Miserables | Paramilitares humillaban a mujeres: ni escotes, ni faldas cortas; las amarraban y violaban

Basta con leer las más de 500 páginas del informe que le entregaron el Ejército y la Fundación Colombia Líder a la Justicia Especial para las Paz (JEP) frente a las AUC para revivir más de una herida. El documento, condensado en relatos crudos, con cifras, citas académicas y contexto de las ocho divisiones de la institución militar, describe cómo las Autodefensas Unidas de Colombia penetraron el poder, se movieron por varias regiones, impusieron su ley y se llevaron por delante a centenares de víctimas.

El texto, elaborado durante casi seis años con apoyo de varias universidades del país y conocido en exclusiva por SEMANA, le permitirá a la JEP identificar la verdad del resurgimiento del paramilitarismo hasta su extinción desde la visión de los militares que enfrentaron este fenómeno ilegal en el país, e incluso en algunos casos se dejaron permear por su oscuro poder militar.

El libro recuerda cómo entre 1995 y 1996 los grupos de autodefensas que se movían como pez en el agua en el Cesar se camuflaron bajo la sombrilla de la legalidad, se convirtieron en asociaciones y se registraron ante la Superintendencia de Vigilancia como empresas que brindaban servicios de seguridad “también conocidas como Convivir”. El país, hasta el momento, desconocía el monstruo que se escondía bajo los documentos estatales.

La sociedad Renacer Cesarense Ltda. era una de ellas. Domiciliada en Bogotá, obtuvo licencia de funcionamiento por dos años y según sus documentos ofrecía vigilancia móvil en San Alberto, San Martín, Río de Oro, Aguachica y Gamarra, todas localidades del Cesar. La Asociación Los Arrayanes forma parte de las empresas disfrazadas de la época.

El informe militar recorre la incursión de las AUC por varias regiones del país, entre ellas el Magdalena Medio. Allí, los paramilitares controlaban el comportamiento femenino. Avergonzaban a las mujeres, las humillaban, les exigían barrer las calles, les cortaban el cabello o las amarraban a postes, palos y árboles toda la noche sin proveerles alimentos. Al final, ocurría lo inesperado: las violaban.

Los paracos –se lee en el documento– no permitían que las mujeres hablaran entre ellas. “Lo consideraban chismoseo” y aquellas que se atrevían a hacerlo y eran descubiertas las castigaban”, se lee. Las damas evitaban los escotes, las faldas cortas. Temían atrapar la atención de un jefe paramilitar porque podrían terminar presas de sus encantos.

La comunidad LGBTI puso su cuota de víctimas a manos del paramilitarismo. Blademir Morales Rojas, Duván Javier Álvarez y Jorge Armando Cabanzo fueron víctimas de homicidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento, según se lee en la sentencia contra Arnubio Triana Mahecha, exparamilitar que ejerció como comandante de las AUC en el Magdalena Medio desde 1990 hasta 2006.

En esa misma región del país, Ramón Isaza, temido jefe paramilitar, implementó la desaparición forzada. Le exigía a su tropa no dejar a las víctimas en carreteras o en los pueblos ante la mirada de testigos. Prefería lanzar a sus muertos al río “para no dejar rastro y así no tener que pagar deudas a la Justicia”. En Puerto Boyacá implementó las famosas escuelas de entrenamientos, desde donde les enseñó a sus hombres a descuartizar y lanzar sus víctimas a los afluentes.

En ocasiones inhumaban a la víctima en una fosa común, pero tiempo después la extraían para sepultarla en un lugar distinto con el objetivo de distraer a la Justicia. En otras, incineraban o desmembraban a quienes caían en sus garras. “Solían lanzar los cuerpos sin vida por un precipicio, ladera, barranco o río para dificultar su ubicación o se terminaran perdiendo de forma definitiva”, narra el Ejército basado en la sentencia condenatoria contra Iván Roberto Duque o Ernesto Báez en el 2017.

Los relatos son estremecedores y, aunque algunos parecen salidos de ciencia ficción, ocurrieron y están documentados por los militares y las víctimas. Otra práctica era obligar a su objetivo a cavar su propia tumba. La humillaban y la sometían antes de aniquilarla.

Está documentado cómo las AUC del Bloque Catatumbo y el Frente Héctor Julio Peinado utilizaban distintas técnicas de asfixia y ahogamiento con quienes cometieron faltas. Las ahogaban “amarrándoles bolsas con detergente en la cabeza hasta bloquear sus vías respiratorias, enrollaban toallas mojadas con sal para ganado hasta provocarles asfixia, vómito y quemadura por las fosas nasales. Las colgaban en árboles con sogas atadas al cuello y las sumergían en baldes con agua con sal o las amarraban con una silla e inclinaban su cuerpo hasta sumergirles la cabeza en un balde repleto de agua con sal, de manera cíclica”, relatan.

Los guerrilleros de las FARC o el ELN, sus principales enemigos, corrían con la peor suerte: los mutilaban antes de asesinarlos. “Amarraban a la víctima de un árbol con las manos atrás y le cercenaban las orejas”, se lee en el libro. También los electrocutaban: les ponían cables en todo su cuerpo e iban generando dolor.

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En Tibú, Norte de Santander, en el Catatumbo, las AUC tenían instaladas casas de tortura o casas del terror. Una de ellas estaba ubicada en el corregimiento de La Gabarra, específicamente en la vereda Campo Dos. La casa –documentó el Ejército– tenía un apariencia normal a las demás, pero en su patio tenía una prisión, dos celdas que sirvieron de celestinas a la tortura y desaparición.

En algunos capítulos del informe, algunas divisiones del Ejército van más allá de su verdad y hacen reflexiones sensatas sobre el origen de los grupos guerrilleros y las autodefensas.

La Cuarta División que opera en Meta y Guaviare explica que “(…) se da como consecuencia de la ausencia del Estado, es decir, la ausencia de un sistema de justicia efectivo, de vías de comunicación, de un sistema de educación, comercio, oportunidad y en efecto de una seguridad en forma de la presencia de las fuerzas militares. Aquí es donde surge un fenómeno denominado espacio vacío, el cual proviene de los aportes en geografía política de Saúl Cohén”.

Tienen claro además que la presencia de las Fuerzas Militares no soluciona el dilema de la ausencia estatal. “El surgimiento de las Autodefensas se da por la incapacidad del Estado de atender las necesidades propias de la seguridad del territorio, además del inadecuado manejo de la distribución de la tierra y el poco control del monopolio de las armas y el poder armado”.

La Cuarta División del Ejército le informó además a la JEP que “no se puede pasar por alto las grandes extensiones de territorio que están bajo su jurisdicción y, así mismo, las difíciles condiciones de acceso (…)”.

Y concluye que en algunas regiones, entre ellas, Meta, Guaviare y Vaupés, la ciudadanía consideró a las autodefensas como una medicina para aliviar el cáncer que se vivía en la zona como consecuencia de las atrocidades de las extintas FARC. “Sin medir el alcance de sus decisiones, permitieron que las AUC se convirtieran en una medicina que nunca sanó, sino que, por el contrario, trajo mucha más desgracia y desorden a lo largo y ancho del territorio”.

El comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, dijo en la investigación académica denominada Reflexiones sobre el fenómeno de las autodefensas en el territorio desde la perspectiva del Ejército que “su institución considera injustos los daños causados por las acciones que desconocen el respeto por los derechos humanos e intencionalmente infringen las normas del Derecho Internacional Humanitario; en estos casos, siempre, la carga penal y sanción moral por las víctimas causadas debe recaer sobre los agresores”.