Las cortes están en la mira del Gobierno Petro; aquí están 5 hechos clave en la persecución: chuzadas, seguimientos y presiones

En el camino de las reformas y grandes ambiciones de Gustavo Petro, como la asamblea nacional constituyente, hay una talanquera enorme y casi imposible de demoler: la Corte Constitucional. Se trata de una institución insigne, creada por la carta de 1991, que es un ejemplo para América Latina y que ha protegido al país de los excesos de todos sus gobiernos desde entonces. No solo les ha permitido a millones de colombianos salvaguardar sus derechos sino que ha sido uno de los más importantes contrapesos de la Casa de Nariño desde su creación.

Por eso, encendió las alarmas la carta que uno de sus miembros, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, le envió a la fiscal Luz Adriana Camargo. En esta, el jurista denuncia cómo él y su esposa están siendo víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal que incluye chuzadas telefónicas, seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes. Todo por cuenta de su trabajo como magistrado en la Corte.

El hecho de que la Corte Constitucional pueda estar en la mira de los organismos del Estado generó un enorme malestar y también abrió grandes temores. Son muchos los temas que ese alto tribunal ha estudiado y que afectan al Gobierno. Y serán muchos más los que vienen. La constituyente es el de más grueso calibre.

La denuncia de Ibáñez no es un hecho aislado. Estos son los graves hostigamientos que se han vivido en el Palacio de Justicia y que se cruzan con debates sobre los grandes intereses del Gobierno.

1. La chuzada a Ibáñez

El magistrado de la Corte Constitucional parece no tener dudas de lo que ha estado viviendo. Al menos eso deja claro en la misiva que recibió la fiscal Camargo. El tema es tan grave que el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, convocó a una reunión con la jefe del búnker.

El contenido de la carta lo ameritaba. “Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidas, y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”, decía la misiva.

“También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...). Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”, agregaba la carta conocida en exclusiva por SEMANA.

2. El robo y el hostigamiento al magistrado Botero

En medio del candente debate para la elección de fiscal, el magistrado de la Corte Suprema, Gerardo Botero, lanzó un campanazo también muy grave. La corporación era la que tenía misión de elegir el reemplazo de Francisco Barbosa, quien había sido muy crítico a la Casa de Nariño, y la presión sobre esa elección era enorme.

Botero envió un documento a Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, en el que pedía una visita “urgente” del organismo internacional. Contaba allí el asedio sistemático a la Corte Suprema que desencadenó la retención violenta de los togados el 8 de febrero.

El magistrado no le daba rodeos y apuntaba también a la Casa de Nariño. “El poder ejecutivo y algunos miembros del legislativo han venido generando expresiones que cuestionan y presionan las decisiones que debe tomar la Corte Suprema”, decía la misiva.

La denuncia tenía nombre propio: “Si bien en ciertas publicaciones el presidente Petro señala que la Corte Suprema supuestamente tiene su respaldo, de manera continua y confusa hace llamados para deslegitimar y poner en entredicho la decisión respecto a la elección de la persona que será elegida como fiscal; convoca a diferentes actores del Estado para hostigar nuestra tarea constitucional y, además, contrario a todo lo sucedido, desmiente la gravedad de los hechos a partir de los cuales nos vimos retenidos de manera forzosa”.

Botero, además, fue víctima de un extraño robo en esos días. El jurista pertenece a la sala laboral y fue quien interpuso una tutela, porque consideraba que en la conformación de la terna a fiscal no se tuvo en cuenta la diversidad de género, y que debía haber, al menos, un hombre.

Desde ese momento, el magistrado decía que vivía una dura persecución que incluía el acoso y los insultos en redes, pero también un robo que lo obligó a interrumpir sus vacaciones. En enero, en plena vacancia judicial, el magistrado recibió la llamada de una vecina advirtiendo sobre movimientos sospechosos en la puerta de su casa. Llamó a las autoridades judiciales para que fueran a verificar y lo que encontraron fue aterrador: delincuentes entraron a la vivienda, revolcaron todo y se robaron el computador personal de Botero. Él no tiene duda de que quienes ingresaron a su residencia estaban buscando algo en particular y, al parecer, lo lograron. En su estudio revisaron cajón por cajón y se llevaron el portátil y otros dos equipos.

