Pacientes multimillonarios

La Corte Constitucional quiere que todos los colombianos coman langosta”. Con esa polémica frase el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, sorprendió a todos los asistentes al Congreso Nacional de Asocajas, que terminó el viernes en Cartagena. Gaviria recién había conocido el texto definitivo que la Corte publicó al declarar la exequibilidad de la Ley Estatutaria de la Salud, aprobada hace más de un año, que busca resolver los problemas que azotan al sistema de Salud.

En esa revisión, los magistrados decidieron quitar tres palabras, lo que podría costarle billones de pesos al Estado y crear un modelo de salud que muy pocos países desarrollados se pueden dar el lujo de tener.

En los últimos años no solo la corrupción, sino la inclusión de nuevos medicamentos, tratamientos y procedimientos de última generación por fallos judiciales y por presiones médicas o de los laboratorios, han puesto al borde de la quiebra al sistema de salud y a las EPS, que han tenido que sacar cada vez más y más plata para responder a los crecientes requerimientos de los pacientes.

Para ponerle un límite a esa arteria rota el Congreso decidió, al discutir la Ley Estatutaria a finales del año pasado, incluir en el artículo 23, que la Política Farmacéutica Nacional se haga con criterios de “necesidad, calidad, costo-efectividad, suficiencia y oportunidad”. Es decir que el Estado, en unión con las comunidades médicas, científicas, universidades y los pacientes, decida con estudios técnicos cuáles drogas se puede incluir.

Pero la Corte decidió que las palabras necesidad, costo-efectividad y oportunidad podrían limitar el derecho a la salud y decidió eliminarlas, lo que desató la molestia del ministro. “La Corte parece no ser muy consciente de la presión tecnológica que hoy afecta a todos los sistemas de salud en el mundo. Por eso, cuando la ley fue aprobada en el Congreso y en una decisión democrática se incluyeron estos criterios y no por capricho del ministerio. Esto pudo poner en riesgo la sostenibilidad futura de todo el sistema de salud”.

Y después concluyó: “¿Sin esas palabras tenemos que –según la Corte– dar absolutamente todo? ¿Sin tener en cuenta los análisis de efectividad o costo-beneficio que se hacen en todos los sistema de salud? Este es un importante debate global, y sería bueno que la Corte se empapara de lo que está pasando en el mundo”.

Esta discusión semántica y compleja tiene consecuencias profundas que pueden afectar la salud y los bolsillos de todos. Cuando el Congreso expidió la Ley 100 de 1993 se creó un modelo de aseguramiento para los colombianos. Es decir, con la plata del Estado y del aporte de los empleados formales y de los más ricos, nació un sistema que cubre a los colombianos desde las enfermedades más comunes hasta las ruinosas, como el cáncer. Sin embargo, como se sabe, su aplicación tuvo dificultades y desviaciones, como el abuso que algunas EPS, clínicas, hospitales, médicos, farmacéuticas y pacientes hicieron para incluir tratamientos que no estaban incluidos en los planes.

En el afán para que los colombianos recibieran cada vez más procedimientos, tratamientos y servicios, los jueces terminaron por crear, vía tutelas y sentencias, un paquete tan amplio y dadivoso, que hoy ese sistema de salud nacional es uno de los más generosos de América Latina, como afirma Jaime Arias, presidente de Acemi, entidad que agremia a EPS y prepagadas del país. Así haya problemas de calidad, barreras de acceso y demoras para la atención, hoy un colombiano pobre puede recibir medicamentos o servicios que ni siquiera son prestados por los sistema de salud de países ricos. Hoy, por ejemplo, algunos colombianos que tienen problemas genéticos reciben tratamientos que pueden costar más de 900.000 dólares el año.

La Corte Constitucional, a través de fallos y sentencias, terminó finalmente moldeando un sistema de salud tan amplio que en el papel se parece a la Constitución de 1863, de la que se dijo que era para un país de ángeles. Y ahora, que decidió eliminar los controles que el Congreso trató de ponerle al gasto, no es claro que haya suficientes recursos para pagar ese modelo. En este momento, el gobierno debe ponerle el pecho fiscal a dos grandes frentes en salud: el primero, equiparar los planes de beneficios para que sean iguales para todos, lo cual puede costar entre 4 y 8 billones de pesos. Y el segundo: financiar todo lo que se les ocurra recetar a los médicos o a los jueces.

Cifras oficiales muestran que el 15 por ciento de los enfermos del país se están gastando el 70 por ciento de los recursos de todos los colombianos. Entre estos aparecen personas con hipertensión, diabetes, artritis; pero en especial la hemofilia, enfermedades raras y cáncer. Esto se explica porque para estas y otras enfermedades han aparecido medicamentos biotecnológicos costosísimos, que han sido incorporados al sistema de salud, no a través de una discusión científica y técnica que determine si son más efectivos que otros más baratos del mercado, sino por presiones comerciales y fallos judiciales.

Un solo enfermo de hemofilia, por ejemplo, le ha costado a la Nueva EPS más de 30.000 millones de pesos en los últimos cinco años. Y solo para 15 pacientes, con estas y otras dolencias, la entidad tuvo que destinar 230.000 millones desde 2008, una cifra que supera al patrimonio de la Nueva EPS. Sin duda, estos y otros enfermos han logrado sobrevivir gracias al sistema de salud y a la solidaridad, pero alrededor de estos y otros pacientes surge la duda de si realmente requieren medicamentos de punta para afrontar sus problemas.

De hecho, en este momento en la Unión Europea hay un fuerte debate frente al cáncer, pues si los precios de los medicamentos siguen creciendo al ritmo brutal que está imponiendo la industria farmacéutica, no habrá suficientes recursos. Por eso están llamando a un acuerdo para hacerle frente a este fenómeno.

José Fernando Cardona, presidente de la Nueva EPS y exsecretario de Salud de Bogotá, dijo que la incorporación de nuevas tecnologías y medicamentos avanza mucho más rápido en Colombia que en cualquier parte de América latina, y eso implica que el gasto va a aumentar. ¿Eso lo va a financiar el Estado, los colombianos con más aportes o vía nuevos impuestos? Ese es el dilema.

Es claro que a más beneficios más costos. Las preguntas fundamentales giran en torno a si este modelo es viable, si los colombianos están dispuestos a pagar más impuestos para mantenerlo, si no es tiempo de discutir un gran acuerdo social que le dé un mejor uso a la plata y ponga fin a los excesos de los jueces y, sobre todo, si el derecho a la vida es absoluto. Pues mientras la tutela en salud, por ejemplo, ha beneficiado más a los ricos que a los pobres y los jueces están ordenando entregar pañales, pañitos húmedos, pagar enfermeras o tratamientos experimentales, millones de colombianos solo tienen a la mano un hospital mal dotado.

El debate plantea si se debe privilegiar, por ejemplo, una operación estética de las orejas de un niño porque siente que no puede tener un libre desarrollo de la personalidad, tal y como lo ordenó la Justicia la semana pasada, o si esos recursos se deben usar para vacunar a los niños o mantener puestos de salud en zonas marginales. Así la Corte y la Justicia consideren que el Estado tiene que responder y garantizar el derecho a la vida, siendo irresponsables con las finanzas de todos los colombianos. Pues si algo está claro en todo el mundo es que la plata para la salud es como las cobijas de avión, con la cual el pasajero debe decidir si se cubre los pies o la cabeza, porque no alcanza para todo. Y en los casos en los que se intenta estirar al máximo, termina rota.