Las disidencias y el Gobierno se “reservan su legítimo derecho a la defensa” antes del cese al fuego

Son muchas dudas las que surgen con el punto 10 del acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y las disidencias de las Farc este sábado, 2 de septiembre, que al mismo tiempo se convierte en la antesala de una mesa de diálogo para alcanzar la paz. Las delegaciones dejan en claro, sin rodeos, que cada parte podrá definir su “derecho a la defensa”.

“Las partes se reservan su legítimo derecho a la defensa y mantendrán sus propias medidas de seguridad y acciones necesarias en el marco del derecho internacional humanitario”, señala el documento, en el que también anticipan que habrá un cese al fuego “temporal”.

En el punto siguiente, las delegaciones advierten que se “establecerán dispositivos y mecanismos de seguridad y de protección”, aunque no se explica en detalle a qué se refieren con dispositivos y mecanismos, mucho menos aclaran lo atinente al “legítimo derecho a la defensa”.

En el mismo texto detallan que se implementarán unos protocolos de verificación y para eso programaron nuevas reuniones entre las delegaciones y el acompañamiento de la comunidad internacional. Seguramente, en esos protocolos se podrá conocer el alcance de lo acordado y lo que realmente significa “derecho a la defensa” y los “mecanismos de seguridad”.

El acuerdo

Mientras en zonas del país, como el departamento de Meta, las disidencias de las Farc asesinan policías en ataques terroristas, en otras, firman acuerdos con el Gobierno nacional, con el supuesto propósito de alcanzar la paz. Así quedó en un documento con 11 puntos, que advierten las garantías y la estrategia para avanzar en los diálogos.

Las delegaciones del Gobierno y las disidencias se reunieron entre el 31 de agosto y 2 de septiembre, para acordar los escenarios más efectivos en el avance de las negociaciones. Estuvieron en el municipio de Suárez, en el Cauca, y de ese encuentro salieron los 11 escenarios claves para las negociaciones.

“Convencidos de la necesidad de impulsar y contribuir a un acuerdo político desde los territorios, comunidades, sectores sociales y ciudadanos que de manera definitiva erradique las causas que generan el actual conflicto social y armado, y propenda por el respeto de la vida, las libertades y los plenos derechos de los civiles, quienes son el centro de la paz”, advierte el documento.

Antes de explicar cada uno de los puntos que se fijan en este acuerdo entre las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco y el Gobierno nacional, los integrantes y delegaciones agradecieron a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y a la comunidad de la Vereda Playa Rica, también a monseñor Omar Sánchez, de la Conferencia Episcopal de Colombia.

En los puntos que aparecen dentro del documento se advierte que instalarán la mesa de diálogos con “arquitectura jurídica, política y la presencia de la comunidad internacional”, aunque no entregan la fecha o el lugar de esa instalación. Anticipan que con tiempo informarán detalles de quiénes participarán y dónde se adelantará el evento.

“Las partes anunciarán la fecha, el lugar y el mecanismo de funcionamiento, invitados especiales, los países y los actores internacionales que en calidad de garantes o acompañantes apoyarán la mesa de diálogo de paz y la implementación de acuerdos alcanzados, para lo cual se enviará una invitación formal”, señala el documento.

Allí mismo, las partes informan al país que de manera paralela a la instalación de la mesa de diálogo ajustarán los protocolos de respeto a la población y el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional, todo con el ánimo de garantizar la protección de las comunidades y la población civil con mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación.

“Desarrollaremos ocho misiones humanitarias de verificación en las regiones de los siguientes departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Sur de Bolívar, con la finalidad de formular recomendaciones de aplicación del DIH, con base en la escucha amplia de toda la ciudadanía e instituciones”, advierte el acuerdo.

Llama la atención uno de los puntos en ese acuerdo, particularmente cuando se refiere a temas de seguridad, donde dicen que se “reservan el legítimo derecho a la defensa y mantendrán sus propias medidas de seguridad y acciones necesarias en el marco del respeto del Derecho Internacional Humanitario”.

Finalizan reiterando la intención de avanzar hacia la construcción de un acuerdo de paz que ponga fin a la confrontación que se libra en diferentes regiones del país y que lleve como conclusión una “paz integral, estable y duradera”.