Las contradicciones de Laura Sarabia tras el robo en su apartamento

“El monto del dinero es indeterminado”, dijo la vicefiscal Martha Mancera cuando se le preguntó por el robo al apartamento de la exjefa de gabinete del Gobierno nacional, Laura Sarabia.

La ahora exfuncionaria ha dado tres versiones sobre los hechos que rodearon la pérdida de una maleta con dinero en su apartamento, en el norte de Bogotá, en enero de este año y que motivó la denuncia en contra de su entonces niñera, Marelbys Meza.

En un principio, Sarabia le dijo a SEMANA que la maleta contenía cuatro mil dólares en efectivo. Sin embargo, cuando SEMANA reveló que por orden de Sarabia la niñera fue sometida a una prueba de polígrafo en la Casa de Nariño para que revelara la ubicación del dinero, la entonces jefe del gabinete anunció que ampliaría su denuncia, destacando que la suma de dinero extraviada ascendería a siete mil dólares.

En la declaración que rindió Sarabia este miércoles y como parte de las indagaciones por el hurto a su apartamento, según se conoció, ella les dijo a los fiscales que en la maleta hurtada de su apartamento había, además del dinero hurtado, documentos oficiales de la Presidencia de la República, los cuales contenían información confidencial y exclusiva.

La nueva versión, quizá, podría soportar un tema de seguridad nacional y justificar el uso del polígrafo al que fue sometida Marelbys Meza. Sin embargo, el argumento de unos documentos oficiales en la maleta hurtada solo se conocieron hasta esta última declaración, nuevo capítulo del escándalo.

En su momento, la Fiscalía entregó detalles de las cinco líneas de investigación que se abrieron, conforme se conocían detalles de este escándalo revelado por SEMANA. Uno de esos procesos estaba relacionado con el hurto al apartamento de la exjefe de gabinete.

Sobre este punto, la vicefiscal Marta Mancera advirtió que las pruebas de poligrafía practicadas a la entonces niñera solo tenían el objetivo de establecer el paradero del dinero hurtado.

“Frente a los hechos de traslado hacia el polígrafo y otras actividades que pudieran haber hecho, no están dentro del marco de la investigación del hurto. Es decir, son actividades distintas ordenadas por otras personas, pero no dentro de la investigación contra el patrimonio económico de quien fue víctima por este caso, la doctora Laura Sarabia”, dijo la vicefiscal.

Por otro lado, de acuerdo con las propias declaraciones de Sarabia, no es clara la cantidad de dinero hurtado en su residencia, tampoco qué otros elementos se encontraban en la maleta, y por eso el trabajo de la Fiscalía estará enfocado en establecer responsabilidad y confirmar la existencia de esos documentos “oficiales”.

El esposo de Sarabia

En las citaciones que redactó la Fiscalía en un comunicado de prensa incluyó los nombres de Harold Rondón y Andrés Fernando Parra. El primero, conductor de la Unidad Nacional de Protección y asignado a la exjefa de Gabinete de la Presidencia de la República; el segundo, esposo de Laura Sarabia.

Los dos tenían que asistir a la Fiscalía a una diligencia de declaración en el marco de la investigación que adelanta el ente acusador por las pruebas de poligrafía que la seguridad presidencial hizo a Marelbys Meza, la entonces niñera de Sarabia y que fue llevada por Harold Rondón hasta la Casa de Nariño.

“Por el posible uso irregular del polígrafo al servicio de la Presidencia de la República, se abrieron dos líneas de investigación distintas para establecer si se configuraron los delitos de abuso de autoridad, peculado por uso, entre otros”, explicó el ente acusador cuando tomó la determinación de citar a declaración a las dos personas cercanas a Sarabia.

Sin embargo ―según se conoció―, Parra, el esposo de Laura Sarabia, no asistió a la diligencia que estaba programada y que resultaba indispensable en el propósito de conocer los detalles de este escándalo. Era justamente su declaración la que podría aclarar las dudas respecto de ese procedimiento de polígrafo y el hurto en su propio apartamento, pero, en esta oportunidad, no fue posible.

