Las EPS con más tutelas en Colombia, según escalafón de la Defensoría del Pueblo

La tutelitis en Colombia no se detiene y en el servicio de salud, que debería ser de los que más avance sobre ruedas, llama la atención el alto volumen de acciones jurídicas interpuestas en la última década: 1′463.534 tutelas en relación con el derecho a la salud, según informe presentado este lunes por la Defensoría del Pueblo.

Se trata del segundo derecho con más tutelas en Colombia después del derecho de petición, el cual usan los ciudadanos para obtener información que, pese a ser de interés general, se demora en ser entregada a la persona que la requiere.

El derecho a la salud, uno de los temas más sensibles para los colombianos, pero también debería ser el que más evolución tenga, sobre todo, si se tiene en cuenta que es uno de los que más ha motivado conceptos jurídicos: es decir, deberíamos haber aprendido más sobre él.

Sin embargo, en el escalafón que realiza la Defensoría, continúa un alto volumen de tutelas contra las EPS.

Del informe destapado este 21 de junio se desprende que Medimás encabeza la lista, con 59 casos por cada 10.000 afiliados, seguido de Coomeva con 40, Comfaoriente con 28, Savia Salud/Alianza Medellín con 26 tutelas y Convida con 24 casos.

Las características de las primeras en el escalafón

1. Medimás: De esta EPS, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación forzosa en noviembre de 2020, en los departamentos de Antioquia, Nariño, Santander y Valle del Cauca.

La razón: no brindar las garantías para el aseguramiento y la prestación de los servicios de salud de 731.421 afiliados en estos departamentos.

2. Coomeva: La Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión de bienes, haberes y negocios de la EPS Coomeva, por el término de dos meses, mediante medidas preventivas obligatorias, debido a hallazgos de carácter financiero y jurídico y fallas en la prestación del servicio.

3. Comfaoriente: Caja de compensación del Norte de Santander.

4. Savia Salud/Alianza Medellín: EPS mixta del sector público que nació desde 2013

5. Convida: Surgió como resultado de la transformación de Confacundi (Caja de Previsión Social de Cundinamarca).

En 2020, la Superintendencia de Salud confirmó que las EPS Convida y Savia Salud seguirían bajo la medida de vigilancia especial porque no habían superado sus deficiencias financieras, administrativas, jurídicas y asistenciales. “Estas EPS deben continuar identificando de forma integral los mecanismos y estrategias que les permitan superar las deficiencias y lograr operar en condiciones óptimas”, dijo la autoridad en su momento.

Un ritmo frenético

El análisis que realiza la Defensoría se basa en las estadísticas de la Corte Constitucional. Durante 2020, el Alto Tribunal recibió 81.899 acciones de tutelas que reclaman protección del derecho a la salud.

Entre tanto, en los primeros 5 meses de este año ya se han reportado 22.973 tutelas más, es decir, con corte a mayo ya va un número de acciones interpuestas que es equivalente al 28% del total del año pasado.

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Sobre el panorama de la tutelitis, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que “La acción de tutela, como mecanismo subsidiario de protección, sería innecesaria si las entidades responsables del sistema cumplieran a cabalidad su tarea”.

Departamentos con más casos

El ranking anual de tutelas contra las EPS de la Defensoría del Pueblo evidenció además que los departamentos donde más se tuteló el derecho a la salud durante 2020 fueron Antioquia con 15.260 recursos judiciales; seguido de Valle del Cauca con 9.991 y Bogotá con 6.769 tutelas presentadas en 2020.

¿Cómo es la situación de la Nueva EPS

De acuerdo con lo establecido en el informe, aunque Medimás y Coomeva, encabezan la lista de las EPS con mayor número de tutelas por cada 10.000 afiliados, Nueva Eps es la entidad prestadora de salud que más recursos judiciales por tutela está confrontando con 10.240 casos, lo que representa 13 casos por cada 10.000 afiliados.

Motivos de las tutelas

Según el informe de la Defensoría, los colombianos siguen interponiendo acciones de tutela invocando el derecho a la salud, tanto en casos de acción como de omisión. Es decir, porque no les prestan el servicio o porque, aunque se los presten, hay un accionar que no satisface las necesidades de los usuarios y pone en riesgo la protección ciudadana.