CONFLICTO
La Macarena y la influencia de las FARC
Según un reportaje de AFP, el grupo insurgente sigue poniendo las reglas en esa población, donde acostumbra a extorsionar a la población mediante el cobro de ‘impuestos’ o vacunas.
La Macarena se paraliza los miércoles por el descanso semanal instaurado hace unos 15 años por la guerrilla de las FARC, cuando controlaba esa zona de Meta, porque el domingo el mercado tiene a todos demasiado ajetreados.
Los domingos, dicen los que viven allí, todavía se ven milicianos pasar en moto con el revólver bajo el poncho. "Vienen a hacer inteligencia, a mirar", dice a la AFP Arsemiro Carmona, un campesino de 60 años que trató siempre de pasar inadvertido entre los cultivos de su finca.
En armas contra el Estado desde 1964, las FARC han impuesto su ley no sólo en campamentos perdidos en la selva, sino también en pueblos remotos, donde la presencia del Estado es débil. "A quien robaba, le ponían un cartel adelante y otro atrás que ponía: ‘Me llevan por ladrón‘", cuenta Carmona.
Entre 1998 y el 2002, durante los fallidos diálogos de paz del Caguán con el gobierno de Andrés Pastrana, La Macarena fue uno de los cinco municipios de una zona de distensión del tamaño de Suiza de donde las Fuerzas Militares se replegaron para permitir la concentración de los rebeldes.
Ahora, en la recta final de un proceso de paz en La Habana, las FARC siguen presentes en esa población.
"Nosotros pagamos ‘vacuna‘ todos los años (a la guerrilla). Ahorita incluso se volvieron diplomáticos: cobran por estratos", asegura un campesino que no quiere dar su nombre por temor a represalias, en alusión a las tarifas diferenciadas de servicios públicos que rigen en Colombia según el nivel socioeconómico.
Los vecinos dicen que les llega una "boletica" al año y una dirección para llevar el dinero. Los montos son conocidos por todos y varían en función del tipo de negocio. Para las transacciones inmobiliarias oscila alrededor del 5 %.
La Macarena, con 32.000 habitantes, tiene unas 6.000 fincas agrícolas, la mayoría sin título de propiedad, cuenta el alcalde Ismael Medellín. "El Estado tendría que regularizar los predios. Esto generaría un respaldo económico local, porque ahora se recauda muy poco", asegura.
"No tenemos el apoyo que se requiere", dijo.
