Las cabezas que hizo rodar la Procuraduría cuando tenía dientes afilados

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Gustavo Petro generó una serie de discusiones sobre los alcances que tienen los entes de control y sobre los derechos fundamentales como el de elegir y ser elegido. 

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ya ha dicho que estudia el alcance del fallo en este sentido junto a la Procuraduría y la Contraloría. Según ha comentado su director Camilo Gómez, Colombia tiene una interpretación avalada por la Corte Constitucional sobre las capacidades de la Procuraduría y mencionó que aún no hay claridad si el fallo de Petro tiene efectos retroactivos.

Pero la sentencia de la CIDH implica obligación para el Estado colombiano y es categórica en ordenar que en un tiempo prudencial Colombia ajuste su legislación interna para impedir la existencia y aplicación de las normas del Código Disciplinario que facultaron a la Procuraduría "a imponer dichas sanciones a funcionarios públicos democráticamente elegidos, como fue el caso del señor Petro".El propio procurador Fernando Carrillo acusó recibido al trinar: si hay que ajustar las normas disciplinarias se hará, pero no para claudicar en la lucha contra la corrupción ni favorecer la impunidad.

Todo indica que quedaron atrás los días en los que el Ministerio Público tenía dientes para tumbar alcaldes, gobernadores, miembros del Congreso y demás funcionarios electos por voto popular. Al mirar hacia atrás hay toda una colección de personalidades cuya carrera política se truncó o enredó por cuenta de los poderes que ahora pierde la Procuraduría y la Contraloría.     

Piedad Córdoba

Una de las que más se ha visto implicada en estos casos es Piedad Córdoba quien fue sancionada dos veces por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez cuando fungía como senadora.

En 2010 el ente de control determinó que debía ser destituida del cargo e inhabilitada en su actividad política por 18 años por una supuesta relación con la Farcpolítica por información encontrada en los computadores de Raúl Reyes. 

La excongresista argumentó una persecución política y no había sido juzgada por la Corte Suprema de Justicia. En 2016, el Consejo de Estado falló a su favor y anuló la inhabilidad y la sanción impuestas. El Alto Tribunal determinó que el Estado colombiano debería pagarle a la exsenadora los salarios que dejó de recibir durante este tiempo, que se calcula fueron más de mil millones de pesos.

En 2011, Córdoba fue investigada de nuevo por el organismo de control. En esa ocasión se le acusaba de haber entregado 25 millones de pesos al candidato a la Cámara Ricardo Montenegro. La sentencia por este caso fueron 14 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, pero en 2014 el Consejo de Estado de nuevo le volvió a dar la razón declarando nula la sanción y argumentando que “no existían pruebas que demostraran una violación a la ley disciplinaria”.

Córdoba decidió retirarse de la política luego de aspirar a la presidencia en 2018 y después de enfermarse y de recibir un espaldarazo de los sectores de izquierda. A pesar de que el Alto Tribunal falló en su favor para ejercer de nuevo su labor públca, dijo que al Congreso no volvería.

Gustavo Petro

El actual senador de la Colombia Humana y excandidato presidencial fue destituido por la Procuraduría cuando ejercía como alcalde mayor de Bogotá. Este caso de Petro contra Ordóñez ha sido uno de los más sonados y polémicos no solo por el fallo que acaba de emitir la Corte Interamericana, sino por las diferentes pujas que hubo durante todo el proceso.

En su momento, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó durante 15 años, un año después de haber llegado al cargo. En principio la decisión se dio por el manejo de la recolección de basuras en la ciudad. La reacción de Petro fue salir a su balcón en el Palacio Liévano para dar un discurso a sus seguidores en la Plaza de Bolívar, en el que señaló que todo era una persecución política de su adversario, el entonces procurador Alejandro Ordóñez.

Desde ese momento, el debate sobre el alcance de que los entes de control tomen decisiones que afecten la voluntad popular. En 2014 el Tribunal Superior de Bogotá falló en favor de Petro por una tutela y pudo retornar a terminar su periodo como alcalde. Después el Consejo de Estado se pronunció en el mismo senteido. Y ahora la CIDH confirma su posición en favor de Petro. El exprocurador Ordóñez terminó derrotado y esta vez lo que se pide es que sea su cabeza la que ruede, son múltiples las voces que solcitan la renuncia de este al cargo que desempeña en Washington ante la OEA.  

