Las Farc reclutaron a 102 niños y niñas con pertenencia étnica en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, Nariño

En una de las investigaciones más importantes que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz por los hechos acontecidos a lo largo del conflicto armado colombiano, esa Jurisdicción imputó responsabilidades por graves crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de 15 excombatientes de las Farc, cometidos en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño.

Entre los imputados por estos delitos se encuentran el exmiembro del Secretariado de las Farc y hoy senador Pablo Catatumbo, así como el exjefe del Bloque Occidental, Édgar López Gómez, alias Pacho Chino, quien también participó en las negociaciones del Proceso de Paz en La Habana.

Uno de los delitos que les fue imputado fue el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes para la guerra. Particularmente, en estas regiones priorizadas por la JEP en el Caso 02, todos los niños reclutados tenían algún tipo de pertenencia étnica.

La JEP señaló que entre 2001 y 2015 se documentó el reclutamiento y la utilización de 102 niños y niñas con pertenencia étnica. Del total de niños víctimas, 13 eran niñas y 89 eran niños. De ellos, al momento de ser reclutados y utilizados, 36 tenían edades entre los 6 y 14 años, y 49 entre los 15 y los 17 años.

La JEP señaló que las extintas Farc-EP vincularon, mediante la coacción, la seducción y el engaño, a los niños y niñas a las filas de la guerrilla, donde padecieron los horrores de la guerra.

Esta decisión de la JEP se da en el marco del Caso 02, que prioriza la grave situación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan, principalmente, a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTIQ+ de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en el departamento de Nariño.

La JEP señaló que en estos municipios del departamento de Nariño, las Farc exterminaron y persiguieron a las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.

Los imputados como responsables por estos hechos son:

Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo; Édgar López Gómez, conocido como Pacho Chino; Luis Eduardo Carvajal Pérez, alias Rambo; Hedier Espinosa Feria, alias Cachorro; Groelfi Rodríguez Moreno, conocido como Ramiro Cortés; Wilfrido Ávila Fuentes, conocido como Mondanga; Rubiel Torres Mondragón, alias Tachuela; Arlez Porras Gómez, alias Yesid Guevara; Fabio Murcia Camacho, alias Vitamina; Jair Enrique Acosta Cuantindioy, conocido como Javier Guzmán; Ricardo Palomino Ducuara, conocido como Jairo Perdomo; Alberto López Palomino, alias William Santamaría; José Geidin Castro Chillambo, alias el Doctor; Diego Alberto González Castillo, alias el Pollo, y Juan Carlos Caicedo Ramos, conocido como el Gordo.

La JEP también les imputó a los 15 exmiembros de las antiguas Farc responsabilidades por delitos sexuales, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y confinamientos forzados, delitos contra el medioambiente, instalación de minas antipersonal y otros artefactos explosivos.

“Pese a los ataques de los actores armados contra la población civil, el Pueblo Negro Afrocolombiano, los Pueblos Indígenas, las mujeres y niñas, las personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas, las comunidades campesinas y las poblaciones urbanas y rurales han construido, mantenido y fortalecido sus procesos organizativos y comunitarios para resistir y afrontar las dinámicas de la guerra y la violencia ejercida por los grupos armados, que acentuaron la discriminación económica, social, patriarcal y colonizadora que se mantiene desde la invasión de sus territorios y que amenaza su pervivencia física, cultural y espiritual”, recalcó la JEP.

Durante la rueda de prensa que dieron los magistrados de la JEP para anunciar esta importante decisión, el presidente de la Jurisdicción, el magistrado Roberto Vidal, señaló que se trata de “la investigación más grande que ha realizado la JEP hasta ahora”.

Los imputados por la JEP tendrán ahora 30 días para responder a esta imputación, manifestando si están o no de acuerdo con la misma. El objetivo es que reconozcan su responsabilidad y contribuyan a reparar a las víctimas de este tipo de hechos.