Las deudas de los ejecutivos de Odebrecht con Colombia

Hasta hace apenas unas semanas la negociación con los altos ejecutivos de Odebrecht en Colombia estaba totalmente empantanada. Una oferta económica de reparación integral por 106.000 millones de pesos a cambio de inmunidad penal además de perdón y olvido para todas sus deudas en Colombia fue rechazada por todos los entes de control. Lo hicieron por dos razones: el cálculo de la corrupción de Odebrecht no se conoce a ciencia cierta y podría terminar superando este valor, y dos, porque en Colombia no se permite atajar mediante una negociación penal, otras acciones de tipo administrativo y fiscal que puedan venir en camino. 

A pesar de estas vicisitudes, el 11 de enero, la Fiscalía logró sacar adelante una propuesta de reparación parcial que resultó siendo avalada por un juez. La justicia colombiana les concedió un principio de oportunidad por el delito de cohecho a los tres luises -Luiz Bueno Junior, Luiz Eduardo Da Rocha Soares y Luiz Alberto Mameri- a cambio de reparar en 18.909 millones de pesos a Colombia. Este monto está relacionado a los 6,5 millones de dólares que costó la coima al exviceministro Gabriel García Morales para la adjudicación del contrato Ruta del Sol tramo dos. Según la negociación, Odebrecht pagará los intereses (tasa de DTF y el IPC anual) a los que haya lugar.  

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El lío ahora viene en los episodios que sucedieron a esta coima y sobre los que aún recaen vacíos e interrogantes. En los cálculos de la Fiscalía están los sobornos por 4,5 millones de dólares para el otrosí No. 3, que dio vía libre a la construcción de la carretera Ocaña-Gamarra; también aparecen otras coimas que se pagaron por el otrosí 6, que creó dos peajes más y estableció un incremento en el valor de los existentes. Y el soborno de cerca de 4.000 millones de pesos por un contrato de Estabilidad Jurídica. Todo ello, sin contar las platas que se fueron para las campañas: 1,6 millones de dólares para la de Óscar Iván Zuluaga; 400.000 dólares para la campaña 2010 de Juan Manuel Santos y 1 millón de dólares en un estudio de Sancho BBDO para la reelección de Santos. 

Aunque no es claro qué dinero se fue para pagar qué, el ente investigador cuenta con pistas de 147 contratos ficticios que sumarían más de 65.000 millones de pesos que fueron pagados por el Consorcio (integrado por Odebrecht y Episol) y la Constructora Consol. 

Mientras se logra armar el mapa, son cuatro altos ejecutivos de Odebrecht los que tienen muchas explicaciones qué dar al país. Se trata de Eleuberto Martorelli, expresidente de la constructora en Colombia, además de Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Amilton Hideaki Sendai.

El primero, Martorelli, intentó al igual que los luises concretar un principio de oportunidad por el delito de tráfico de influencias, al haber tenido conocimiento del pago a privados para quedarse con el otrosí Ocaña-Gamarra. Martorelli buscaba arreglar su situación penal en Colombia con la entrega de 14.000 millones de pesos de indemnización y el compromiso de ser testigo de cargo en contra del exsenador Bula. Además de aclarar los interrogantes que tenga la justicia de acá en adelante. 

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Pero no haber tenido en cuenta a la Contraloría como víctima en la negociación, hizo que se viniera al piso pese al empeño de la Fiscalía en defenderla. A Martorelli se le achaca el pago de 4,5 millones de dólares a Otto Bula para tramitar el otrosí 3 de Ocaña Gamarra. Sin embargo, su versión entra en contradicción con la de Otto Bula, que asegura que no se quedó con todo este dinero y que en cambio le entregó a la Fiscalía pistas sobre contratos ficticios que sorprendieron a la opinión pública. Algunos de estos, son los mismos que el testigo Jorge Enrique Pizano había puesto en conocimiento de Néstor Humberto Martínez desde 2015. 

“El costo beneficio de esta negociación es muy grande para el país porque se despeja con claridad el entramado de corrupción, en el que el interés general prevalece al particular de Martorelli”, aseguró la Fiscalía durante la audiencia ante un juez, en el mes de febrero de 2018. A pesar de la apelación del ente investigador, esta negociación no se logró concretar y aún están en el aire varios interrogantes. Entre ellos está la versión de Bula que asegura que por orden de Martorelli entregó 1 millón de dólares a un emisario de Roberto Prieto; Martorelli lo desmiente. 

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Ahora, por el lío de los contratos chimbos fue ordenada este año la captura de Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Amilton Hideaki Sendai, que esquivaron el requerimiento judicial saliendo del país meses antes de la decisión del juez. Estos presentaron ante la Fiscalía una intención de preacordar con la justicia, y pusieron sobre la mesa una propuesta de reparación dentro de los procesos que los afectan; estos son, los que tienen en líos a Federico Gaviria, a Eduardo Zambrano, a Gabriel Dumar y a Gustavo Torres. Aunque se trataba de un preacuerdo el fiscal del caso lo elevó al Comité Técnico de la Fiscalía General para someter a revisión la propuesta económica.  

Ante el escándalo de los audios revelados por Pizano, este caso derivó en una discusión en la Corte Suprema de Justicia que finalmente declaró el impedimento del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y de la vicefiscal María Paulina Riveros. Por tanto, esta negociación quedó en manos del fiscal ad hoc Leonardo Espinosa. 

Esta semana, el ad hoc le pidió a un juez meter en el congelador las negociaciones que se adelantaban con los cuatro implicados en la firma de contratos ficticios. Con lo que se puede suponer que la propuesta de los tres ejecutivos de Odebrecht también entró en una pausa indefinida. 

En manos de Espinosa está el poder unir las piezas y resolver el enigma de qué hubo detrás y a dónde fueron a pagar los millonarios recursos que se tramitaron a través de contratos ficticios. Una historia que desató intrigas en contra del fiscal Martínez, después de las revelaciones que salieron a la luz con la muerte del testigo Jorge Enrique Pizano. 

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