Las EPS, en la mira de Gustavo Petro: ¿qué pasa si se acaban?

En el gobierno de Gustavo Petro, el sistema de salud en Colombia, tal como se conoce hoy, podría tener sus días contados. La propuesta del presidente electo y de la ministra de Salud designada, Carolina Corcho, pretende eliminar las EPS para instaurar un modelo público, en algunos aspectos similar al Seguro Social. Este planteamiento tiene tensos a los presidentes de las EPS más grandes del país, quienes no ven por qué se debe eliminar un sistema que, a pesar de sus deficiencias, funciona bien.

Los servicios de salud nacionales son elogiados a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, según Bloomberg, Colombia fue la primera en América Latina y la decimosegunda en el planeta en manejo de la covid-19. Este logro lo reconoce el epidemiólogo Carlos Álvarez, que rescata la articulación de lo público y lo privado en la pandemia: “Hizo la diferencia en Colombia, dada la solidez de este sistema”. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que se trata de uno de los sistemas con mejor cobertura a nivel mundial.

El aseguramiento universal en Colombia, que alcanza el 99,6 por ciento de la población, es una de las mayores fortalezas, junto con el bajo costo de bolsillo para afiliados de todo tipo. Por eso, el saliente ministro de Salud, Fernando Ruiz, asegura que el sistema es el “más progresivo y el de mayor cobertura de América Latina”.

A pesar de las buenas cifras, no siempre ha sido así. Desde hace casi 30 años, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, el sistema viene evolucionando y mejorando año tras año. En 2000, según la OMS, Colombia tenía una cobertura “baja” en salud, que ascendió hasta ser “muy alta” en 2021.

Eduardo Dueñas, consultor internacional en sistemas de salud, considera que este avance en tres décadas no se puede perder del todo. “El reto de estos cuatro años es llegar realmente a crear puentes, colaborar y afianzar el camino sobre lo construido. No podemos volver al viejo modelo, ese retroceso a nivel público”, argumentó.

Con esta evidencia, ¿qué lleva a Petro a pensar en eliminar todo el desarrollo y la experiencia acumulada en 30 años del sistema de salud?

En su programa de gobierno hay un poco más de dos páginas dedicadas al tema. El sistema “único y público”, según el presidente electo, no dependerá de la capacidad de pago del paciente, de la rentabilidad económica ni de intermediación económica y financiera. Todo esto se basa en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que Corcho apoyó, cuyo objeto es garantizar el derecho a la salud bajo varios mecanismos de regulación.

Este modelo, según el documento, será “preventivo y predictivo”, asegurando así derechos tan básicos como el de la alimentación y el agua. Esto también incluye la instalación de equipos médicos interdisciplinarios en zonas excluidas mientras se tramita la reforma en el Congreso.

De acuerdo con Petro, se avanzará en un sistema sin regímenes contributivos y subsidiados, financiado por “impuestos progresivos y cotizaciones equitativas”. Para recuperar la “autoridad sanitaria”, el presidente electo propone que la dirección política y gobernabilidad del sistema esté en cabeza de un consejo nacional de salud.

En el gobierno de Petro también se acabaría la Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud (Adres), y el sistema se financiaría a través de un fondo único de salud. Otra apuesta es, mediante hospitales financiados por presupuesto público, y privados contratados por el Estado, cubrir el territorio nacional con una distribución equitativa en términos de cobertura de acceso.

A su vez, el programa incluye la implementación de un sistema de salud para comunidades étnicas, enfoque de género, y promete el trabajo digno para los funcionarios de la salud.

Carolina Corcho, también vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, es una figura polémica en redes sociales. En la pandemia, la médica psiquiatra causó controversia por sus posiciones frente a las medidas que debía tomar el Gobierno. Muchas de ellas terminaron siendo noticias falsas.

En ese momento dijo, por ejemplo, que el país había sido excluido del suministro de vacunas de Estados Unidos, se mostró en contra de la reactivación económica y se opuso a que los niños regresaran a los colegios. Sin embargo, la más destacada es su oposición a las EPS, las cuales quiere eliminar por constituir un “negocio de la salud (…) proclive a la corrupción”, según manifestó Corcho en sus redes sociales.

Por todos esos comentarios y por lo que la futura ministra significaría para el sistema de salud, la reacción a su nombramiento en redes fue de escepticismo, ya que se conoce poco sobre la forma en la que se estructuraría este cambio drástico. ¿No terminaría siendo un salto al vacío que pondría en riesgo el acceso a la salud de los colombianos?

Lo que dicen las EPS

Los gremios de las EPS recibieron con apertura el nombramiento de Corcho. “Es una actitud abierta, de diálogo, de construcción, de preservar los avances de este sistema y preservar valor dentro del sistema de salud de cara a los usuarios. También de autocrítica, porque entendemos que hay muchos problemas en el sistema de salud que tenemos que trabajar”, dijo Paula Acosta, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a las diez EPS más grandes del país.

Elisa Torrenegra, directora de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud), resaltó la “buena intención” del Gobierno entrante y le dio la razón sobre sus inconformidades. “Somos creyentes de que la doctora Corcho va a poder analizar no solamente la percepción de antaño, sino las realidades de lo que está encontrando. La intención que pueda tener de mejora, nosotros como Gestarsalud vamos a estar muy atentos para coadyuvar”, indicó.

El objetivo de las EPS es convencer a Petro de ajustar lo que no funciona y seguir con el modelo actual. Según Acosta, la importancia de estas compañías estaría dentro de su capacidad aseguradora y gestora de riesgos en salud: “Esa gestión, esa contratación de los diferentes niveles de prestadores, desde lo más sencillo que es el nivel primario hasta lo más complejo, acompañar a ese paciente para ir dando los pasos y determinar cuál es la atención que se requiere, es el rol de la EPS”.

Según Torrenegra, la falta de este rol y el regreso al sistema público tendría una repercusión directa en el paciente, pues algunas entidades territoriales no contarían con la “capacidad resolutiva” y la constancia administrativa de las EPS. “El riesgo está en que se alarguen los tiempos de espera para los servicios y que eso no se vaya a poder mejorar. (...) Segundo, un mayor costo del sistema”, advirtió.

En el momento, el panorama en el interior de las EPS es de espera y disposición al diálogo. Cuando Petro vuelva de su viaje a Europa y Corcho responda las solicitudes para una reunión, estas podrán llevar a la mesa su propuesta de cambio, la cual no significa replanteamiento total.

A pesar de contar con virtuales mayorías en el Congreso, Petro no la tendrá fácil con esta reforma a la salud. Ni siquiera aquellos que lo apoyarán se encuentran convencidos y esperan tener más información sobre el tema. Duvalier Sánchez, representante de la Alianza Verde, dijo que su colectividad quiere conocer la propuesta al detalle: “Quisiéramos ver que eso tenga sustento técnico, que pueda haber evidencia en la reforma y que no regresemos a modelos donde acceder al sistema de salud, cuando estaba en manos del Seguro Social, era realmente terrible”.

Esta posición de espera es también la de Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U. Por ahora, ella prefiere no emitir opinión. Del Partido Liberal, el senador Mauricio Gómez optaría por no eliminar el actual modelo. “Yo me quedo con el sistema, pero hay que mejorarlo. Mejorarlo, para mí, es acabar con la intermediación de las EPS”, dijo.

Con el escepticismo del Legislativo, el presidente electo deberá argumentar muy bien su propuesta, la cual ya tiene una feroz oposición.