Las críticas de la Procuraduría al código electoral que está tramitando el Congreso

SEMANA conoció este martes, una carta enviada por el procurador, Fernando Carrillo, al presidente del Congreso, Arturo Char, en la que hace reparos al Código Electoral que está avanzando en el Congreso.

“En mi calidad de Procurador General de la Nación y atendiendo la circunstancia que en las últimas semanas se discutió el proyecto de ley de la referencia que pretende, entre otros, modernizar y actualizar la legislación que nos rige en materia electoral, me permito presentar algunas consideraciones generales que pueden incidir en la forma en que, hasta el momento, se ha abordado el análisis del proyecto”, escribió Carrillo. Además añadió que posteriormente puede llegar a intervenir “para hacer comentarios u observaciones sobre cada una las disposiciones que fueron aprobadas por las comisiones primeras constitucionales permanentes, en tanto a la fecha no se conoce el texto final que debe ser sometido a discusión y aprobación de las plenarias”.

Lo que advierte el procurador, Fernando Carrillo, es que dicho proyecto de ley que actualmente se estudia no cumple la pretensión de integralidad. De hecho, el jefe del ministerio público dice: “Se considera de suma importancia que, en el esfuerzo que actualmente hace el Congreso de la República para aprobar un “Código Electoral”, se busque un ordenamiento lo más completo y sistemático posible en la materia. Sin lugar a dudas, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, se han expedido un sin número de leyes estatutarias en materia electoral que deben hacer parte de la normativa que actualmente es objeto de discusión por el órgano legislativo. No hay duda de que el proyecto recopila algunas de esas disposiciones para aclararlas o hacerlas compatibles con decisiones judiciales o desarrollos de la autoridad electoral. Sin embargo, se impone hacer el esfuerzo de sistematización, a efectos de evitar la dispersión normativa que hoy existe y que en nada contribuye a la seguridad jurídica que se impone en una materia de tanta trascendencia para nuestro sistema democrático”.

Otro tema que menciona el procurador Fernando Carrillo es el de las cuotas de género. Advierte que la experiencia internacional muestra que “si las regulaciones sobre la participación de la mujer en el espectro político no están acompañadas de medidas para hacer efectiva su participación, estas se convierten en simples manifestaciones no llamadas a producir efectos reales”. De acuerdo con la misiva “el artículo 79 original del proyecto se refería a una participación del 40% de las mujeres en la conformación de las listas que deben integrar los partidos, movimientos politicos o grupos significativos de ciudadanos. Si bien en las discusiones al proyecto, este porcentaje se elevó al 50%, a efectos de cumplir con el principio de paridad, se considera que esta disposición se debe acompañar de algunos mecanismos o reglas para hacerlo efectivo”.

La siguiente observación es sobre la ley de garantías. Sobre este punto advierte que: “Es importante indicar que, en concepto del Ministerio Público estas prohibiciones son necesarias y proporcionales. En efecto, no toda la contratación está prohibida, solo lo está la contratación directa que es la que puede generar distorsiones en época electoral”.

Y en la conclusión señala que, de esta manera, “la aprobación del proyecto confluirá, muy seguramente, con esta fecha. En consecuencia, no se considera pertinente que el artículo 231 del proyecto regule, entre otros, su aplicación a las elecciones 2022. Por tanto, se sugiere aplazar su entrada en vigencia por lo menos a las elecciones territoriales 2024 o unificar a las de 2026. En ese sentido, pueden existir planes piloto y uno de ellos puede ser el de la elección de las plataformas de la juventud.”

La discusión sigue, por ahora, en manos del Congreso.