Resulta particular la ausencia de Andrés Fernando Parra en esta coyuntura de la investigación, cuando muchos de los convocados por la Fiscalía tomaron la determinación de guardar silencio, no como un escenario ilegal, sino como estrategia de defensa, completamente válida, pero singular, no hay duda.

Pacto de silencio

Las cinco líneas de investigación que abrió la Fiscalía, luego del escándalo revelado por SEMANA, incluyen un proceso por la muerte del coronel Óscar Dávila, el robo al apartamento de Laura Sarabia, las pruebas de poligrafía a la exniñera, las interceptaciones ilegales de la Dijín y las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña ‘Petro Presidente’.

En el marco de esas investigaciones, la Fiscalía programó una serie de diligencias de declaraciones, también de interrogatorio para los principales protagonistas en este escándalo, que arrancó con la prueba de poligrafía ilegal a Marelbys Meza, entonces niñera de la exjefa de gabinete del Gobierno nacional, en los sótanos frente a la Casa de Nariño y sin ninguna asistencia legal.

Los primeros en ser convocados a estas diligencias fueron los patrulleros que solicitaron a la Fiscalía la interceptación de las comunicaciones de Marelbys. Se trata de investigadores de la Policía Nacional que, de acuerdo con la Fiscalía, entregaron información falsa con tal de recibir la autorización para las interceptaciones.

Uno de los uniformados, que tenía programada una diligencia de interrogatorio, decidió guardar silencio, como un derecho y estrategia de defensa, de acuerdo con lo que manifestó su abogado, Miguel Ángel del Río, tras insistir en que no existen garantías en la Fiscalía para esta investigación, luego, según su dicho, de las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa.

Posteriormente, se conoció que los otros uniformados, que resultaron protagonistas en este escándalo y que también fueron citados por la Fiscalía, tomaron el mismo camino: guardar silencio como estrategia defensiva y ante la hipótesis criminal que plantea el ente acusador.

De acuerdo con la Fiscalía, las interceptaciones se solicitaron con información falsa y las pruebas de poligrafía no tenían otro objetivo que establecer el paradero de un dinero, no una urgencia de seguridad nacional, como lo anticipó la seguridad presidencial en un comunicado.

Hace unos días, la Fiscalía reveló el listado de personas que tendrían que asistir al ente acusador a diligencias de declaración, entrevista e interrogatorio con abogado. Entre los convocados estaban el abogado Miguel Ángel del Río y el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República. Ninguno asistió. El primero por considerar que no podría ser entrevistado en su condición de abogado, y el segundo porque estaba de viaje con el presidente.

Posteriormente, en el mismo listado que presentó la Fiscalía estaba el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, vinculado al capítulo de las interceptaciones ilegales. Este oficial designó en su defensa al abogado Miguel Ángel del Río y, de acuerdo con fuentes del ente acusador, también tomó la determinación de guardar silencio como estrategia de defensa.

Esta semana se tienen programadas varias diligencias en la Fiscalía en los cinco capítulos de investigación que tiene el ente acusador, entre ellas la entrevista a Laura Sarabia, la declaración jurada de su esposo, su conductor y quien trabajaba en su esquema de seguridad. Todo en el marco de las investigaciones por el hurto al apartamento de la exjefa de gabinete y las pruebas de poligrafía.

El próximo miércoles será el coronel Carlos Alberto Feria, jefe de la seguridad presidencial, quien tendrá que asistir con su abogado a una diligencia de interrogatorio, justamente por el capítulo de la poligrafía hecha a Marelbys Meza. A través de su defensa, el oficial aseguró que va a asistir y demostrará su inocencia.

“Defenderemos su derecho a la presunción de inocencia, a la defensa, el debido proceso y demás garantías fundamentales… Confiamos en la imparcialidad de la administración de justicia, en este caso y en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y en la etapa de indagación preliminar en la que nos entramos”, dijo el abogado Marlon Díaz, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas.

El ente acusador espera que las personas citadas no solo cumplan con los compromisos que tienen con la justicia, sino que además entreguen las versiones de lo que conozcan en aras de permitir que el ente acusador avance en las investigaciones y pueda esclarecer los hechos que perturbaron tanto al país.