POLÍTICA

Estas son las 10.600 leyes inútiles y obsoletas que se eliminarán

El proyecto de ley fue aprobado por la plenaria del Senado y ahora solo le resta la sanción presidencial. Se trata de leyes que van desde el año 1869 hasta 1991 y que resultan anacrónicas a la luz de las disposiciones constitucionales actuales.

19 de junio de 2019
El proyecto busca la concreción y efectividad de las normas que componen el ordenamiento jurídico. | Foto: Archivo SEMANA

El sistema normativo de Colombia tendrá 10.667 normas menos, entre leyes y decretos con fuerza de ley, que en la actualidad resultan obsoletos. Son normas que en algunos casos son contrarias a las disposiciones constitucionales actuales o que regulan instituciones que ya no existen. La plenaria del Senado aprobó la conciliación del proyecto de ley y con esto solo resta la sanción presidencial para que la depuración normativa sea un hecho.

El largo listado de normas para eliminar fue identificado en las oficinas y dependencias jurídicas de los sectores de la Administración Pública Nacional. El Ministerio de Justicia lideró el proyecto junto a algunos parlamentarios como Andrés García Zuccardi y Roosvelt Rodríguez de La U; Eduardo Enríquez Maya, conservador, Miguel Ángel Pinto, liberal y Carlos Baena, del Mira.

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Se trata de leyes que van desde el año 1869 hasta 1991. Por ejemplo, la Ley 424 de 1871 que fue decretada por el Congreso de los Estados Unidos de Colombia y reglamentaba el "reintegro del 3 por ciento a ciertos pensionados que capitalizaron su pensión". También la Ley 45 de 1875 que concede una pensión a la señora Juana de los Santos Pimienta de Padilla, viuda del oficial de la independencia Francisco Padilla, a quien se le otorgaban 16 pesos.

Según el Ministerio de Justicia en total hay 1.558 normas sobre obras, contratos, adjudicaciones y transporte; 2.165 sobre créditos, gastos y temas presupuestales; 603 referentes a asuntos administrativos y organizacionales del Estado; 845 sobre comercio, agricultura, industria y ambiente; y 1.084 relacionadas con lo laboral y la seguridad social.

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“Ayuda a dar mayor claridad a las reglas aplicables para que sean conocidas no solo por la población y las autoridades, sino para que sean apropiadas, generen una cultura que fomente el rechazo generalizado hacia la ilegalidad y ayuden a construir de manera permanente una convivencia pacífica y sólida”, explicó Juanita López Patrón, viceministra de Promoción de la Justicia.

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