JUSTICIA

Las cinco 'papas calientes' del nuevo fiscal general

Francisco Barbosa deberá tomar las riendas de varias investigaciones que vienen generando polémica y sobre las cuales se demanda prontos resultados. Odebrecht, chuzadas y Diego Cadena, algunos de los casos que tienen la lupa de la opinión pública.

30 de enero de 2020
| Foto: Corte Suprema de Justicia

Francisco Barbosa, como alto comisionado para los Derechos Humanos, es uno de los hombres más cercanos al presidente Ivan Duque. Ahora como fiscal general tendrá que asumir las riendas de grandes investigaciones sobre las cuales se concentra una gran expectativa.

Chuzadas ilegales:

La Fiscalía tiene el desafío de sacar adelante las investigaciones por chuzadas a personalidades públicas y privadas desde varios frentes. El primero, llegar al fondo de las investigaciones frente a la existencia de una red de chuzadas orquestada por el coronel (r.) Jorge Humberto Salinas y el mayor Luis Mesías Quiroga, y que prestaba servicios de información reservada de privados y funcionarios. Varias de las interceptaciones ilegales a las que accedió esta empresa criminal se hicieron desde el búnker de la Fiscalía.

En contexto: 

También están pendientes de tomarse acciones frente a los hallazgos de una auditoría al Sistema de Interceptaciones del búnker, la cual arrojó graves irregularidades relacionadas al funcionamiento de la plataforma, incluyendo allí la existencia de una sala fantasma cuyo rastro está siendo reconstruido por los investigadores. Un tercer reto tiene que ver con las investigaciones que apenas comienzan por las chuzadas a magistrados, ONG y periodistas que se habrían realizado por militares desde el batallón de Facatativá, como lo denunció la Revista Semana. El tema es tan importante y causa tanto interés de los magistrados que fue uno de los interrogantes que la Sala Plena le planteó a los candidatos durante la entrevista.

La deudas de Odebrecht: 

En tres años del caso Odebrecht en Colombia, las investigaciones han dejado 91 personas indagadas, de las cuales 18 están privadas de la libertad, 39 indiciadas, 4 personas con imputación de cargos ante jueces, 12 acusados, 8 condenados y 6 en juicio. De este balance persisten pendientes respecto a la judicialización de los ejecutivos de la brasileña Éder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni, Amilton Ideaki y el mismo Yesid Arocha, quien fue abogado de la firma durante años. 

También está pendiente de resolverse el futuro de contratos que se presume fueron adquiridos mediante maniobras de corrupción tales como Navelena y Estabilidad Jurídica. En lo que concierne a la participación de Odebrecht en campañas electorales, también deberá al fin realizarse la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento a Esteban Moreno, David Portilla y Andrés Sanmiguel, claves dentro del capítulo de contratos ficticios firmados con la empresa Gistic Soluciones Integrales y su presunto desvío a los partidos del Gobierno Santos: La U, Cambio Radical y Liberal.

En su entrevista ante la corte, Barbosa indicó que el país "no se puede dar el lujo de tener el caso de Odebrecht en una especie de parálisis". Anunció que designará a dos delegados ante la corte para que se dediquen a darle celeridad a estas investigaciones y darle una respuesta pronta a la sociedad. "Buscaré una mayor colaboración de la Procuraduría de Brasil para seguir investigando los contratos simulados que se presentaron en este caso".

Diego Cadena, el abogado de Álvaro Uribe: 

Una de las actuaciones judiciales más sonadas de 2019 fue la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe en el marco de la investigación por presunta manipulación de testigos. El caso continuará a comienzos de 2020 en la Corte Suprema de Justicia con la definición de su situación jurídica, decisión que le corresponde a la recién creada Sala de Instrucción. Paralelamente, la Fiscalía citó para febrero 18 al abogado del exmandatario a imputación de cargos. Un juez de Bogotá decidirá si Diego Cadena va a la cárcel o no, también por el caso de manipulación de testigos.

Las investigaciones han arrojado hasta ahora que el abogado Cadena desembolsó dineros a favor de varios testigos que participaban en casos contra Iván Cepeda y el llamado grupo paramilitar de los 12 Apóstoles. Se tiene evidencia, por ejemplo, de al menos 7 millones de pesos que se le entregaron al exparamilitar Carlos Enrique Vélez: Cadena dice que era plata para viáticos, Vélez dice que era para testificar que Cepeda lo estaba presionado. Eurídice Cortés, alias Diana, también admitió pagos por 700.000 pesos, que son investigados por las autoridades.

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Relaciones con la JEP:

En la últimas semanas, una inconformidad frente a las competencias asumidas por la Justicia Especial para La Paz quedó plantada por la Fiscalía. Según el saliente fiscal (e) Fabio Espitia, el caso del exsenador Álvaro Ashton por el cartel de la toga deben ser de competencia de la Fiscalía y no de la JEP. Aunque este asunto quedó en un conflicto iniciado desde el búnker y que resolverá la Corte Constitucional, la forma en que se resuelvan choques como estos será clave para el futuro de los procesos. Barbosa fue uno de los impulsores del proceso de paz, no obstante, sus críticas a la Justicia Especial para La Paz le hicieron ruido durante su candidatura a la Fiscalía.

Durante su entrevista con la corte, Barbosa aseguró que tendrá "relaciones institucionales buenas" con la Justicia Especial de Paz. "Es un tribunal que cumple una función transicional. He sido un defensor de esa jurisdicción, era necesario plantearla para hacer ese cierre. He sido crítico de las implementaciones en diferentes campos y he creído que se debe fortalecer la rapidez para darle respuestas al país. Pero la respuesta es concreta, quiero tener la mejor relación con la JEP".

Investigaciones de crímenes a líderes sociales:

El recrudecimiento de la violencia contra quienes asumen la vocería de las comunidades, es un tema que tiene en alerta a las autoridades nacionales e internacionales. Se calcula que en Colombia se han asesinado en 2020 a 18 líderes sociales. El fiscal general (e.) Fabio Espitia aseguró que sólo en un caso de estos se ha comprobado la relación entre sus actividades y los móviles del crimen. El Ministerio del Interior, en cambio, reconoció 11 y se han denunciado 21. Las investigaciones por estos crímenes demanda celeridad y contundencia. Por ello, uno de los principales desafíos de Barbosa será sacar adelante estos casos que tienen la lupa puesta de todas las organizaciones de Derechos Humanos.