Las cifras que deja el robo de vehículos de la UNP en 2023: incrementó frente al 2022

Los robos de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) han experimentado un marcado aumento durante el año 2023, según datos revelados por la entidad. En comparación con el año anterior, se registró un incremento sustancial, desafiando las expectativas de seguridad.

Durante el 2023, un total de 38 vehículos fueron robados, marcando un aumento considerable respecto a los 20 casos reportados en 2022. Entre estos, 14 eran vehículos blindados y 21 convencionales, entre otros, subrayando una tendencia preocupante hacia objetivos de mayor seguridad.

Esta noticia llega como un golpe para la UNP, cuya misión es salvaguardar la integridad de ciudadanos cuya protección se determina mediante exhaustivos estudios de riesgo. El aumento en el robo de vehículos compromete directamente la eficacia de los esquemas de seguridad implementados para ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

El informe anual también destacó que la situación es más crítica en comparación con años anteriores. En 2022, se había celebrado una aparente victoria con la disminución a 20 vehículos robados, en contraste con los 31 del 2021.

Además, no solo los vehículos se encuentran en la mira de los delincuentes. En el departamento de Chocó, se ha reportado el robo de motores de lanchas utilizadas para la protección de ciudadanos, intensificando la preocupación por la seguridad en la región.

Este preocupante aumento en la incidencia de robos plantea preguntas urgentes sobre la eficacia de las medidas de seguridad implementadas y destaca la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de protección de la UNP.

Deficiencias en asignación de medidas de protección de la UNP

Como si fuera poco, un informe sectorial elaborado por la Contraloría General de la República reveló una serie de deficiencias en el proceso de asignación de medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Colombia.

Entre los años 2019 y 2022, se presentaron 114,703 solicitudes de medidas de protección, de las cuales solo 10.459 resultaron beneficiadas, lo que representa el 9,1 % de las solicitudes y el 26,6 % de las evaluadas.

Este estudio también destacó que el costo de las medidas de protección entre 2021 y 2022 alcanzó los 1,9 billones de pesos, lo que equivale al 63,5 % del presupuesto ejecutado por la UNP durante ese período.

Los gastos principales se relacionaron con el pago de personal de escoltas (1,08 billones) y el alquiler de vehículos (644.653 millones). Además, se señaló que existen diferencias significativas en la configuración de las medidas de protección para diferentes grupos poblacionales, con altos funcionarios del Estado recibiendo medidas más costosas que otros grupos.

Al cierre del año 2022, 8.014 personas fueron beneficiarias de medidas de protección. Entre ellas sobresalen las comunidades indígenas y afrocolombianas, al ser las dos poblaciones con mayor número de beneficiarios (1.591), seguidas por 1.220 defensores de derechos humanos y líderes sociales, 473 desmovilizados en proceso de reintegración a la vida civil, 324 alcaldes y 298 senadores y representantes a la Cámara.

Sin embargo, el estudio aseguró: “Existen grandes diferencias en la configuración de las medidas de protección para los principales grupos poblacionales, las cuales se reflejan en los costos anuales”.

De acuerdo con la Contraloría, “mientras a un congresista le destinaron en promedio $ 374 millones anuales entre 2021 y 2022, para proteger a un defensor o líder social se emplearon $ 124,5 millones por año. Y en el caso de las comunidades indígenas y afrocolombianas, dicha cifra alcanzó un costo de 103,4 millones anuales”.