3. El asedio a la Corte Suprema

Para presionar la elección de fiscal, el presidente Petro convocó muy a su estilo a la gente a las calles. La manifestación, el pasado 8 de febrero, terminó en una imagen que trajo un horrible déjà vu la tragedia del Palacio de Justicia, en la toma del M-19.

Centenares de personas con las banderas de ese grupo guerrillero se agolparon a la salida de la Corte y no dejaron salir a sus magistrados. El presidente terminó justificando los hechos al decir que “la protesta del pueblo no es contra la justicia, sino contra la mafia que se toma la justicia”.

La realidad fue que 23 magistrados tuvieron que ser sacados por las autoridades. El magistrado Botero, en su carta, hace un recuento de todos los trinos del primer mandatario que alimentaron esa insurrección. “Ese mismo día, incluso, el presidente publicó un trino en el que decía: ‘Comienza la marcha por la decencia en Colombia’, y reposteó lo que sucedía en diferentes lugares del país, con mensajes en contra del fiscal Barbosa y la Corte”, señala la queja del magistrado a la ONU.

4. La amenaza de quitar los recursos a la justicia

Hace unos meses, el Gobierno hizo un anuncio que parecía ser una retaliación a las decisiones de la Corte Constitucional. La Corte tumbó el artículo 19 de la reforma tributaria de 2022, que prohibía que las empresas minero-energéticas pudieran deducir en su impuesto de renta los pagos realizados por regalías. Con esta disposición se aspiraba a recaudar hasta cuatro billones de pesos.

La Corte determinó que la normativa vulneraba los principios de justicia y equidad tributarias, previstos en la Constitución, porque grava un gasto como si fuera una utilidad, a pesar de que no incrementa el patrimonio del contribuyente. Los ponentes fueron los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Cristina Pardo Schlesinger.

“Le toca al ministro de Hacienda, después de esta decisión que no puedo compartir, recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”, dijo el presidente Petro, quien además acusó a la Corte de “expropiar” a los colombianos y de actuar en perjuicio de la transición energética. A su juicio, el dinero que esperaba recaudar se iba a invertir en la lánguida transición que aún no despega.

La salida de Petro generó críticas. Muchos lo acusaron de querer intimidar al poder judicial y en especial a la Corte, que no era la primera vez ni fue la última que declaró inconstitucional sus iniciativas.

5. “Sé de muchas voces gritando por allí: ‘Tumben la emergencia de La Guajira para que no le den tanto poder a Petro’”

El presidente también se despachó contra la Corte Constitucional cuando esta tumbó la emergencia económica que la Casa de Nariño había decretado para La Guajira. La discusión en el alto tribunal dejó claro que había comenzado a preocupar la concentración de poderes en la Rama Ejecutiva, el uso de los estados de emergencia y el hecho que hace seis años ya se había emitido una sentencia para solucionar la grave crisis en el departamento.

Petro siempre ha expresado su molestia por esa decisión. Este año, en La Guajira dijo: “Entonces expedimos los decretos de emergencia para llevarle agua a La Guajira y en la reforma tributaria se aprobó que no se podían deducir del impuesto de renta, unos gastos que son en realidad derechos de la nación, porque somos los dueños del subsuelo, por orden constitucional, las regalías. Se juntan las dos sentencias, una tumbando los decretos de emergencia y la otra quitando, permitiendo la desdeducibilidad de regalías en el impuesto de rentas”.

“En el primer caso, y ahora lo estamos viendo, impidiendo medidas rápidas para que el agua pudiera llegar al niño pobre contrario a lo que la misma Corte había dicho antes, que era un estado inconstitucional de cosas”, agregó el mandatario.