Lista la terna: ¿quién es quién en la batalla por la Procuraduría?

La escogencia del próximo procurador general de la nación acaba de entrar en su recta definitiva. Con los candidatos del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno quedó lista la terna que votará la plenaria del Senado en septiembre. Estas son las claves de la dura puja política que se avecina.

Hace cuatro años, Fernando Carrillo ganó con un amplio consenso y logró lo impensable al conseguir votos entre uribistas y santistas. Pero esta vez la pelea será distinta. Para empezar, la votación promete mostrar dos bloques totalmente opuestos, cada uno con intereses detrás.

Conforman el primer bloque la ministra de Justicia, Margarita Cabello, candidata postulada por el presidente Iván Duque, y el exmagistrado Wilson Ruiz, ternado por la Corte Suprema de Justicia.

Coincidencialmente, ambos tienen apoyo en el Centro Democrático y en el Partido Conservador, movimientos que sostienen la coalición oficialista en el Congreso. Sin embargo, al ser la candidata de la Casa de Nariño, Cabello parte con favoritismo y va a tener un mayor margen de negociación con los congresistas. Desde hace varias semanas, discretamente, la funcionaria ha venido adelantando su campaña.

Cabello cuenta además con el respaldo de la familia Char, que hoy controla el Senado gracias a que Arturo Char es el presidente de esa entidad. De hecho, ella quiso aspirar hace unos años a la Gobernación del Atlántico con el apoyo de los Char y la casa Gerlein.

Este respaldo de la costa, con seguridad, le va a abrir las puertas en un sector de Cambio Radical. Pero no solo eso. A la ministra de Justicia también la conocen por pertenecer a las entrañas del uribismo, pues el entonces presidente Álvaro Uribe la ternó en 2009 para ser fiscal general de la nación.

Hoy el presidente Duque se la juega a fondo para lograr que Cabello sea la primera mujer procuradora en la historia del país. En caso de que su apuesta tenga éxito y la ministra logre los votos necesarios en el Senado, el Gobierno pondría al jefe del poder disciplinario.

Esto sería algo atípico, pues en las últimas elecciones ha imperado la regla de que el candidato postulado por el Consejo de Estado se queda con el organismo de control, tal como ocurrió con Alejandro Ordóñez en 2008, o Fernando Carrillo en 2016.

Con eso se busca garantizar, en últimas, que las cabezas de la Justicia en Colombia no queden ligadas políticamente al Gobierno de turno, ya que el fiscal general sale de una terna conformada exclusivamente por el presidente. En el caso del contralor general, las altas cortes la conforman. Con Cabello como procuradora, por primera vez el fiscal y el procurador saldrían directamente del gabinete presidencial.

Hoy, por ejemplo, el procurador Carrillo ha actuado como un contrapeso. Su llamado a los funcionarios públicos para que respeten y no ataquen las decisiones de la Justicia, a raíz de la detención domiciliaria contra Uribe, es apenas una muestra de esa independencia.

A la hora de conseguir los votos en el Senado, el respaldo político del uribismo y los conservadores a la ministra Cabello puede jugar en contra de las aspiraciones de Wilson Ruiz, quien también es cercano a Uribe, al conservatismo y al Centro Democrático. Uribe lo postuló en 2008 para defensor del Pueblo.

En principio, Ruiz tiene una ventaja frente a Cabello. En efecto, tiene buenas relaciones con todos los partidos. En 2012, 174 congresistas le dieron su respaldo para el cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en una de las votaciones más altas registradas hasta ahora.

Tal como están las cosas, no se puede descartar que se presente una división entre los partidos que conforman la coalición de Duque alrededor de estos dos nombres. No obstante, el Gobierno es claro: hay que cerrar filas en torno a la ministra Cabello, y corre la versión de que varios ministros, tras bambalinas, están ayudándole a conseguir los votos en el Senado.

En este ajedrez también recuerdan lo ocurrido en la Cámara de Representantes con la elección del nuevo defensor del Pueblo, que terminó en manos de Carlos Camargo, respaldado por el Partido Conservador. Eso puede resultar adverso para la candidatura de Wilson Ruiz, pues rara vez dos entidades del tamaño e influencia de la Procuraduría o la Defensoría quedan en manos de personas afines a un mismo partido.

El exviceprocurador Juan Carlos Cortés integra en solitario el otro bloque. Reconocido por su origen liberal, fue viceministro de Trabajo de Rafael Pardo en el Gobierno de Juan Manuel Santos y llega a esta recta final tras ganarle la nominación del Consejo de Estado a Humberto Sierra Porto, uno de los juristas de mayor prestigio en el país y quien frenó la tercera reelección de Uribe en 2010.

Cortés, de entrada, va a aglutinar a los partidos de oposición a Duque y a los sectores alternativos e independientes, que se han hecho sentir en los últimos dos años en el Congreso. Se da por descontado que Cortés arranca con el apoyo del Partido Liberal, pero seguramente también de la Alianza Verde, el Polo, Farc y Colombia Humana. Así mismo, cuenta con simpatizantes en un grupo de La U y en las filas de Cambio Radical. Su objetivo consistirá en convertirse en una tercería viable, en medio de la división que pueda desatarse por la competencia entre Cabello y Ruiz.

En los próximos días, cada uno de los ternados tendrá un espacio en la plenaria del Senado para exponer sus planes para la Procuraduría. Se trata de una entidad poderosa, no solo por su nómina de 4.400 personas y su presupuesto de un billón de pesos al año, sino por su facultad de suspender o destituir alcaldes, gobernadores, ministros y demás funcionarios públicos.

En el Senado está prácticamente decidido que elegirán al nuevo procurador de manera presencial. Eso quiere decir que el presidente del Senado, Arturo Char, deberá organizar un protocolo hacia septiembre para garantizar la seguridad de los senadores que asistan al recinto.

En este tema, el Senado busca seguir el ejemplo de la Cámara de Representantes, que el viernes sesionó de manera presencial para elegir al defensor del Pueblo. También es clave blindar la elección del procurador de cualquier vicio de trámite por cuenta de la virtualidad.

Recientemente, la Corte Constitucional advirtió que las sesiones virtuales deben ser excepcionales e invitó a que la mesa directiva del Congreso le dé prioridad a las presenciales.

En esta batalla, el presidente Duque va a poner a prueba su coalición en el Congreso, que no ha sido tan efectiva. Con pocas victorias en esa instancia en sus dos primeros años, el Gobierno está empeñado en la candidatura de la ministra de Justicia.

Ese interés le va a dar argumentos a la oposición para criticar a la Casa de Nariño. Los senadores dicen que el presidente tiene fiscal, contralor, defensor y ahora buscará quedarse con la Procuraduría, con los riesgos que esto implica para la separación de poderes y la independencia judicial.

La elección del próximo procurador será intensa, porque además los partidos están hoy más divididos que nunca. Hasta el partido de Gobierno, el Centro Democrático, tiene un ala moderada y otra radical frente a la gestión de Duque.

La unanimidad que acompañó a Carrillo o al propio Alejandro Ordóñez no aparecerá en esta oportunidad. La coyuntura es distinta y el pulso de los poderes se libra en medio del contexto de la detención domiciliaria de Uribe, y del afán de Duque por concretar su agenda legislativa en el tercer año de gobierno, el más importante de todos.

Además es cierto que los tres aspirantes tienen buenas hojas de vida, larga experiencia y conocimiento para llegar a la Procuraduría, una entidad fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la corrupción.