivió en el paro y la falta de autoridad en esos días”, dijo Londoño.

¿Quién manda en Cali?

La llegada de la minga indígena también ha acabado de desnudar la fractura en la relación entre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Esta última sí puso límites para la estancia de los comuneros en la ciudad.

“Respetamos las marchas y la protesta social, pero respetando la ley. No vamos a permitir un bloqueo más, no vamos a permitir desmanes y vandalismo”, señaló. Y además, agregó: “Me da mucha tristeza que el comunicado indígena diga que no habrá Navidad, porque de esa forma las autoridades tendremos que tomar medidas y prepararnos para ello”.

El tire y afloje entre Ospina y Roldán viene desde el paro nacional, cuando la gobernadora tomó la decisión de cerrar el departamento para evitar la llegada de más indígena a Cali, ciudad que es distrito especial, y por lo tanto no se acoge a reglamentaciones departamentales.

En Ciudad Jardín, sector del sur de Cali que conecta con Jamundí, último municipio del Valle antes de pasar al Cauca, los ánimos están caldeados. Olga Naranjo, miembro de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 22, asegura que ellos respetan la protesta pacífica, pero condenan el vandalismo.

“Rogamos por que ellos vengan en son de paz, porque aquí no queremos confrontaciones, queremos es que haya paz; sin embargo, muchas personas me han manifestado su temor por que se repitan hechos como los ocurridos durante el paro”, asegura.

Y es que durante el paro nacional, Cali llegó a tener activos más de 57 bloqueos. Todas las entradas a la ciudad estaban taponadas, había cobro de peajes urbanos, la comida y gasolina escasearon, los niveles de violencia tocaron techo, fueron vandalizados por completo centros comerciales, entidades bancarias, red semafórica, cámaras de fotomultas, así como un sinnúmero de pequeños comercios.

La ciudad estuvo a merced de la ley del más fuerte y todo salió mal. Por eso, hoy esos fantasmas atormentan, porque las secuelas del dolor y la zozobra aún están ahí.

La llegada de los indígena reaviva esos miedos y puede traer consigo el segundo round de un baile de sangre que inició durante las confrontaciones civiles en medio del paro.

La protesta en Colombia es un derecho, pero en las actuales circunstancias, una movilización de esa magnitud solo crea un escenario propicio para que los más radicales saquen provecho nuevamente.