“Las decisiones se respetan y se cumplen sin ambages”: Carlos Hernán Rodríguez rompió el silencio luego de que tumbaran su elección

Tras la decisión del Consejo de Estado de declarar nula su elección, el saliente contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, emitió este viernes 26 de mayo un pronunciamiento en el que afirmó que respeta y acata la determinación del alto tribunal.

“Colombia, su institucionalidad y especialmente el control y la vigilancia fiscal de los recursos públicos, requieren del respeto y acatamiento de las decisiones de los jueces. Como ciudadano, abogado constitucionalista y docente en esta materia, haré eco de la concepción que he transmitido siempre en torno a la majestad de la justicia: sus decisiones se respetan y se cumplen sin ambages”, señaló.

En el comunicado, Rodríguez Becerra también manifestó su “satisfacción personal” por liderar durante más de nueve meses una “entidad de la mayor importancia para el correcto funcionamiento del aparato estatal”.

Señaló, además, que la Contraloría cuenta con “un robusto equipo directivo, el cual, en unión con la excelente y profesional planta de funcionarios, se formuló un retador plan estratégico que estamos seguros llevará a la entidad a los niveles de eficiencia y eficacia exigidos, generando los resultados que la sociedad reclama de nosotros”.

Rodríguez también hizo un llamado a los funcionarios de la Contraloría para que mantengan “inalteradas las actividades y funciones con el compromiso de siempre”. “Les pido que la decisión que propicia este comunicado, y sus consecuencias, no alteren el normal desarrollo del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal, y el cumplimiento de las acciones y proyectos formulados en nuestro Plan Estratégico 2022-2026″, agregó.

Finalmente, el saliente contralor aseguró que, sin “ánimo de obstruir o alterar el buen funcionamiento de las instituciones”, como ciudadano buscará la “reconsideración de aquellos aspectos que propiciaron” la decisión del Consejo de Estado, sin profundizar en el tema.

“Debo manifestar igualmente que, sin el ánimo de obstruir o alterar el buen funcionamiento de las instituciones, pero en consonancia con los preceptos del estado social y democrático de derecho que adoptó el constituyente, así como la ley y la jurisprudencia de las altas Cortes, estimo pertinente como ciudadano transitar los caminos que permitan la reconsideración de aquellos aspectos que propiciaron el resuelve del honorable Consejo de Estado”, subrayó.

Los pecados que condenaron la elección Carlos Hernán Rodríguez como contralor

El Consejo de Estado fue claro y en su decisión de sacar al contralor Rodríguez, cuando no había cumplido ni siquiera diez meses en el cargo, dejó en en evidencia todos los “pecados” que se cometieron en su elección, que terminaron viciando el proceso.

Sin embargo, el “pecado original” se dio desde la Mesa Directiva del Congreso, y su principal protagonista, al parecer, es el expresidente del Senado, Roy Barreras, a quien además hace apenas unas semanas el mismo Consejo de Estado sacó del cargo por haber incurrido en doble militancia y anulando su elección.

El asunto en síntesis es que la Mesa Directiva cambió las reglas de juego cuando ya la elección avanzaba y, además, la citación en la que fue elegido Rodríguez no cumplió con la obligación de convocarse con, por lo menos, ocho días de anticipación.

La explicación, tal vez más clara, no llegó del fallo del Consejo de Estado, sino de una de las demandantes de la elección, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien afirmó que el entonces presidente del Congreso, Roy Barreras, vició la elección en su intento de que el mandatario Gustavo Petro tuviera un contralor de bolsillo. Ese fue el pecado mayor.

Esta presunta manipulación del proceso quedó clara en la decisión del alto tribunal, que señaló que “se presentaron irregularidades graves durante etapas cruciales de su desarrollo, por lo que está demostrado que estuvo viciado por el desconocimiento e infracción de normas superiores”.

La clave está en la expedición de la resolución 003, de agosto 3 de 2022, con la cual, señala el Consejo de Estado, “la Mesa Directiva del Congreso de la República introdujo cambios sustanciales a los criterios y valores fijados en la convocatoria inicial del proceso de elección, los cuales fueron injustificados y variaron de manera grave los parámetros de evaluación de los participantes, luego de que ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida, actividad adelantada por la Universidad Industrial de Santander, en la primera fase de la elección”.

Quien presidía la Mesa Directiva era justamente Roy Barreras y, con esta resolución, además, “se afectó la objetividad y legalidad del proceso electoral. Además, se desconoció la inmodificabilidad de las convocatorias sin razón válida”, dice el Consejo de Estado en el fallo.

Aunque el Congreso de la República invocó como sustento los pronunciamientos judiciales proferidos en el marco de una acción de tutela y una acción popular, se estableció que aquellas sólo dispusieron la conformación de una segunda lista de elegibles y, en este caso, se trató de la tercera lista de elegibles en la que se dieron las irregularidades que tumbaron a Rodríguez.

El Consejo de Estado explicó que “la Corporación ha sido clara al establecer que (…) no pueden cambiarse las reglas establecidas sin justificación, y mucho menos cuando ya se han practicado las pruebas diseñadas para el efecto y se conocen sus resultados, que fue lo que ocurrió en este caso”. Es decir, sí se manipuló el proceso.

Por si fuera poco, no solo se trató del cambio en la forma de elección y calificación de los aspirantes a contralor, además, la convocatoria a la elección no se hizo con los términos que plantea la ley, sino, por el contrario, se realizó de afán y con la finalidad de votar a la carrera.

“Entre la citación y la realización de la plenaria en que se eligió al demandado no transcurrieron los ocho días de antelación de que trata el artículo 21 de la Ley 5 de 1992, razón por la cual encuentra la Sala que durante este trámite se desconoció dicha norma, de lo que se deriva un vicio procedimental en el proceso bajo estudio que impidió que los miembros de la plenaria del Congreso pudieran estudiar y sustentar su voto de manera reposada”, explica el Consejo de Estado que, además, tiene responsable, refiriéndose al presidente del Congreso, que para ese momento era Roy Barreras.