Samuel Moreno

Otro de los casos más sonados fue el de Samuel Moreno quien también se desempeñaba como alcalde de Bogotá y está condenado actualmente por el carrusel de la contratación junto a su hermano el exsenador Iván Moreno y los empresarios Nule.

En 2011 la Procuraduría también a cargo de Alejandro Ordóñez impuso una suspensión e inhabilidad por 12 meses inicialmente, pero en 2015 decidió destituir e inhabilitarlo por 18 años por los actos de corrupción que se comprobaron. Por efecto dominó se anticipa que Moreno abrazará la sentencia de la CIDH a favor de Petro para tratar de revesar la decisión en su contra. 

Rodolfo Hernández

Uno de los casos más recientes y también de los más sonados es el del polémico exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien se ha caracterizado por su irreverencia y sus discusiones subidas de tono.

La Procuraduría, esta vez a cargo de Fernando Carrillo, decidió suspender por cinco meses a Hernández por insultar a unos ciudadanos que protestaban por la tala de unos árboles en un parque. Hernández los increpó con palabras soeces diciéndoles que estaban al servicio de la politiquería.

El ente de control lo suspendió por este hecho pero Hernández también es recordado por otro episodio en el abofeteó a un concejal. El político bumangués ha manifestado su anhelo de llegar a la presidencia.

Andrés Felipe Arias

El exministro de Agricultura del gobierno de Uribe también fue destituido e inhabilitado por 16 años por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez por irregularidades en el programa de Agro Ingreso Seguro, por el cual está condenado actualmente. 

Arias no ha apelado la sanción disciplinaria porque su defensa se ha concentrado en el plano penal. Lleva años insistiendo que se le otorgue la doble instancia pues el veredicto en su cotra –16 años de cárcel– fue proferido por la Sala Penal y esa decisión no ha sido revisada por otro juez. Para tratar de auxiliar al exministro el uribismo ha agitado el debate sobre la necesidad de que la doble instancia para aforados sea retroactiva. Arias ya pagó una parte de la condena en una prisión de Estados Unidos y ahora se encuentra recluido en la Escuela de Caballería a la espera de qué ocurre con la revisión de su caso. 

Alonso Salazar

Otro de los que le ganó el pulso en su momento al procurador Alejandro Ordóñez fue el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien había sido destituido e inhabilitado por 12 años por supuesta indebida participación en campaña y por entregarle información privilegiada a un medio de comunicación que comprometía al entonces candidato Luis Pérez Gutiérrez.

El Consejo de Estado falló a favor de Salazar y en ese momento se interpretó como la primera vez que esta Alta Corte dejaba al descubierto los excesos del procurador Alejandro Ordóñez, aunque ya había presentado disputas con la Corte Constitucional.

Federico Gutiérrez

El exalcalde de Medellín también estuvo involucrado en un proceso con la Procuraduría pero no llegó a ser inhabilitado. El ente de control determinó, al final de su mandato el año pasado que él y funcionarios de su administración estarían haciendo proselitismo a favor del candidato Santiago Gómez Barrera, quien en su publicidad presentaba que era el sucesor de Federico.

La Procuraduría llegó a etapa probatoria y finalmente el exalcalde de la capital de Antioquia terminó su mandado sin mayores contratiempos. Gutiérrez es otro de los que ha sonado para una eventual candidatura para las presidenciales de 2022.

Jesús Santrich

Por dar continuidad a la lucha armada de las Farc la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al entonces representante a la Cámara, Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich‘. Este también ha sido uno de los casos más emblemáticos pero que menos alcance ha tenido ya que se emitió hace unos meses tiempo después de que el guerrillero evadió la justicia.

Lo que ha trascendido, luego de un video en el que apareciera con Iván Márquez, es que Santrich se encuentra en Venezuela y desde allí han fortalecido una parte de las disidencias de la guerrilla. La decisión del ente de control se tomó diez días después de que Santrich volviera a las armas.

Santrich también vivió una novela judicial ya que se le estaba relacionando con hechos de narcotráfico en Estados Unidos. Fue capturado en Bogotá el 9 de abril de 2018, pero tras varios debates entre la Fiscalía y la JEP, quedó en libertad en mayo de 2019, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Gustavo Petro entrega detalles de la condena de la CIDH contra Colombia | Semana Noticias