Las claves de la defensa de Santos ante el Consejo Nacional Electoral

“Ni un solo indicio de favorecimientos, ni una sola prueba que vincule la campaña presidencial con la corrupción de Odebrecht. Jamás hubo una reunión en la que Juan Manuel Santos haya tocado el tema de financiación de su campaña con Odebrecht”.

Con esta frase arranca la defensa que elaboró el expresidente Juan Manuel Santos frente a la indagación preliminar que le abrió en agosto el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña reeleccionista en 2014. 

Este miércoles, Santos acude al CNE a dar sus explicaciones personalmente. Hace unas semanas, por escrito, envió sus planteamientos al tribunal. Allí afirma que todo obedece a un “montaje fraguado por sus contradictores políticos”, a un “canibalismo mediático producto de la polarización”, y señala estar en “total tranquilidad de conciencia y de espíritu”. Añade que “no tiene nada de qué defenderse ni ante la justicia ni ante el tribunal de la opinión pública”.

El expresidente aprovecha incluso para salir en defensa de Álvaro Uribe, Andrés Pastrana e Iván Duque, al comparar lo que ha ocurrido con Odebrecht en otros lugares de la región. “En Perú y otros países se comprobó que presidentes recibieron directamente sobornos. Aquí, por interés político, se ha querido equiparar los casos, cuando son totalmente distintos. Es absolutamente claro que en Colombia ningún presidente, ni Pastrana, ni Uribe, ni Santos, ni Duque, ha sido acusado, ni ha sido mencionado, ni siquiera a manera de insinuación o inferencia, de haber recibido algún tipo de soborno”, dice Santos.

Sobre la supuesta financiación irregular de sus campañas, que indaga el CNE, el exmandatario afirma que “nunca tuvo conocimiento, como quedó demostrado” de un aporte irregular en 2010 por 400.000 dólares para pagar unos afiches. Explica que lo supo seis años después, por la prensa. “El caso quedó cerrado por decisión de la Sala Plena del CNE el 2 de agosto de 2018. La Fiscalía, por su parte, también cerró el caso por no encontrar que se haya cometido delito alguno”.

Frente a la campaña de reelección de 2014, Santos dice que “no se ha comprobado ninguna contribución indebida”.

“En relación con la financiación de los partidos políticos, estos siempre han podido recibir recursos de personas jurídicas sin topes. Este es un procedimiento totalmente legal y considerado una práctica común. Cada partido tiene la responsabilidad de registrar esas contribuciones”, señala la defensa de Santos. Además, agrega que “delegó todo el manejo de los asuntos adminstrativos y financieros, y solicitó, como en efecto se hizo, que se extremaran los filtros para evitar aportes ilegales o de dudosa procedencia”.

Santos se refiere a las declaraciones entregadas a la Fiscalía por el empresario Andrés Sanmiguel, quien ha dicho que su firma Gistic Logistic Soluciones Integrales fue utilizada para mover unos 3.850 millones de pesos con destino a la reelección en 2014. “Esta persona no tenía ni tiene ninguna prueba concreta que soporte sus afirmaciones. Su credibilidad ha sido seriamente cuestionada por sus propios socios y amigos. Nadie en la campaña conoce o había oído hablar del señor Sanmiguel y uno de sus socios desde España lo calificó públicamente a través de los medios de mentiroso patológico”.

Santos también se refiere al empresario caleño Esteban Moreno. “Tampoco hizo parte de la campaña presidencial y tiene que declarar en la Fiscalía y explicar qué pasó con esos recursos, sus relaciones con las empresas mencionadas RGQ Logistic y Gistic Logistic, que nada tuvieron que ver tampoco con la campaña”.

“Si efectivamente suscribieron contratos con entidades privadas y movieron recursos, tendrán que explicar cada uno de esos movimientos y el destino final de esas platas. E incluso tendrán que aclarar cómo es ese episodio tan extraño y novelesco de que llegaron 20 escoltas y camionetas blindadas, que por supuesto no eran (como se ha insinuado) ni de la Presidencia ni de la campaña. Hasta ahora no hay una sola prueba de que esa plata haya entrado a la campaña. Y no la va a haber, a menos de que la fabriquen”, sostiene la defensa de Santos.

Sobre una grabación entre el gerente de la campaña y la tesorera, según la cual se habrían destruido documentos “para esconder algo”, Santos responde en el documento: “Resulta que la fecha de la grabación fue muy posterior al envío de esos documentos al CNE, lo cual deja sin piso esa malévola insinuación”.

^{En medio de sus argumentos, Santos dice que el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones no tienen una salida diferente que cerrar el caso.}

En su escrito de defensa, el expresidente se remite a una entrevista que dio el 2 de septiembre el abogado de Sanmiguel, quien dijo que “a su defendido no le consta que esos dineros llegaron o no a la campaña” y que de todas formas “no cometió ningún delito porque el dinero viene de un negocio entre privados cuyo origen es lícito”.

“Esto deja sin piso todas las acusaciones que se construyeron a partir del ‘show’ mediático que armaron alrededor de este personaje. Por esas razones, a la Comisión de Acusaciones y al CNE no les queda entonces otra salida diferente a cerrar nuevamente el caso, porque de otra forma podrían estar prevaricando”, señala el documento.

Antes de entrar en los detalles de la financiación de sus campañas, Santos recuerda que, desde 2016, cuando estalló el escándalo de Odebrecht, le pidió a la Fiscalía actuar “con la mayor rapidez y contundencia” frente a los posibles pagos de sobornos y, además, para determinar si alguien de su Gobierno recibió dineros.

En ese sentido, afirma que en su Gobierno, de los “cientos de proyectos que se iniciaron por la revolución” en materia de infraestructura, Odebrecht solo ganó una licitación: la de la vía Chquinquirá-Puerto Boyacá, “donde participaron 15 diferentes proponentes que aceptaron el resultado sin reclamo alguno, lo que demuestra que se la ganó en franca lid”.

El expresidente también se refiere al polémico contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena adjudicado a Odebrecth como único proponente. “Nunca empezó a ejecutarse y luego se declaró su caducidad. Esta adjudicación ha sido investigada por todas las autoridades sin que hasta el momento se haya descubierto soborno alguno”, anota Santos.

“Esto es muy importante porque desvirtúa de tajo cualquier sospecha de favorecimiento indebido a favor de Odebrecht por cualquier motivo. Lo que se corrobora aún más si se compara con las obras que se le adjudicaron a Odebrecht antes de agosto del 2010. Es importante resaltar que las obras donde aparecen sobornos fueron adjudicadas en gobiernos anteriores o gobiernos locales”, dice.

A manera de conclusión, Santos afirma que las cuentas de sus campañas “fueron presentadas a tiempo, revisadas y aprobadas por las autoridades competentes”.

“Lo importante es que la verdad acabe imponiéndose sobre el odio y la mentira, como debe ser. Que la justicia actúe sobre ella y que el periodismo serio la registre. Y para eso, siempre tendrán en el presidente Santos a un soldado más”, concluye.