“Las fotomultas caducan a los seis meses”

Si a una persona le llega a su casa un documento del tránsito con la foto de su carro y en el cual dice que cometió una infracción, no quiere decir que tiene que salir corriendo a pagar una multa. Según explicó el secretario de Movilidad de Medellín, Omar Hoyos, las fotomultas caducan a los seis meses. Esa, de acuerdo con su versión, es la explicación por la cual desaparecieron 140.000 comparendos del sistema del tránsito en Medellín entre el 2011 y el 2012.

En efecto, el Código Nacional de Tránsito, en su artículo 161, establece que las contravenciones a las normas de tránsito caducan a los seis meses. En este tiempo, los funcionarios del tránsito deben identificar al infractor. Pero si pasado este período no lo hacen y el infractor no se notifica voluntariamente, es obligación eliminarla del sistema.

Sin embargo, en la Secretaría de Movilidad de Medellín no han podido dar cuenta de cómo eliminaron al menos uno de aquellos 140.000 comparendos. En cambio, lo que sí se conoce hasta ahora es que la Fiscalía, con investigaciones de la Sijín, capturó recientemente a 13 personas dedicadas a acceder abusivamente al sistema del tránsito. Lo hacían para modificar información, hacer registros fraudulentos, tramitar licencias sin requisitos, cargar exámenes médicos falsos, revisiones tecnomecánicas apócrifas y borrar multas.

En centenares de horas de grabaciones de llamadas interceptadas queda en evidencia cada uno de estos delitos. A veces se entiende que hay tolerancia por parte de funcionarios del tránsito y el mismo secretario Hoyos lo reconoció.

En el caso de las multas, por ejemplo, hay una llamada del 20 de junio del 2012 a las 12:06 de la tarde en la que uno de los que accedían al sistema habla sobre el pago de impuestos y multas al 60 por ciento. En otra conversación del 2 de agosto del 2012, una mujer que accedía al sistema negociaba con un cliente el cobro por borrar multas. En fin, los casos son innegables.

Fuera de eso, la Contraloría de Medellín recientemente encontró que el sistema del tránsito es vulnerable y que es una realidad que se estén borrando los comparendos.

En el caso de Medellín, lo más grave es que las multas son un negocio que maneja una empresa privada. Sus metas comerciales dependen del dinero que recaude el Tránsito por el cobro de multas. Si no reciben el dinero proyectado, le toca al municipio pagar lo que falta con la plata de los impuestos.

Es decir, independientemente de si las multas desaparecen del sistema porque caducaron o porque las borraron ilegalmente, hay que reconocerle la plata al concesionario. Así está diseñado el negocio.