Las dos razones por las que fue suspendido el alcalde de Tierralta

Las primeras acciones por el asesinato de María del Pilar Hurtado en Tierralta (Córdoba) empiezan a evidenciarse. Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación ordenó suspender de su cargo por tres meses al alcalde de esa localidad, Fabio Otero Avilez, dentro de la investigación disciplinaria en su contra.

Dicho proceso disciplinario de oficio se adelanta, según un comunicado de la Procuraduría, por presuntas irregularidades en el control del orden público que estarían relacionadas con la invasión de unos lotes en el casco urbano. Así mismo, esos hechos habrían derivado finalmente en el asesinato de María del Pilar Hurtado Montaño.

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Desde Cali, durante un foro de mujeres, el procurador general Fernando Carrillo le dedicó palabras vehementes: “Además de la investigación que iniciamos contra el alcalde de Tierralta, quien fue bastante displicente, por decir lo menos, e insensible al asesinato de María del Pilar Hurtado, hoy lo estamos suspendiendo”.

SEMANA tuvo acceso al documento de la acción disciplinaria llevada a cabo por la Procuraduría Provincial de Montería, que habla puntualmente de dos presuntas acciones del alcalde Otero por las que se tomó la determinación de apartarlo temporalmente de su cargo.

María del Pilar, afrodescendiente y oriunda de Puerto Tejada, había huido cuatro años atrás de las amenazas de pandillas conformadas por exparamilitares que operan en el norte del Cauca y que se opusieron a su trabajo de liderazgo social.

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Fue cuando probó suerte en Tierralta, de donde es oriundo su pareja, con quien convivía y padre del menor de sus cuatro hijos. Llegaron al 9 de agosto, entonces considerada la invasión más grande de Latinoamérica.

Tensiones

Aunque buena parte del barrio está legalizado —justamente Otero entregó algunas escrituras semanas atrás—, aún se sienten las tensiones porque los líderes denuncian la falta de tierra, pues esta se mantiene en pocas manos, como lo ha dicho Andrés Chica, el amenazado y desplazado director de la Fundación Cordoberxia que denunció el asesinato ocurrido el 21 de junio.

Durante el mes anterior al homicidio de María del Pilar hubo tomas de predios, incluyendo una tierra de propiedad del padre del alcalde, como el mismo mandatario lo reconoció. Hurtado lideraba las negociaciones de ocupantes de terrenos, que si bien en ocasiones desocuparon pacíficamente, en otras debían vérselas con el Esmad de la Policía.

Sin embargo, los panfletos amenazantes a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) empezaron a circular coincidiendo con la invasión de la propiedad de la familia de Otero, según concuerdan líderes de la zona.

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Todo sucede en un entorno donde las AGC —nombre que busca dar ropaje político al narcotraficante Clan del Golfo— mantienen a sangre y fuego el control de una zona que hace parte de un corredor clave para la producción y embarque de clorhidrato de cocaína en puertos del Caribe.

El auto

En el escrito, la Procuraduría indicó que la posible conducta en que habría incurrido Otero entra en la calificación de “falta disciplinaria gravísima”. La ley la define como “actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses”.

Más concretamente, señaló el organismo de control disciplinario, la permanencia del alcalde en su cargo “posibilita su interferencia en la investigación”, puesto que en las pruebas documentales allegadas “al parecer, el señor alcalde actuó a pesar de la existencia de conflicto de interés, y que posiblemente materializa mediante las órdenes impartidas a diferentes autoridades municipales en procura de la recuperación del inmueble de su padre”.

En los antecedentes, la entidad puntualiza la realización de un consejo extraordinario de seguridad adelantado el 30 de mayo, 22 días antes de que dos sicarios acribillaran a María del Pilar ante su casa, causando la reacción desesperanzada de uno de sus hijos captada en un video que conmocionó al país. En esa reunión “la primera autoridad municipal entrega instrucciones precisas a la Policía para recuperar el predio de su padre invadido”.

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Ello, junto con el “temor de la comunidad en facilitar la investigación, se constituyen en serios elementos de juicio para ordenar la suspensión del investigado”, manifestó el organismo, dejando entrever las dificultades para llevar a cabo las pesquisas.

Un segundo elemento fue tenido en cuenta por la Procuraduría para su decisión: el conocimiento de un audio en el que se manifiestan serias preocupaciones “por presuntos actos de interferencia del señor alcalde” en la reunión realizada el 27 de junio por la comisión de Paz del Senado en Tierralta con las autoridades locales y luego con las organizaciones sociales.

Dicha injerencia consiste en que “presuntamente el señor alcalde de Tierralta organizó una manifestación para insultar a los senadores de la comisión de Paz”.

Mitin

El senador Antonio Sanguino (Partido Verde) miembro de dicha célula legislativa, confirmó la realización del mitin de respaldo al alcalde a la llegada de los congresistas “con carteles y consignas”.

“Cuando vimos ese espectáculo, nos negamos a reunirnos en esas circunstancias, no íbamos a encontrarnos con los seguidores del mandatario, sino a conocer las circunstancias de violencia que hay en Tierralta”, declaró.

La reunión a la que asistieron con los líderes se llevó finalmente a puerta cerrada, aunque no habrían asistido todos, entre ellos la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático). A la salida se presentaron agresiones verbales contra los miembros de la comisión, en especial contra el senador Iván Cepeda (Polo).

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“En términos generales, lo que la gente nos contó es que en Tierralta se está configurando una suerte de entramado entre políticos locales, grupos armados herederos del paramilitarismo —las AGC principalmente— y mercados ilegales, de drogas y de minería ilegal en la zona”, especificó Sandino. “Una especie de parapolítica en época de Duque”, advirtió.

Lo cierto es que este proceso disciplinario apenas arrancó y luego de que se surta el trámite de consulta con la Procuraduría Regional de Córdoba, será la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, la encargada de nombrar un alcalde encargado. También serán la Procuraduría y la Fiscalía las que determinen si el alcalde Fabio Otero tiene algún grado de responsabilidad en la tragedia que todavía enluta a Tierralta.