Las amenazas contra la magistrada que interrogó a Salvatore Mancuso

El Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla dio a conocer que la magistrada Cecilia Leonor Olivella, encargada de interrogar al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso, ha sido “blanco de execrables intimidaciones” y amenazas por parte de grupos paramilitares.

“No se meta en líos haciendo preguntas al comandante Mancuso contra personas del Cesar”, dice el texto que recibió la magistrada, haciendo referencia a las preguntas que le planteó a Mancuso sobre el frente Mártires del Cesar de las AUC.

El escrito, firmado por el “Comité Nacional de Combatientes de las AUC de Colombia”, pide también a la funcionaria “no preguntar sobre lo que no le corresponde”.

“No comprometa a su familia. No se las dé de verraca, deje de estar preguntando lo que no les corresponde”, se lee en la misiva.

En las mismas amenazas, ese grupo paramilitar asegura disponer de “todas las grabaciones de las audiencias” y señalaron a la magistrada de querer “comprometer a las AUC”.

Tras las amenazas, la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, que viene realizando los interrogatorios de manera telemática, emitió un comunicado denunciando los hechos y respaldando a la magistrada, quien “interrogó exhaustivamente” a Mancuso para dirimir si podía acogerse al proceso legal de desmovilización promovido por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

“Este es el primero de muchos procesos en los que figura”. Mancuso, el cual, recuerda el comunicado, “inició su tránsito ante la Sala de Conocimiento”, que dictará sentencia por los crímenes cometidos cuando comandó el Bloque Norte de las AUC.

Por eso, dice el tribunal, “indagar sobre su grado de compromiso con las víctimas y con la verdad, más que una potestad de la Sala, es un mandato constitucional”.

El presidente de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, Carlos Andrés Pérez, consideró que “si se están recibiendo amenazas es porque se está haciendo la labor como lo manda la Constitución”.

En entrevista con la emisora W Radio, el magistrado dijo que ha pedido, tanto al fiscal general, Francisco Barbosa, como al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, plenas garantías para que puedan seguir con el proceso.

Mancuso, conocido también con el alias de Santander Lozada, fue condenado en 2008 a 15 años y 10 meses de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, tras ser deportado durante el Gobierno Uribe, después de haber estado sujeto desde 2005 a las políticas de desmovilización.

Anteriormente, había cumplido una pena de 19 meses en una cárcel de Itagüí, un municipio situado en el norte Colombia, por lo que, y amparándose en el sistema penitenciario estadounidense, pudo optar a la libertad anticipada debido a su buena conducta en prisión.

Mancuso ha reconocido haber estado implicado en, al menos, 300 asesinatos, entre los cuales estaban las víctimas de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió por sumarse la ley de Justicia y Paz.

El hombre, cuya extradición desde Estados Unidos se ha postergado debido a la crisis del coronavirus, tiene abiertos dos procesos judiciales en Colombia por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi mil personas y más de una treintena de desapariciones forzadas.

Después de que el Gobierno cometió varios errores de forma en la tramitación de la extradición, las autoridades están agotando la vía diplomática antes de que se ejecute su traslado a Italia, pues cuenta con la nacionalidad de este país europeo.

El pasado viernes, en diálogos con población indígena, el exjefe paramilitar reconoció su responsabilidad en la muerte del líder indígena Kimmy Pernía, algo que calificó como un crimen de Estado que se dio por orden, según él, del exjefe paramilitar Carlos Castaño.

El diálogo se dio en medio de una jornada organizada por la Comisión de la Verdad, en la que participa también Rodrigo Londoño, jefe del partido Farc.

Con información de Europa Press